Desde que arrancó el proceso de «ordenamiento monetario» el pasado 1 de enero, el régimen cubano ha retirado más de 600 licencias a trabajadores privados en toda Cuba por subir los precios que topó el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), informa Diario de Cuba.
De igual modo han decomisado unos 750 productos, indicó el periódico oficialista Granma.
En el mismo orden, más de 52.500 inspecciones al comercio minorista se han llevado a cabo para controlar los precios, tanto en comercios estatales como en privados, en un 47% de los últimos, han impuesto 33.910 medidas por alterar los precios estipulados.
«Prácticamente un 65% de los incumplimientos está enmarcado en mercados agropecuarios y en la comercialización de diferentes productos de esa naturaleza, así como en servicios gastronómicos» en una primera fase, subrayó el órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Al tiempo que 87 personas que ejercían el trabajo por cuenta propia en Villa Clara y Guantánamo fueron despojadas de sus licencias para operar, mientras unas 150 fueron forzadas a vender con los precios topados, precisaron Irait Trujillo Álvarez y Joel Márquez Castillo, directores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en dichas provincias.
También en esas localidades se reportan decenas de decomisos, y la separación de más de 110 administrativos de sus cargos.
Mientras a 463 establecimientos estatales de Comercio y Gastronomía les han impuesto más de 400 medidas disciplinarias, por cuestiones como acometer actos de favoritismo, ocultamiento de mercancías, y usar instrumentos de medición no aptos para la venta.
Los funcionarios han declarado además que han sido los cuentapropistas que fungen como carretilleros, trabajadores del agro, transportistas o quienes ofrecen servicios gastronómicos, los principales agentes de violaciones en los precios y engaño al consumidor.
