La Asamblea Nacional del Poder Popular dio a conocer este martes, que a partir del próximo año se iniciará la aplicación gradual del impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales.

La política comenzará por las provincias de Pinar del Río y Cienfuegos, posteriormente se extenderá a otros territorios.

La vicetitular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Meisi Bolaño dijo que a partir de 2018 “se permitirá que la facultad redistributiva del MFP, a partir del sobrecumplimiento de ingresos e inejecuciones de gastos, pueda aplicarse a la actividad presupuestada, siempre que no se incremente el déficit aprobado y dentro de los límites establecidos”, corroborando que las transformaciones responden esencialmente a la aplicación gradual de la Ley 113 del Sistema Tributario cubano.

En Cuba existen actualmente 151.000 usufructos en 1.200.000 hectáreas entregadas por el Estado, que puso en marcha el programa en 2008 en un intento por estimular la agricultura, hasta ese entonces casi exclusivamente en manos del régimen.

El Consejo de Ministros, en junio pasado extendió el período de posesión de tierras en usufructo de 10 a 20 años, pero arreció los requerimientos. Entre estos que “las personas naturales tendrán que trabajarlas y administrarlas de forma personal y directa”, y la aplicación paulatina de “los impuestos previstos en la Ley Tributaria concernientes al uso, posesión y ociosidad de la tierra”.

Según la funcionaria, los productos agropecuarios individuales del sector no cañero deberán presentar declaración jurada sobre sus ingresos personales, requisito indispensable a partir de 2018. Hasta el momento sólo aportan por ese tributo el 5% de las ventas que realizan al Estado.

Es válido señalar que menos del 25% de los sueldos destinados a la actividad agrícola posee niveles de productividad de primera y segunda categorías.

El pleno de la Asamblea trajo “otra novedad”, que se aplicará a los contratos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el impuesto sobre los ingresos personales a partir de 2500 pesos. Bolaño argumentó que se equiparará así los términos y condiciones con el resto de los empleados del sector empresarial en la Isla.

Se introducirá el Impuesto sobre los servicios de telecomunicaciones a ETECSA, monopolio estatal, “con un tipo impositivo del 5% en pesos cubanos”, también informó la viceministra.

Con respecto a las Cooperativas de Créditos y Servicios, se aplicará el pago del Impuesto sobre Utilidades, a través de la declaración jurada, por los ingresos que forjen a partir del próximo año.

Acotó que en la actualidad están exentas de esta contribución, siempre que más del 50% de sus ingresos provengan de la comercialización de productos agropecuarios.

Los nuevos deberes fiscales impuestos a los cuentapropistas en Cuba, ha desatado la controversia en la Mayor de las Antillas, por ser considerados excesivamente altos y abusivos si se tiene en cuenta los salarios precarios que perciben los antillanos.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en marzo de este año, señaló que el Gobierno cubano recaudaba impuestos a “niveles próximos a las economías más avanzadas”.

(Con información de Diario de Cuba)