Convicto de Florida afirma que mató en defensa propia antes de ejecución prevista para el jueves

Michael Lambrix de 57 años, reo que será ejecutado este jueves en Florida, afirmó hoy que mató en defensa propia y consignó un manuscrito al Tribunal Supremo de Estados Unidos, con el objetivo de detener que le apliquen la inyección letal.


El reo fue condenado a la pena de muerte por el doble asesinato de Clarence Moore y Aleisha Bryant en 1983.

Lambrix dijo ante el diario Tampa Bay Times que el jueves no habrá una ejecución, sino “un asesinato a sangre fría”.

Su versión de los hechos cuenta que el acto por el que fue inculpado tuvo lugar en su casa rodante en una zona rural del centro de Florida, y dice que él mató a Moore en defensa propia después de que éste acabara con la vida de Bryant.

El convicto indicó que el proceso de la pena capital “es más sobre la política de la muerte que la administración de justicia”.

El preso escribió un manuscrito de 25 páginas y lo envió al Tribunal Supremo de Estados Unidos para reforzar una última proposición de su abogado, William Hennisen.


El abogado presentó hoy ante la corte suprema federal una moción con la que aspira a detener la ejecución con inyección letal programada para este jueves en la prisión en Starke, en el norte de Florida.

En enero de 2016 el Tribunal Supremo de Estados Unidos calificó de “inconstitucional” la forma como Florida decidía las penas capitales.

A causa de esto, el estado de Florida tuvo que cambiar ese proceso y ahora la pena se decide por “unanimidad” del jurado, no por mayoría simple.

Por lo que Lambrix debido a un limbo legal que duró aproximadamente un año, tenía ejecución prevista para el pasado 11 de febrero, y ahora será el segundo en enfrentar la pena de muerte después del limbo legal en el estado.

El primero fue Mark James Asay, ejecutado en agosto pasado también por asesinato.

Aunque el reo fue sentenciado tras dos votaciones del jurado de 8-4 y 10-2, que ahora son inconstitucionales, no será favorecido con la decisión del Tribunal Supremo, ya que se argumentó que su sentencia viene del 2002, bajo una política descrita como de “retroactividad parcial”.

(Con información de Mundo Hispánico)


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