
La administración del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente de presión contra el régimen cubano al sancionar a nueve entidades estatales vinculadas con sectores estratégicos de la economía y a tres altos dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Las medidas, anunciadas este jueves 20 de agosto por los departamentos del Tesoro y de Estado, coinciden con un aumento de los controles sobre ciudadanos estadounidenses que regresan de Cuba, especialmente después de participar en actividades organizadas o respaldadas por instituciones del Gobierno de la isla.
La nueva ofensiva apunta a empresas dedicadas a la minería, los metales, las importaciones, el transporte pesado, la construcción y la contratación de trabajadores cubanos para entidades extranjeras.
Estas son las nueve entidades cubanas sancionadas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incorporó a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas a las siguientes entidades:
- Acinox Comercial
- Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC)
- Corporación de Abastecimiento al Turismo (CORATUR)
- Empresa Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y sus Piezas (TRANSIMPORT)
- Empresa Comercializadora de Artículos en General (CONSUMIMPORT)
- Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara
- Empresa Importadora, Exportadora y Comercializadora de Metales (METALCUBA)
- Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL)
- Ministerio de la Construcción de Cuba (MICONS)
De acuerdo con los registros oficiales, ocho son empresas estatales y la novena entidad es el Ministerio de la Construcción. La designación implica, en términos generales, el bloqueo de cualquier propiedad o interés que tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas y compañías de Estados Unidos realizar transacciones con ellas, salvo que exista una autorización de OFAC. La actualización completa aparece en la lista oficial publicada por el Departamento del Tesoro.
La medida también puede aumentar el riesgo para compañías extranjeras, bancos y socios comerciales que faciliten operaciones consideradas significativas con entidades sancionadas.
Estados Unidos sanciona a tres dirigentes del ICAP
Washington también designó a tres integrantes de la cúpula del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos:
- Fernando González Llort, presidente del ICAP
- Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta
- Leima Martínez Freire, directora para América del Norte
González Llort fue uno de los cinco agentes cubanos arrestados en Estados Unidos en 1998 y regresó a Cuba en 2014 tras ser liberado como parte del acercamiento diplomático ocurrido durante el Gobierno de Barack Obama.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al ICAP de patrocinar una amplia red de influencia destinada a identificar, captar y radicalizar a ciudadanos estadounidenses.
Rubio afirmó que el Gobierno cubano habría utilizado las actividades por el centenario del nacimiento de Fidel Castro para trasladar a La Habana a simpatizantes internacionales y ponerlos en contacto con funcionarios del régimen.
Las afirmaciones forman parte de la posición oficial de la administración Trump. El Gobierno cubano sostiene habitualmente que sus programas de solidaridad buscan promover intercambios entre los pueblos y acusa a Washington de criminalizar las relaciones con la isla.
Detienen a estadounidenses que regresaban de Cuba
Las sanciones se anunciaron pocos días después de una operación desarrollada en el Aeropuerto Internacional de Miami contra varios ciudadanos estadounidenses que regresaban de Cuba tras asistir a actividades relacionadas con el centenario de Fidel Castro.
Funcionarios citados bajo condición de anonimato aseguraron que algunos viajeros fueron enviados a inspecciones secundarias y que las autoridades les retuvieron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos para examinarlos.
Los pasajeros fueron liberados y autorizados a entrar en Estados Unidos, pero podrían enfrentar investigaciones posteriores si las autoridades determinan que realizaron transacciones prohibidas con empresas controladas por el Gobierno cubano, según informó The Associated Press.
Los agentes estadounidenses se habían preparado para inspeccionar a decenas de activistas, aunque finalmente una cantidad menor habría cumplido los criterios establecidos para los interrogatorios adicionales.
¿Qué significa para quienes viajan a Cuba?
La entrada de estas nuevas entidades en la lista de OFAC no representa una prohibición automática de todos los viajes a Cuba, pero sí aumenta la necesidad de cumplir estrictamente las regulaciones estadounidenses.
Los viajes turísticos continúan prohibidos y los desplazamientos deben responder a alguna de las categorías autorizadas. Además, los viajeros deben asegurarse de que sus gastos en alojamiento, transporte, restaurantes, tiendas y otros servicios no involucren a entidades sancionadas o restringidas.
La propia OFAC explica que determinadas actividades relacionadas con Cuba pueden realizarse mediante licencias generales o específicas, siempre que se cumplan todos los requisitos establecidos. El programa oficial de sanciones mantiene las regulaciones, licencias y orientaciones aplicables a Cuba.
Una participación en eventos políticos o culturales no demuestra por sí sola que exista una infracción. Sin embargo, pagos a hoteles, establecimientos comerciales, operadores turísticos u organizaciones vinculadas con el Estado cubano podrían convertirse en objeto de investigación si no están autorizados.
Trump amplía su campaña de presión contra La Habana
La nueva ronda de sanciones forma parte de la estrategia de “máxima presión” adoptada por la administración Trump contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
En mayo de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que amplió la capacidad de Washington para sancionar a compañías, funcionarios e instituciones que operen en sectores estratégicos de Cuba o presten apoyo material al régimen.
Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto penalidades a conglomerados militares, empresas energéticas, compañías relacionadas con el turismo y otras entidades estatales.
La administración también ha presentado al Gobierno cubano como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y lo acusa de promover campañas de influencia y movimientos contrarios a los intereses de Washington.
La Habana rechaza esas acusaciones y asegura que el endurecimiento de las sanciones busca provocar el colapso económico y político del país. Las autoridades cubanas atribuyen al embargo estadounidense buena parte de la escasez, los apagones y la crisis que atraviesa la población.
Con las nuevas designaciones y los controles aplicados en el aeropuerto de Miami, Washington envía una señal de que su ofensiva no se limitará a las grandes empresas que negocian con Cuba. La administración Trump también estaría dispuesta a investigar de manera individual a ciudadanos estadounidenses sospechosos de realizar operaciones prohibidas durante sus visitas a la isla.





