Gobiernos locales y organizaciones públicas de Florida están elevando el tono de sus advertencias contra la propuesta que permitiría a miles de propietarios pagar menos impuestos a la propiedad, colocando en el centro del debate algunos de los escenarios que más preocupación pueden generar entre los residentes: menos policías, problemas para los bomberos, despidos de empleados y reducción de servicios públicos.
Pero detrás de esas advertencias existe un dato fundamental que cambia la perspectiva del debate: los gobiernos locales vienen de años de un extraordinario crecimiento de los ingresos procedentes de los impuestos a la propiedad, impulsado en buena medida por el aumento del valor inmobiliario en Florida.
Florida TaxWatch ha documentado que los property tax levies aumentaron un 108% durante la última década, alcanzando aproximadamente $55,000 millones en 2024. La organización también ha señalado un crecimiento cercano al 40% solamente durante los últimos tres años.
En otras palabras, la discusión no debería limitarse a cuánto dinero dejarían de recibir ciudades y condados si los votantes aprueban la Enmienda 3.
También debería incluir cuánto más están recaudando ahora comparado con apenas unos años atrás y cómo se ha utilizado ese enorme crecimiento de los ingresos.
De presupuestos disparados a advertencias de menos policías
La narrativa que comienza a repetirse es sencilla: si los propietarios pagan menos, los gobiernos tendrán menos dinero y los servicios podrían sufrir.
Sheriffs han advertido sobre problemas para financiar nuevos agentes. Gobiernos municipales han elaborado escenarios que contemplan despidos. También aparecen advertencias sobre parques, bomberos y otros servicios.
Pero entre recaudar menos de lo proyectado y retirar policías de las calles existe una decisión fundamental: dónde decide recortar primero cada gobierno.
El CFO de Florida, Blaise Ingoglia, ha rechazado precisamente la idea de que el alivio fiscal tenga que producirse a costa de policías y bomberos.
“No importa cuándo, si o cómo hablamos de reducciones de property taxes, los gobiernos locales siempre deberían priorizar bomberos, policías y sheriff’s deputies en sus presupuestos”, declaró recientemente.
Su argumento coincide con una de las principales críticas planteadas durante el análisis de Cuba en Miami: reducir el gasto de un gobierno no significa necesariamente reducir policías o bomberos. También puede significar revisar burocracia, administración y otras partidas antes de tocar los servicios esenciales.
Los ingresos por property taxes se han disparado
Este es probablemente el dato que debería ocupar el centro de la discusión.
Florida TaxWatch calcula que los property tax levies aumentaron 108% en una década, un crecimiento considerablemente superior al registrado conjuntamente por la población y la inflación.
El fuerte incremento del valor de las viviendas ha sido particularmente importante.
Incluso cuando una ciudad o condado reduce su millage rate, eso no significa necesariamente que los propietarios paguen menos. Si el valor imponible de las propiedades continúa aumentando, el gobierno puede terminar recaudando más dinero.
Por eso, hablar exclusivamente de los miles de millones que los gobiernos podrían dejar de recaudar bajo la nueva exención ofrece solamente una parte de la historia.
La otra pregunta es:
¿Cuánto más están recaudando hoy que antes del boom inmobiliario?
Durante el live de Cuba en Miami se planteó precisamente que diferentes gobiernos locales han experimentado aumentos presupuestarios muy importantes desde 2020 mientras los propietarios absorbían el incremento de los valores inmobiliarios y de los costos asociados a sus viviendas.
Reducir ingresos futuros no significa regresar a presupuestos mínimos
Esta distinción es fundamental.
Cuando un gobierno asegura que “perderá” millones de dólares por la Enmienda 3, el ciudadano podría interpretar que esa administración quedará con menos recursos que hace varios años.
Pero el punto de partida importa.
Después de años de fuerte crecimiento de las recaudaciones, parte del efecto de la nueva exención sería reducir unos ingresos que ya han experimentado una expansión extraordinaria.
Eso no elimina el impacto fiscal de la propuesta.
Los gobiernos efectivamente recaudarían menos de lo que obtendrían sin la reforma.
Pero es muy diferente decir:
“Vamos a recaudar menos de lo proyectado bajo el sistema actual”
que transmitir al ciudadano:
“No tendremos dinero para policías y bomberos.”
¿Dónde está la mejoría equivalente en los servicios?
También existe una pregunta incómoda para las administraciones locales.
Si la recaudación ha aumentado tan considerablemente, ¿han mejorado los servicios públicos en una proporción comparable?
¿Hay sustancialmente más policías?
¿Las calles están mucho mejor?
¿Los permisos gubernamentales son más rápidos?
¿Existe menos burocracia?
¿Los residentes reciben servicios considerablemente superiores a los de 2020?
Durante el programa de Cuba en Miami se planteó precisamente esa contradicción: los presupuestos y la recaudación han crecido, pero para muchos residentes no resulta evidente una mejoría de servicios proporcional al aumento del dinero que aportan los contribuyentes.
Antes de advertir que una reducción fiscal obligará a retirar servicios esenciales, los gobiernos locales deberían explicar qué hicieron con el incremento extraordinario de ingresos recibido durante los últimos años.
El propietario lleva años absorbiendo los aumentos
Mientras los gobiernos locales defienden sus presupuestos, existe otro presupuesto que también importa: el de la familia propietaria de la vivienda.
El propietario de Florida no solamente ha tenido que enfrentar property taxes.
Los seguros han aumentado.
Las asociaciones de condominios han aumentado sus cuotas en numerosos edificios.
El mantenimiento cuesta más.
Las hipotecas para compradores recientes son considerablemente más costosas debido a las tasas de interés.
Y el precio de las viviendas se disparó.
Durante el live se señaló que la combinación de seguros, asociaciones, mantenimiento e impuestos está convirtiendo el costo de conservar una vivienda en Florida en una carga cada vez más difícil para muchas familias.
Después de años en los que los propietarios han tenido que ajustar sus propios presupuestos para absorber esos incrementos, resulta legítimo preguntar por qué los gobiernos locales no podrían verse obligados ahora a hacer algo similar.
La propuesta no elimina todos los impuestos a la propiedad
La Enmienda 3 tampoco significa que los propietarios dejarían simplemente de pagar property taxes.
La propuesta elevaría progresivamente la exención Homestead para impuestos no escolares, alcanzando los $250,000 en 2028. El texto revisado de la propuesta mantiene ese elemento central.
Los impuestos destinados a las escuelas quedan fuera de esa nueva exención.
Durante el análisis de Cuba en Miami se destacó precisamente que los propietarios continuarían pagando impuestos y que el componente escolar permanecería.
Por tanto, estamos hablando de una reducción de la carga, no de hacer desaparecer toda la recaudación local.
El miedo a perder policías se convierte en una poderosa herramienta
Hay pocas advertencias con mayor capacidad para cambiar el voto de una persona que decirle que su comunidad podría tener menos policías o bomberos.
Por eso resulta particularmente importante exigir precisión cuando se utilizan esos servicios dentro de la campaña.
Los sheriffs pueden legítimamente defender sus presupuestos.
Las ciudades pueden legítimamente explicar cuánto dinero estiman que dejarán de recaudar.
Pero deberían demostrar por qué una reducción tendría que comenzar necesariamente por seguridad pública y no por otras partidas.
La seguridad beneficia además a todos los residentes, propietarios e inquilinos, algo que también se planteó durante el live.
Utilizar policías y bomberos como primera advertencia puede terminar convirtiendo una discusión presupuestaria en una decisión basada en miedo.
Florida ya anticipa una batalla de “scare tactics”
La acusación de que aparecerían tácticas de miedo tampoco procede únicamente de comentaristas favorables a reducir impuestos.
Ingoglia advirtió desde junio que los votantes escucharían lo que calificó como “scare tactics and misinformation” durante la batalla por los property taxes.
Ahora, a medida que se acerca noviembre, las advertencias sobre first responders, empleados públicos y servicios comienzan a ocupar cada vez más espacio en el debate.
Los gobiernos tienen derecho a explicar las consecuencias de una reforma que afectará sus ingresos.
Pero los contribuyentes también tienen derecho a exigir el contexto completo.
No solamente:
“¿Cuánto perderá el gobierno?”
También:
“¿Cuánto aumentó su recaudación desde 2020?”
“¿Cuánto creció su presupuesto?”
“¿Qué mejoría recibió el contribuyente a cambio?”
“¿Qué gastos pueden reducirse antes de tocar policía y bomberos?”
Los gobiernos tendrán que justificar sus presupuestos
La verdadera batalla de aquí a noviembre podría terminar siendo mucho más profunda que una discusión sobre una exención de $250,000.
Durante años, el aumento del valor inmobiliario permitió que los gobiernos locales se beneficiaran de una base fiscal cada vez mayor.
Ahora los propietarios podrían utilizar las urnas para poner un límite a una parte de esa carga.
Y ante las advertencias de consecuencias graves, ciudades y condados tendrán que responder una pregunta fundamental:
si pudieron aumentar enormemente sus ingresos durante el boom inmobiliario, por qué una reducción parcial obliga ahora a hablar inmediatamente de policías, bomberos y servicios esenciales en lugar de reducir primero el crecimiento del propio gobierno.
Los propietarios llevan años haciendo ajustes para pagar seguros, asociaciones, hipotecas e impuestos cada vez más elevados.
En noviembre podrían decidir que llegó el momento de que los gobiernos locales también ajusten sus cuentas.
