
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a Cuba de “Estado comunista corrupto y fallido” al anunciar un nuevo paquete de sanciones contra ocho entidades estatales y tres militares de la isla vinculados, según Washington, con la explotación del níquel y el desarrollo de capacidades militares.
Rubio presentó la medida como parte de la presión de Estados Unidos contra las estructuras económicas y de seguridad que sostienen al Gobierno cubano. En su declaración, aseguró además que el régimen constituye una amenaza persistente para la seguridad nacional estadounidense al encontrarse a menos de 100 millas de las costas de Florida.
Rubio sostuvo que, mientras la población enfrenta apagones, escasez de alimentos y represión, los dirigentes del régimen concentran los recursos del país para beneficio de una élite y de su aparato de seguridad.
“Estados Unidos continuará exponiendo y sancionando a quienes sostienen este sistema”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense al anunciar las nuevas designaciones.
Ocho entidades estatales incluidas en la lista de sanciones
La actualización publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incorporó a la lista de Nacionales Especialmente Designados, conocida como lista SDN, a cuatro entidades relacionadas con la industria del níquel:
- Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ o CEINNIQ).
- Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL).
- Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica (SERCONI).
- Pinares S.A.
Las cuatro están ubicadas en la provincia de Holguín y aparecen identificadas por Estados Unidos como empresas estatales dedicadas a actividades de apoyo a la minería y las canteras. Washington sostiene que estas estructuras contribuyen a que el Gobierno cubano obtenga beneficios de las reservas minerales de la isla.
El paquete también alcanza a cuatro centros vinculados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con tareas de investigación, desarrollo tecnológico y defensa:
- Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI).
- Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (CID-SIM, ECTSIM o SIMPRO).
- Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV).
- Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire (CIDP-GB o GELCOM).
Según el informe del Departamento de Estado sobre las nuevas sanciones, esas instituciones participan en áreas como el desarrollo y la modernización de armamento de infantería, la investigación naval, los simuladores para entrenamiento militar y la fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones.
Los tres militares cubanos sancionados
Estados Unidos también sancionó a tres oficiales señalados como responsables de dirigir parte de esas estructuras:
- Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, coronel superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y director general de SIMPRO.
- Julio Hurtado Betancourt, coronel superior y director general de CIDAI.
- Dioglis Pedrera Argüello, capitán de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y director general de CIDNAV.
Los nombres de los tres aparecen desde el 17 de septiembre en la lista SDN bajo el programa de sanciones identificado como CUBA-EO14404.
¿Qué implican estas sanciones?
Las designaciones se apoyan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026. La orden presidencial autoriza sanciones contra personas y organizaciones que operen en sectores como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad dentro de la economía cubana.
En términos prácticos, los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos o empresas estadounidenses quedan bloqueados. También se prohíben, salvo autorización o excepción aplicable, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.
La medida puede extender su alcance más allá de Cuba. La explicación oficial de OFAC advierte que la orden permite sancionar a actores extranjeros que proporcionen apoyo al Gobierno cubano y contempla riesgos para instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas en beneficio de personas bloqueadas bajo este programa.
La Orden Ejecutiva 14404 funciona como un programa separado y adicional a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos ya existentes. No sustituye el embargo ni elimina las licencias y autorizaciones vigentes bajo esas regulaciones.
Washington endurece su ofensiva contra La Habana
La nueva acción profundiza la política de presión de la Administración Trump contra sectores estratégicos de la economía cubana y contra organismos relacionados con las fuerzas militares.
Rubio afirmó que Estados Unidos no permanecerá “de brazos cruzados” mientras la élite gobernante obtiene recursos de las actividades mineras y los destina al aparato de seguridad, al tiempo que la población atraviesa una crisis marcada por cortes eléctricos y escasez.
El Gobierno cubano ha rechazado reiteradamente las sanciones estadounidenses y sostiene que agravan las dificultades económicas que enfrenta la población. El canciller Bruno Rodríguez ha acusado anteriormente a Washington de provocar sufrimiento y muertes mediante sus medidas coercitivas. La Habana también niega representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Con estas nuevas designaciones, Washington dirige su atención simultáneamente hacia una fuente de ingresos estratégicos —el níquel— y hacia centros que, según las autoridades estadounidenses, contribuyen a modernizar las capacidades militares cubanas.





