Una veintena de pequeñas empresas de paquetería establecidas en EEUU que realizan envíos a Cuba se han desarrollado con un jugoso negocio que deja ganancias de ambos lados, explica un reportaje investigativo realizado por un equipo de prensa de CubaNet.
El negocio mayor de venta de motos eléctricas en Cuba es de un cubano que reside en EEUU, aunque tiene de empleado a otro que vive en la Isla, desde la sala de su casa los clientes pueden escoger entre varios modelos, y en unos 20 días se le entrega en su domicilio.
Las motos las recibe directamente el antillano desde Port Everglades, Florida, en un barco autorizado por el Gobierno de EEUU, donde además llegan a la capital cubana otras mercancías destinadas tanto a personas naturales como a empresas, más allá del embargo estadounidense.
La mercancía es recibida por cualquier organismo e institución estatal que tenga como intermediaria a cualquiera de las empresas reconocidas que adquirieron el permiso durante la presidencia de Barack Obama.
Con estos envíos se sostienen miles de negocios particulares dentro y fuera de la Isla, y a su vez decenas de organismos estatales relacionados con la salud, el turismo, y hasta vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), siendo el caso de Aerovaradero y Aerogaviota, que se encargan de la distribución en territorio cubano.
En esas entidades que engrosan sus arcas, con este negocio también se encuentra Palco, agencia multiservicios que pertenece directamente al Consejo de Estado, pero es un grupo empresarial autónomo, según registro público.
¿Qué llega a Cuba por ese canal de envío?
Desde equipos de música, autos completos y partes de los mismos, neveras, lavadoras, equipamiento médico de alta tecnología destinados a hospitales en la Isla, y hasta esculturas monumentales para ser emplazas en el centro histórico de La Habana Vieja.
Los medios de prensa estatales en Cuba tienen prohibido abordar el asunto, las estadísticas oficiales y públicas del aumento progresivo de envíos desde el sur de la Florida son silenciadas.
En este contexto, según CubaNet, el “bloqueo” económico del que muchos se quejan, parece haberse convertido entonces desde 2014, en un “velo de seda”.
El “embargo” es para muchos el obstáculo ideal, para el enriquecimiento de estas agencias en Miami, y sus contrapartes en Cuba, dueños de todas las tajadas.
En los Almacenes de la Aduana se depositan altos volúmenes de carga y diversidad de las mismas, la mercancía que ya sobrepasa la capacidad de estos depósitos, ha tenido que ser resguardada también en la Zona de Desarrollo de Mariel, donde ha sido autorizada al menos una de las empresas radicada en la Florida para que opere las instalaciones de manera directa y en coordinación con la estatal cubana Transcargo S.A.
Las pérdidas serían cuantiosas de ambos lados, de levantarse el embargo, sostiene el reportaje.
Un funcionario de la Aduana General de la República, afirma que “el flujo de cargas ha alcanzado niveles (en los) que ya no es posible manipular los paquetes en los almacenes del Puerto de La Habana (…), son miles de contenedores los que arriban en la semana desde La Florida y Panamá (…), la tecnología es obsoleta, la inspección, la clasificación, el reembalaje se realizan de manera manual (…), hay que comprar nueva tecnología y ya se está viendo el traslado de todas estas operaciones hacia el Mariel (ZED) con financiamiento de las propias empresas establecidas en los Estados Unidos y también de la parte cubana (…), porque esta actividad ingresa cientos de millones de dólares al año”.
Los sistemas de recepción de Cuba han colapsado, puesto que los cientos de contenedores al mes enviados por un par de empresas que usaban fundamentalmente las cargas por avión o el envío marítimo a través de Panamá, a fines de la década del 90, y a inicios del 2000, no tiene nada que ver con la cantidad de mercancía que llega hoy a la Isla.
El trabajador de una de las principales y más antiguas empresas de envíos y vuelos chárter hacia Cuba revela: “hay empresas que prometen poner la carga en Cuba en una semana, diez días pero ya dentro de Cuba la carga puede pasar hasta un mes o más en la Aduana por la lentitud del proceso (…), sabemos que la carga está allá, que llegó, pero el destinatario final debe esperar a ser citado o a que Cubapack le lleve el paquete a su casa y eso a veces tarda una semana más, quince días pero a veces han sido tres meses, seis, un año (…), por burocracias, porque dicen que no hay electricidad o por falta de personal, por eso nosotros decimos a los clientes que son días laborables, es decir, que no incluye fin de semanas, de todos modos, no sabemos cómo, hay empresas aquí en Miami que logran poner el paquete allá, en la misma puerta, en menos de quince días, no sé cómo lo hacen, si tienen contactos allá, no sé”.
Sin demasiadas restricciones en cuanto al valor y la frecuencia, la Administración Obama en 2009, autorizó el envío de paquetes a Cuba, aunque la Isla limitó la entrada de equipos de telecomunicaciones, justificando la medida con argumentos de seguridad nacional.
Asimismo, se incrementó el valor de los paquetes desde 400 dólares hasta 800 mensuales, y los mismos podían salir de EEUU hacia cualquier persona dentro de la Mayor de las Antillas, exceptuando a los altos funcionarios, e instituciones bajo el control del Gobierno cubano.
Pero una investigación de fondo era imposible ante las facilidades y excepciones, y el régimen de La Habana ha sabido sortear el bloqueo, aunque habla de él en Naciones Unidas, y en la prensa oficialista.
Un ex funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que pidió no revelar su identidad por temor contó que “antes de 2009 ya en Cuba se recibía carga desde puertos de los Estados Unidos. (…) Me refiero a lo que no estaba permitido, es decir, refrigeradores, aires acondicionados, piezas (…), ya existían acuerdos entre navieras en Panamá y el sur de la Florida, navieras operadas por el Ministerio de Transporte de Cuba”.
Actualmente el negocio según fuentes de la Cámara de Comercio y del Ministerio de Finanzas, de Cuba, supera probablemente los 200 millones de dólares al año, por el concepto del pago de impuestos arancelarios básicos y de las licencias de operación para las compañías extranjeras aprobadas por el Gobierno cubano.
