Fallo en Tampa reaviva esperanza de residencia para miles de cubanos con I-220A

Un reciente fallo judicial en Tampa ha traído un rayo de esperanza para miles de cubanos que se encuentran en Estados Unidos bajo el estatus I-220A. Según explicó la abogada de inmigración Lissette Tocado, el juez determinó que no existían fundamentos suficientes para continuar con el proceso de deportación de un ciudadano cubano que había ingresado al país por la frontera y recibido el mencionado formulario.

El magistrado concluyó que el caso podía ser archivado o cerrado, lo cual habilita al solicitante a tramitar directamente su ajuste de estatus ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), sin necesidad de seguir compareciendo ante un tribunal de inmigración. Este pronunciamiento judicial representa un avance significativo para quienes buscan beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

La decisión judicial se apoyó en precedentes legales como el caso Matter of Q. Li, que establece que los migrantes liberados bajo la figura de “parole”, incluso sin contar con una documentación formal por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pueden ser considerados legalmente como «paroleados».

Aunque el caso Q. Li no involucra directamente a ciudadanos cubanos ni determina que todos los portadores del I-220A califiquen automáticamente para el ajuste cubano, sí aclara un aspecto fundamental: toda persona que ingrese de manera irregular a Estados Unidos, ya sea por un paso fronterizo o un puerto de entrada, debe ser procesada bajo la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Tocado enfatizó que este precedente, si bien no es vinculante para otras cortes, podría ser utilizado como argumento jurídico en casos similares.

«Se abre una posibilidad concreta para quienes fueron liberados con una I-220A, al demostrar que su entrada se dio bajo circunstancias que pueden interpretarse como parole», explicó la abogada.

Además, recordó que la Ley de Ajuste Cubano sigue siendo uno de los caminos más eficaces y menos discrecionales para lograr la residencia legal en EE.UU., en contraste con el proceso de asilo, que está sujeto a la interpretación de los jueces de inmigración.

Este fallo podría tener un impacto positivo para un número creciente de cubanos que buscan estabilizar su situación migratoria tras su llegada al país, y representa un desarrollo clave en el cambiante panorama de la política migratoria estadounidense.

Actualmente se estima hay alrededor de 500,000 cubanos con estatus I‑220A en Estados Unidos, en un limbo migratorio sin claridad sobre su elegibilidad para la Ley de Ajuste Cubano. De ese grupo, aproximadamente 400,000 recibieron el formulario tras cruzar la frontera sin inspección, mientras que el resto enfrentan órdenes de deportación con I‑220B o están a la espera de una posible amnistía, de acuerdo al portal de noticias CiberCuba.

Asimismo, aproximadamente 70,000 cubanos bajo ese estatus podrían haber recibido parole formal, pero aún no han logrado obtener la residencia permanente y están en riesgo de expulsión.

Estas cifras reflejan la magnitud del desafío para los cubanos con I‑220A en Estados Unidos, medio millón de personas en espera, muchas sin un camino claro hacia la residencia. En este contexto, el reciente fallo de Tampa y precedentes como Matter of Q. Li podrían convertirse en herramientas clave para desbloquear los procesos migratorios de miles de cubanos que han estado atascados en esta situación por años.