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l Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó este miércoles un contundente mensaje contra quienes recurran al fraude para obtener beneficios migratorios, advirtiendo que perseguirá de manera agresiva los esquemas destinados a conseguir estatus legal mediante engaños.
“Cualquiera que esté dispuesto a mentir, engañar o robar para conseguir un estatus migratorio legal es una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó el director de USCIS, Joseph B. Edlow, en una declaración difundida por la agencia.
El pronunciamiento se produce tras el desmantelamiento de lo que las autoridades describen como una de las mayores tramas de fraude matrimonial procesadas en la historia de Estados Unidos.
USCIS advierte que perseguirá agresivamente el fraude matrimonial
Edlow aseguró que USCIS está intensificando sus esfuerzos contra los matrimonios fraudulentos y, especialmente, contra las organizaciones y personas que convierten este tipo de fraude en un negocio.
“USCIS está persiguiendo agresivamente los esquemas de fraude matrimonial y las organizaciones criminales y cabecillas que se benefician de ellos”, señaló el funcionario.
El director agregó que la agencia continuará exponiendo el fraude, defendiendo el Estado de derecho y procurando que los beneficios migratorios queden reservados para quienes realmente cumplen con los requisitos legales.
El lenguaje utilizado por Edlow coloca el fraude migratorio no solo como una violación de las leyes de inmigración, sino como un asunto relacionado directamente con la seguridad nacional.
Más de 1,000 matrimonios fraudulentos bajo investigación
Las declaraciones coinciden con el anuncio de una acusación federal contra 11 personas señaladas de participar en una extensa red que habría organizado más de 1,000 matrimonios fraudulentos durante aproximadamente una década.
Según el Departamento de Justicia, la organización presuntamente conectaba a ciudadanos estadounidenses con extranjeros —principalmente ciudadanos de China— para contraer matrimonios cuyo objetivo era obtener fraudulentamente beneficios migratorios en Estados Unidos.
La trama habría operado desde al menos 2016 hasta julio de 2026 y, aunque tenía su principal centro de operaciones en Nueva York, las autoridades aseguran que alcanzó varios estados, entre ellos Florida, además de Connecticut, Georgia, Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania y Tennessee. También habría tenido operaciones internacionales.
Hasta $100,000 por conseguir una Green Card mediante un matrimonio falso
Las cifras reveladas por los fiscales muestran la magnitud económica del presunto negocio.
Algunos extranjeros habrían pagado hasta aproximadamente $100,000 a los facilitadores para conseguir un matrimonio fraudulento y recibir asistencia durante el proceso para obtener la residencia permanente.
Los ciudadanos estadounidenses que aceptaban participar podían recibir hasta aproximadamente $30,000, mientras que los reclutadores podían obtener comisiones de hasta $5,000 por cada ciudadano captado, de acuerdo con las autoridades.
El Departamento de Justicia estima que, debido a la escala y duración de las operaciones, la organización pudo haber recaudado decenas de millones de dólares.
Fotos, cuentas bancarias e impuestos para aparentar matrimonios reales
La acusación describe un elaborado sistema para hacer que los matrimonios parecieran legítimos ante las autoridades migratorias.
Según los fiscales, algunas parejas se conocían por primera vez poco antes de solicitar la licencia matrimonial. Posteriormente se organizaban ceremonias y fotografías destinadas a crear la apariencia de una relación auténtica.
Después del matrimonio, los participantes presuntamente fabricaban más evidencias de una vida en común mediante fotografías adicionales, cuentas financieras y servicios públicos conjuntos, declaraciones de impuestos conjuntas y pólizas de seguros.
La acusación también sostiene que los participantes recibían preparación antes de determinadas entrevistas migratorias, incluyendo instrucciones sobre posibles preguntas de USCIS y las respuestas que debían ofrecer.
Las autoridades sostienen que el esquema provocó la presentación de cientos de solicitudes fraudulentas de Green Card y documentos relacionados ante USCIS.
El mensaje de USCIS va más allá de este caso
La declaración de Edlow adquiere especial relevancia porque USCIS utiliza el desmantelamiento de esta presunta red para enviar una advertencia general sobre su política contra el fraude.
La agencia dejó claro que su objetivo no se limita a detectar solicitudes individuales sospechosas, sino también a identificar y perseguir a las organizaciones, intermediarios y cabecillas que supuestamente obtienen beneficios económicos explotando el sistema migratorio.
El Departamento de Justicia adoptó una posición similar.
El fiscal general interino Todd Blanche aseguró que la actual administración está buscando combatir el fraude en diferentes áreas, incluido el sistema migratorio, y sostuvo que los esquemas destinados a conseguir beneficios migratorios mediante matrimonios falsos no serán tolerados.
Los acusados enfrentan hasta 10 años de prisión por uno de los cargos
Los 11 acusados enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio documental, que puede conllevar una pena máxima de cinco años de prisión en caso de condena.
También fueron acusados de conspiración para fomentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, delito que puede alcanzar una pena máxima de 10 años de prisión.
En la investigación participan Homeland Security Investigations (HSI), el FBI, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos y otras agencias.
Las autoridades recalcaron que una acusación formal contiene únicamente alegaciones y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable en un tribunal.
El caso, sin embargo, ha servido a USCIS para enviar uno de sus mensajes más contundentes contra el fraude migratorio: quienes intenten obtener estatus legal mediante engaños pueden convertirse en objetivo de investigaciones que no solo examinan al solicitante, sino también a las redes y personas que facilitan esas operaciones.
