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Fraude en EE.UU. Imagen creada con IA. Foto: Chat GPT
Un exfuncionario superior del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y un presunto colaborador fueron arrestados tras ser acusados de participar durante más de seis años en un amplio esquema de corrupción relacionado con la aprobación irregular de beneficios migratorios.
Los detenidos fueron identificados como Lukman Owolabi Ganiyu, antiguo oficial superior de Servicios de Inmigración de USCIS, y Adeniyi Akeem Somoye, señalado por las autoridades como su asociado. Agentes federales los arrestaron el 2 de septiembre de 2026.
La denuncia penal, presentada el 31 de agosto en el Distrito Norte de Texas, los acusa de conspiración para recibir gratificaciones ilegales por actos oficiales. De acuerdo con los investigadores, ambos habrían obtenido cientos de miles de dólares a cambio de manipular, acelerar y aprobar solicitudes migratorias.
El presunto esquema habría operado desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2026, un período en el que Ganiyu habría utilizado el acceso y la autoridad de su cargo para intervenir en expedientes que incluían residencias permanentes, peticiones familiares y solicitudes de ciudadanía estadounidense.
Green cards, naturalizaciones y peticiones familiares bajo sospecha
Según la información publicada por el Departamento de Justicia, Ganiyu habría intervenido en la aprobación de distintos tipos de solicitudes migratorias.
Entre ellas se encontraban el formulario I-130, utilizado para solicitar determinados familiares extranjeros; el I-485, correspondiente al ajuste de estatus y la obtención de la residencia permanente; el I-751, empleado para eliminar las condiciones de una residencia, y el N-400, presentado por quienes buscan naturalizarse como ciudadanos estadounidenses.
La denuncia no atribuye irregularidades a todas las solicitudes procesadas por el exfuncionario durante ese período. Las autoridades investigan expedientes específicos presuntamente relacionados con pagos y comunicaciones entre los acusados y determinados solicitantes.
El Departamento de Justicia sostiene que varios de esos pagos coincidieron directamente con aprobaciones emitidas por Ganiyu. Sin embargo, todavía no se ha informado públicamente cuántas personas habrían recibido beneficios migratorios mediante el supuesto esquema.
Acusado de saltarse entrevistas y verificaciones
Los investigadores aseguran que el antiguo funcionario no se limitaba a acelerar los expedientes, sino que habría evitado algunos de los controles establecidos para impedir fraudes y detectar solicitantes que no reúnen los requisitos legales.
Ganiyu habría omitido entrevistas obligatorias, verificaciones de antecedentes, revisiones de supervisores y limitaciones relacionadas con la jurisdicción de los casos. También habría ignorado otros protocolos habituales de procesamiento de USCIS.
La denuncia afirma que muchas de las personas favorecidas no reunían los requisitos establecidos por la legislación federal. Las autoridades no han detallado cuáles eran las causas de inelegibilidad ni han identificado públicamente a esos solicitantes.
La dimensión del presunto esquema comenzó a perfilarse mediante el análisis de comunicaciones. Los investigadores aseguran haber encontrado miles de mensajes de WhatsApp y cientos de llamadas entre Ganiyu, Somoye y personas vinculadas con los expedientes migratorios examinados.
Esos intercambios abarcarían buena parte del período comprendido entre finales de 2019 y marzo de 2026.
USCIS employees are held to the highest standards of professional and ethical behavior.
There is no place in this agency for corruption, abuse of authority, or violations of public trust.
Cientos de miles de dólares vinculados con aprobaciones
La acusación sostiene que Ganiyu y Somoye recibieron conjuntamente cientos de miles de dólares de solicitantes. Algunos pagos, según las autoridades, pudieron ser relacionados con decisiones migratorias concretas adoptadas por el entonces empleado federal.
El Departamento de Justicia no reveló la cantidad exacta presuntamente recaudada, las tarifas que supuestamente cobraban por cada trámite ni cómo se distribuía el dinero entre los acusados.
Tampoco se ha precisado si otras personas dentro o fuera de USCIS participaron en el supuesto esquema. La investigación conjunta podría determinar si existieron intermediarios adicionales o si fueron presentadas solicitudes con documentos falsos.
La fiscalía deberá demostrar no solamente la existencia de los pagos, sino también su relación con actos oficiales realizados por Ganiyu y el supuesto conocimiento y participación de Somoye.
Fiscalía denuncia un abuso de la confianza pública
El fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, calificó el caso como un grave abuso de una posición gubernamental. “Vender beneficios migratorios a cambio de dinero es un flagrante abuso de la confianza pública”, declaró Raybould. El fiscal añadió que las autoridades intervendrán cuando un funcionario federal pretenda ponerle precio a un estatus migratorio legal.
R. Joseph Rothrock, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Dallas, señaló que la presunta manipulación de decisiones migratorias para obtener beneficios personales afecta la integridad de un proceso que las autoridades consideran esencial para la seguridad nacional.
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de USCIS, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI en Dallas. El fiscal federal adjunto Chad Meacham, integrante de la sección de Fraude, dirige el proceso judicial.
Incertidumbre sobre los beneficios migratorios aprobados
Una de las principales incógnitas es qué sucederá con las residencias, ciudadanías y peticiones presuntamente aprobadas mediante pagos.
Hasta el momento, las autoridades no han anunciado una anulación general de beneficios ni han explicado si cada expediente será revisado individualmente. Tampoco han revelado si los solicitantes involucrados enfrentarán cargos penales, procedimientos administrativos o posibles procesos de revocación.
El arresto de los acusados no elimina automáticamente una residencia permanente o una ciudadanía. Para tomar medidas contra un beneficiario, el gobierno tendría que examinar las circunstancias particulares de su expediente y determinar si existió fraude, ocultamiento de información o falta de elegibilidad.
La investigación también deberá distinguir entre las personas que presuntamente pagaron para conseguir una aprobación irregular y aquellas cuyos casos pudieron ser manipulados sin que conocieran todas las acciones realizadas por intermediarios.
Los acusados podrían recibir hasta cinco años de prisión
Ganiyu y Somoye realizaron sus primeras comparecencias ante un juez federal el mismo 2 de septiembre. Cada uno enfrenta una posible condena de hasta cinco años de prisión federal y una multa máxima de 250,000 dólares si resulta declarado culpable.
El caso se encuentra en una etapa inicial. La denuncia penal contiene alegaciones de las autoridades y no constituye una prueba definitiva de culpabilidad.
Ambos acusados conservan la presunción de inocencia y deberán ser considerados inocentes mientras la fiscalía no demuestre los cargos más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
