La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó una dura advertencia al presidente Donald Trump por el alcance de su política migratoria y aseguró que una parte importante de la comunidad hispana que lo apoyó en las elecciones de 2024 se siente ahora “traicionada”.
“Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos”, afirmó la representante por el sur de Florida en un mensaje dirigido directamente al mandatario.
Salazar cuestionó especialmente el creciente número de detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el hecho de que muchas de las personas arrestadas no tuvieran historial delictivo.
“En julio, su gobierno detuvo a 50,000 personas y la mitad de ellas no tenía antecedentes penales”, señaló la congresista.
Las cifras respaldan la preocupación por las detenciones
Los datos disponibles coinciden, en términos generales, con la advertencia de Salazar. ICE realizó 49,571 arrestos durante julio, lo que representó un aumento del 15% respecto a junio y la cifra mensual más alta hasta ese momento durante el segundo mandato de Trump.
Además, más de la mitad de las personas detenidas en julio no había sido condenada ni enfrentaba cargos criminales, mientras que menos de una cuarta parte tenía alguna condena, según datos gubernamentales obtenidos y analizados por Associated Press.
La tendencia continuó durante agosto, cuando los arrestos se acercaron a los 51,000. Sin embargo, las deportaciones no aumentaron al mismo ritmo debido, entre otras razones, a que numerosas personas detenidas tenían casos de asilo, solicitudes migratorias pendientes o no contaban con una orden definitiva de deportación, de acuerdo con un análisis publicado por Reuters.
“Cuidado con lo que le dicen sus asesores”
Salazar también pidió al presidente que revise cuidadosamente la información y las recomendaciones que recibe de quienes diseñan su estrategia migratoria.
“Cuidado con lo que le dicen sus asesores”, advirtió.
La declaración representa una crítica directa desde dentro del Partido Republicano y llega en medio de una creciente preocupación entre familias inmigrantes por las detenciones en tribunales, aeropuertos, centros de trabajo, citas migratorias y controles de tráfico.
La congresista sostuvo que el respaldo electoral de los hispanos fue fundamental para el regreso de Trump a la Casa Blanca, pero afirmó que parte de esos votantes no esperaba que las medidas alcanzaran a inmigrantes trabajadores y sin antecedentes criminales.
“Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en el 2024 hoy se sienten traicionados”, expresó.
Salazar insiste en una solución sin amnistía
Pese a sus críticas, la representante dejó claro que no está proponiendo una amnistía general. Su llamado está dirigido a crear una solución legal para determinados inmigrantes que llevan años viviendo y trabajando en Estados Unidos.
“Yo no estoy hablando de amnistía. Estoy hablando de darles una vida digna en la tierra prometida”, declaró.
Salazar ha promovido la Ley Dignidad de 2025, una propuesta bipartidista que combina mayores controles fronterizos y el uso obligatorio de E-Verify con un estatus legal renovable para ciertos inmigrantes que se encontraban en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2020.
Según el resumen oficial de la Ley Dignidad, los participantes tendrían que superar una revisión de antecedentes, pagar $7,000 en concepto de restitución, cumplir con sus obligaciones fiscales y mantenerse bajo supervisión del Departamento de Seguridad Nacional.
El programa ofrecería autorización de trabajo y un estatus legal por siete años, pero no concedería ciudadanía, beneficios federales ni permitiría saltarse las filas migratorias existentes.
Un mensaje directo al presidente
Salazar afirmó que Trump tiene la capacidad política para impulsar una solución a un problema que Washington no ha conseguido resolver durante décadas.
“Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años”, sostuvo la congresista.
Sus palabras colocan nuevamente en el centro del debate la diferencia entre deportar a inmigrantes con antecedentes criminales y detener indiscriminadamente a personas que llevan años en el país, trabajan, pagan impuestos o mantienen procesos migratorios abiertos.
La declaración también aumenta la presión sobre la Casa Blanca para que modifique su estrategia y respalde una reforma que combine seguridad fronteriza, cumplimiento de la ley y una salida legal para inmigrantes sin antecedentes criminales.
Por el momento, el gobierno de Trump no ha respondido públicamente a estas declaraciones específicas de la congresista.
