
Una cubana que ingresó a Estados Unidos en 2021 con un formulario I-220A contó que su audiencia migratoria del 22 de septiembre de 2026 fue aplazada antes de que pudiera presentar su caso ante el juez Michael J. Gross. Había llegado cerca de las 9:30 de la mañana para una cita fijada a la 1:00 de la tarde. Tras esperar, pasar los controles y reunirse con su abogado, supo que el tribunal no podría escucharla ese día.
Según explicó en un video, el juez estaba ocupado en otra audiencia que tomaría más tiempo del previsto. Su cita quedó para enero, aunque no indicó el día exacto ni mostró la nueva notificación. En la comparecencia del 22 de septiembre no recibió una orden de deportación, de acuerdo con lo que ella misma relató.
Una corte adelantada desde 2030
La mujer dijo que recibió el I-220A al entrar al país en 2021. Posteriormente buscó ayuda para solicitar asilo, pero sostiene que la persona que preparó su primera solicitud no la presentó en el plazo correspondiente y que ese trámite terminó cerrado administrativamente. El estado preciso de aquel expediente no puede confirmarse solo con el video.
Después contrató a su abogado actual. En su relato mencionó una solicitud que identificó como withholding of removal. Esa protección, si se concede, impide la expulsión al país frente al cual se acreditó el riesgo, aunque puede permitir la remoción a un tercer país. El testimonio no aclara si ya le fue concedida o si continúa pendiente.
Según contó, otro juez le había indicado que en su siguiente audiencia tendría que presentar las pruebas y exponer su caso. Aquella cita se programó inicialmente para 2030, pero este año fue adelantada al 22 de septiembre de 2026.

La advertencia que recibió antes de entrar
La cubana relató que, poco antes de la audiencia, su abogado la apartó para explicarle posibles escenarios adversos, incluida una orden de deportación. También hablaron de solicitar una salida voluntaria y de una eventual apelación. Era una conversación sobre lo que podría suceder, no una resolución anunciada por el juez.
La salida voluntaria exige cumplir requisitos y obtener la aprobación del tribunal; sus condiciones dependen de la etapa en que se solicite. Por ello, las opciones para esta mujer no pueden determinarse sin revisar su expediente.
Cuando llegó el momento de entrar, su abogado recibió el aviso de que la audiencia no se celebraría debido a la duración de otro caso. Según el testimonio, el juez no escuchó sus argumentos ni decidió su solicitud ese día.
Qué se sabe del juez Michael J. Gross
El Departamento de Justicia confirma que Gross comenzó a conocer casos como juez de inmigración en Miami en mayo de 2026. Entre 2019 y mayo de 2026 trabajó como abogado de la oficina jurídica de ICE en Miami y Pompano Beach.
La mujer lo describió como estricto y expresó temor por el resultado de su caso. Esa es su apreciación personal: el aplazamiento no permite anticipar qué decidirá el juez en enero.
Qué sigue ahora
La próxima fecha deberá confirmarse en la notificación oficial del tribunal. La propia EOIR señala que sus documentos y los de la Junta de Apelaciones son la referencia oficial sobre un caso migratorio. Si más adelante hubiera una decisión desfavorable y se conservara el derecho a apelar, el plazo general para que la Junta reciba el formulario EOIR-26 es de 30 días calendario desde la decisión oral o el envío de la escrita.





