Antonio Frómeta Ascón llegó a Estados Unidos durante la crisis de los balseros, formó una familia en Florida y pasó allí más de tres décadas. Hoy, a sus 63 años, permanece detenido en El Paso, Texas: tiene una orden de deportación, pero Cuba rechazó recibirlo y las autoridades estadounidenses no han fijado una fecha para expulsarlo.
Frómeta está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 14 de agosto de 2025. Según una investigación de El Paso Matters, el Gobierno intentó enviarlo a Cuba en noviembre de ese año y las autoridades cubanas se negaron a aceptarlo. La alternativa de México tampoco se ha concretado: Frómeta se opone a ese destino porque, asegura, teme por su seguridad.
La incertidumbre lo ha mantenido separado de su familia durante más de un año. En ese tiempo nació su primera nieta, a quien todavía no ha podido conocer.
Una vida construida en Florida y una orden de deportación pendiente
Frómeta llegó a Estados Unidos en 1994, durante el éxodo de balseros cubanos. Después se estableció en Florida, donde trabajó y formó una familia.
Su expediente incluye una condena por agresión en 2002, por la que recibió cinco años de libertad condicional que cumplió. En 2008, un juez de inmigración emitió una orden de deportación en su ausencia después de que no compareciera a una audiencia, según El Paso Matters. Esa orden sigue siendo la base del intento de expulsarlo.
Pero la existencia de una orden no ha resuelto el problema práctico que domina el caso: hasta ahora, las autoridades no han logrado concretar un país de destino para Frómeta.
Frómeta pide a un juez que revise su detención
En marzo de 2026, Frómeta presentó una petición de hábeas corpus ante un tribunal federal de Texas para cuestionar cuánto tiempo puede seguir detenido sin una deportación a la vista. El registro del caso, Ascon v. Watkins, confirma que la petición fue incorporada al expediente el 5 de marzo.
Según el reportaje, el Gobierno reconoció ante el tribunal en julio que desconocía cuándo podría ejecutar la deportación. Ese dato es central para el recurso: Frómeta pide que un juez examine si sigue siendo legal mantenerlo bajo custodia mientras la expulsión permanece sin fecha.
La Corte Suprema abordó una situación de este tipo en Zadvydas v. Davis. El fallo estableció que la detención posterior a una orden final de deportación debe guardar relación con una expulsión razonablemente previsible. Consideró seis meses como un período presuntamente razonable, pero el cumplimiento de ese plazo no produce una liberación automática: después, corresponde examinar las circunstancias y las pruebas de cada caso.
Denuncias sobre su salud y el costo para su familia
Frómeta asegura que ha perdido peso y que su salud se ha deteriorado durante la detención. También afirma que un guardia lo golpeó en una oreja, lo que le habría causado pérdida auditiva, y que posteriormente recibió presiones para aceptar su traslado a México. Se trata de denuncias recogidas en su testimonio; el material consultado no permite establecerlas como hechos probados.
Su pareja lo describe como desesperado y deprimido. En una carta manuscrita presentada ante el tribunal, Frómeta pidió que lo dejaran en libertad. Mientras espera una decisión sobre su recurso, continúa detenido en El Paso, sin una fecha definida para salir del centro ni para reencontrarse con su familia.
