Entre 15 y ochos años de privación de libertad para acusadas de falsificar documentos para emigrantes internos en La Habana

Dos de las sobrevivientes que encabeza la “Red del Cerro”, un grupo que falsificaba documentos para emigrantes internos en La Habana, enfrentan una pena de 15 y ocho años de cárcel, por los delitos de “falsificación de documentos públicos” y “cohecho”, recoge Diario de Cuba.

Niuvis Marily García técnico de Ordenamiento Territorial e implicada en la red, se suicidó en noviembre de 2016, y confirmó las sospechas.

Con anterioridad le habían notificado una revisión del papeleo legal que manejaba, especialmente los modelos de Resolución por el Decreto 217/97, relacionados con expedientes de migración interna en la Isla.

Luego de la muerte de Niuvis Marily, la abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, Sonia Milagro Barban fue arrestada por agentes de la Policía y apartada de su cargo.

Tiempo después terminó siendo acusada de liderar en una red de falsificación de documentos, la amiga de Barban, Iluminada Machado, ex empleada del Consejo de Administración Provincial de la capital, “tuvo acceso a los modelos de Resolución por el Decreto 217/97 y preparaba los expedientes” en 2013, de acuerdo al informe final elaborado por la Fiscalía General de la República.

El documento indica que ese año, Machado y Barban se unieron “con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, y aprovechando Barban las facultades que le brindaba el cargo en que se desempeñaba”.

No obstante, unas cinco acusadas más entre oficinistas y ciudadanos podrían enfrentar condenas de hasta tres años de privación de libertad, por sacar provecho económico de falsificación de documentos.

El Tribunal Provincial Popular de La Habana ante el que tuvieron que comparecer este martes los acusados, los ha inhabilitado de ejercer profesionalmente como empleados administrativos en los adelante.

Datos de la Fiscalía arrojan que la red estuvo funcionando entre 2013 y 2016, falsificaban expedientes migratorios de personas de provincias hacia La Habana, y como epicentro estaba operando la oficina de Vivienda del municipio Cerro, según actas oficiales.

Dicha oficina efectuó cambios de dirección de Guantánamo, Granma, Camagüey, Artemisa e Isla de la Juventud a municipios como Guanabacoa y La Habana Vieja.

Este miércoles tendrá lugar un juicio oral en la Sala Segunda de lo Penal, donde asistirán más de 20 presuntos implicados, entre proveedores, y solicitantes.

A cambio de dinero, se falsificaban documentos en impresoras domésticas, “sin los relieves o tintas específicas que necesitaban los cuños u otras marcas, indica el expediente del caso”, de acuerdo a Diario de Cuba.

La red llegó a tramitar como mínimo, una veintena de cambios de dirección falsos, según el peritaje criminalístico.

Los solicitantes de provincia, en su mayoría jóvenes pagaban entre 40 y 150 dólares para residir permanentemente en La Habana, o cambiaban su dirección para conseguir un empleo estatal.

Bajo condición de anonimato, una joven egresada de una carrera de humanidades habló: “pagué lo que pedían porque cuando me gradué de la universidad quería quedarme acá, donde hay mejores oportunidades de trabajo dentro de la especialidad que estudié y hasta un buen lugar me había pedido para cumplir los dos años de Servicio Social. Volver a mi provincia hubiera significado estancarme profesionalmente”.

“Estaba entre la espada y la pared. Si existieran iguales posibilidades laborales en otros sitios del país las cosas serían distintas, pero esta centralización de la vida financiera, cultural y económica en la capital es propio del subdesarrollo nacional”, añadió.

(Con información de Diario de Cuba)