Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la condena de cinco integrantes de una red criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito y al lavado de dinero, un esquema que generó millones de dólares en transacciones fraudulentas y que operó durante más de un año en el sur de Florida.
Entre los implicados se encuentran ciudadanos cubanos, lo que ha despertado interés dentro de la comunidad del sur del estado, donde en los últimos años las autoridades han intensificado las investigaciones contra organizaciones dedicadas al fraude financiero, el robo de identidad y las estafas electrónicas.
El caso fue procesado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida tras una investigación coordinada por agencias federales que logró desmantelar la red criminal y llevar a sus responsables ante la justicia.
Un esquema de fraude que superó los 3,5 millones de dólares
De acuerdo con documentos judiciales, la organización logró procesar más de 3,5 millones de dólares en cargos fraudulentos utilizando tarjetas de crédito robadas o números de tarjetas obtenidos en mercados ilegales de información financiera.
Las autoridades federales explicaron que el esquema funcionaba mediante transacciones simuladas a través de sistemas de pago electrónicos, lo que permitía introducir dinero obtenido de manera ilícita dentro del sistema financiero formal. El fraude se desarrolló entre febrero de 2023 y junio de 2024, periodo durante el cual los acusados realizaron numerosas operaciones fraudulentas que generaron pérdidas para instituciones financieras y titulares de tarjetas.
Según los investigadores, el grupo utilizó una estructura organizada para procesar pagos, retirar dinero rápidamente y mover los fondos entre diferentes cuentas con el objetivo de evitar la detección por parte de bancos y procesadores de pago. Este tipo de fraude se ha vuelto cada vez más frecuente debido al acceso a bases de datos robadas que contienen millones de números de tarjetas de crédito, los cuales son vendidos en foros clandestinos de internet.
Las condenas contra los miembros de la red
Los cinco integrantes del grupo se declararon culpables de cargos relacionados con el lavado de dinero, lo que derivó en sentencias de prisión federal. Entre los condenados se encuentra Willan Pupo, ciudadano cubano de 38 años, considerado uno de los principales responsables del esquema y quien recibió la pena más severa del caso: 11 años de prisión.
Joel Castillo, de 39 años, fue condenado a cuatro años y diez meses de cárcel, mientras que William Castillo, de 42 años, recibió una sentencia de cuatro años y siete meses. Por su parte, Miriam Pupo, ciudadana cubana de 36 años, fue sentenciada a tres años y un mes de prisión, y Jessica Forpomes, de 40 años, recibió una condena de tres años de cárcel.
Los fiscales indicaron que las penas reflejan el grado de participación de cada acusado dentro de la red criminal, así como el impacto económico generado por el fraude.
Cómo operaba el fraude con tarjetas
La investigación reveló que la red criminal utilizaba terminales de punto de venta asociadas a negocios reales o ficticios para procesar transacciones fraudulentas. Este método permitía simular compras legítimas, haciendo parecer que los pagos correspondían a operaciones comerciales normales.
Para ejecutar el fraude, los acusados obtenían números de tarjetas de crédito mediante diferentes mecanismos, incluyendo la compra de datos de tarjetas en mercados clandestinos de internet, el uso de tarjetas robadas enviadas por correo a sus propietarios y el acceso a información financiera obtenida ilegalmente a través de bases de datos filtradas.
Una vez que contaban con los datos bancarios, los implicados realizaban transacciones falsas que posteriormente convertían en dinero real utilizando cuentas bancarias o negocios vinculados al esquema. Este tipo de fraude, conocido como fraude de procesamiento de pagos, ha aumentado significativamente en Estados Unidos durante los últimos años.
Uso de información personal robada para ampliar el fraude
Las autoridades también descubrieron que algunos integrantes de la red accedieron a bases de datos con información personal sensible, incluyendo nombres completos, direcciones y números de seguro social. Con estos datos, los delincuentes podían activar tarjetas robadas o asociarlas a identidades falsas, lo que les permitía ampliar el alcance del fraude y ejecutar más transacciones sin levantar sospechas inmediatas.
El robo de identidad es uno de los delitos más vinculados a este tipo de esquemas financieros, ya que permite a los criminales operar dentro del sistema bancario utilizando identidades reales o parcialmente falsificadas.
Lavado de dinero para ocultar el origen ilícito
Después de procesar las transacciones fraudulentas, los integrantes de la red procedían a retirar rápidamente los fondos o transferirlos entre diferentes cuentas con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero. Este proceso, conocido como lavado de dinero, es una etapa clave dentro de los esquemas de fraude financiero.
A través de transferencias rápidas, múltiples cuentas bancarias y empresas ficticias, los implicados buscaban dificultar el rastreo de los fondos por parte de las autoridades. Los investigadores indicaron que el grupo actuaba con rapidez para retirar el dinero antes de que los bancos detectaran los cargos fraudulentos y bloquearan las cuentas involucradas.
Fraude adicional con préstamos federales
La investigación federal también reveló que dos de los acusados participaron en un segundo esquema fraudulento relacionado con préstamos federales destinados a ayudar a empresas afectadas por crisis económicas. Según los fiscales, los implicados utilizaron empresas ficticias o información falsa para solicitar préstamos federales, logrando obtener más de 650.000 dólares.
Este tipo de fraude ha sido una de las prioridades para las autoridades estadounidenses en los últimos años, especialmente después de que varios programas de ayuda económica se utilizaran de manera indebida mediante solicitudes fraudulentas.
El comunicado señaló además que, como parte del proceso de restitución por los fondos sustraídos, Joel y William Castillo han desembolsado hasta ahora más de 800,000 dólares.
Redada federal y arrestos en Broward
La investigación culminó con una serie de arrestos en julio de 2024, cuando agentes federales realizaron una redada en una vivienda ubicada en Pembroke Pines, en el condado de Broward, en el sur de Florida. Durante el operativo, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos, documentos financieros y otros elementos clave que posteriormente se utilizaron como evidencia en el proceso judicial.
El caso contó con la participación del Servicio Secreto de Estados Unidos, una agencia que además de proteger a altos funcionarios del gobierno también tiene la responsabilidad de investigar delitos financieros complejos y fraude electrónico.
Advertencia de las autoridades federales
Tras el anuncio de las condenas, las autoridades federales reiteraron que los delitos financieros organizados representan una amenaza significativa para el sistema económico y para los consumidores. El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirmó que su oficina continuará trabajando con agencias federales para identificar, investigar y desmantelar redes criminales dedicadas al fraude electrónico, el robo de identidad y el lavado de dinero.
Asimismo, aseguró que quienes participen en este tipo de esquemas enfrentan graves consecuencias legales, incluyendo largas condenas de prisión y sanciones económicas. Las autoridades también recordaron que la cooperación entre agencias federales, instituciones financieras y empresas de tecnología es fundamental para detectar y prevenir este tipo de delitos que cada año generan pérdidas multimillonarias en Estados Unidos.
