Una extensa investigación internacional reveló que Estados Unidos ha deportado a más de 25,000 migrantes a terceros países desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, mediante una red de acuerdos que alcanza al menos a 35 naciones y cuyos términos, en numerosos casos, no se han divulgado públicamente.
Los datos recopilados por el Deportation Project, una investigación coordinada por Forbidden Stories con la participación de 24 medios, sitúan en 25,447 el número de personas enviadas a países distintos del suyo hasta el 31 de agosto de 2026. Muchas de ellas no tenían vínculos familiares, legales o culturales con el territorio que las recibió.
La investigación siguió más de un centenar de vuelos y confirmó traslados hacia 28 países. Por su parte, el observatorio Third Country Deportation Watch indica que Estados Unidos ha firmado acuerdos con al menos 35 gobiernos y que las personas deportadas han llegado a 29 naciones. La diferencia responde a que algunos convenios ya se cerraron, aunque todavía no se hayan documentado vuelos o entregas de migrantes bajo esos pactos.
México recibió a cerca de 20,000 migrantes
México concentra la mayor parte de estas expulsiones. A cerca de 20,000 personas las trasladaron por tierra a territorio mexicano, de acuerdo con el conteo de Refugees International y Human Rights First. A los demás deportados los enviaron a países de América Latina, el Caribe, África, Asia Central y el Pacífico.
Entre los destinos documentados aparecen Uganda, Liberia, Eswatini, Guinea Ecuatorial, Ruanda, República Centroafricana y Sudán del Sur. También figuran países latinoamericanos y caribeños como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Jamaica.
El elemento más controvertido es que una parte de los afectados no era ciudadana del país receptor ni había residido allí. En algunos casos, las autoridades estadounidenses recurrieron a estos destinos porque la nación de origen no aceptaba el retorno de sus ciudadanos o porque un juez había prohibido enviarlos directamente a un lugar donde podían sufrir persecución o tortura.
Acuerdos vinculados a compromisos por 410 millones de dólares
Documentos internos revisados durante la investigación indican que Washington comprometió al menos 410 millones de dólares para asegurar acuerdos con 35 países. La cifra no representa exclusivamente pagos en efectivo a gobiernos: incluye fondos prometidos para programas de las Naciones Unidas, asistencia migratoria y otros mecanismos de cooperación.
El observatorio Third Country Deportation Watch ha identificado, de manera separada, al menos 49 millones de dólares pagados directamente a gobiernos extranjeros en conexión con estos convenios, sin contar el costo de los vuelos. Esa distinción resulta clave: los 410 millones corresponden a compromisos más amplios, mientras los 49 millones son transferencias directas rastreadas por las organizaciones.
Según los documentos citados por el consorcio periodístico, Camerún recibiría apoyo por 30 millones de dólares para operaciones de Naciones Unidas a cambio de aceptar hasta 1,000 migrantes, aunque hasta ese momento solo había recibido 44. La República Democrática del Congo habría recibido una promesa de 75 millones para programas de la ONU a cambio de aceptar hasta 2,000 personas, pero únicamente 15 habían llegado y los vuelos estaban suspendidos debido a un brote de ébola.
Una investigación anterior del personal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado calculó que, hasta enero de 2026, más de 32 millones de dólares se entregaron directamente a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palaos. Ese informe también estimó en más de 7.2 millones de dólares el costo de vuelos hacia al menos diez naciones.
Migrantes atrapados en un limbo legal
Abogados y organizaciones humanitarias sostienen que algunos deportados quedaron detenidos sin cargos, sin documentos migratorios válidos o sin acceso efectivo a un abogado después de llegar al tercer país. Otros habrían sido trasladados nuevamente a su nación de origen, pese a que tribunales estadounidenses habían reconocido que allí podían enfrentar graves peligros.
Las organizaciones describen esta práctica como devolución en cadena: Estados Unidos envía a una persona a un país intermediario y ese gobierno termina remitiéndola al lugar del que había huido. También han documentado separaciones familiares, detenciones arbitrarias y deportados que desconocían su destino hasta poco antes de abordar el avión.
Uno de los episodios que expuso el alcance del programa ocurrió en agosto, cuando cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar de un avión en Liberia. Posteriormente los enviaron a Guinea Ecuatorial, donde permanecieron detenidos. El caso mostró cómo una misma persona puede trasladarse de un país a otro sin tener relación previa con ninguno de ellos.
Una corte rechazó las deportaciones sin oportunidad de defensa
El 18 de septiembre de 2026, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito respaldó en gran medida una decisión que declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional para realizar estas deportaciones aceleradas sin garantizar una oportunidad real de plantear temores de persecución o tortura.
La política adoptada en marzo de 2025 permitía enviar a un migrante a un tercer país con un aviso mínimo. En situaciones consideradas urgentes, la notificación podía llegar apenas seis horas antes de la salida. Los jueces concluyeron que una persona debe disponer de una oportunidad significativa para objetar el destino antes de que la expulsen.
El tribunal, sin embargo, revocó por razones procesales una parte de la decisión inferior relacionada con el orden en que el Gobierno debía considerar posibles países de destino. La administración sostiene que la política continúa vigente mientras prosigue el litigio y se anticipa que el caso podría llegar a la Corte Suprema.
El Gobierno defiende su estrategia migratoria
La administración Trump afirma que las expulsiones a terceros países son una herramienta necesaria para ejecutar órdenes finales cuando el país de origen se niega a recibir a la persona. El Departamento de Estado aseguró que aplicará todos los medios legales disponibles para retirar de Estados Unidos a quienes no tengan derecho a permanecer en el país.
El Gobierno también sostiene que los países receptores ofrecen garantías diplomáticas de que los deportados no serán perseguidos ni torturados. No obstante, abogados cuestionan la efectividad de esas promesas cuando los migrantes llegan a naciones con sistemas de asilo débiles, permanecen incomunicados o corren el riesgo de una nueva expulsión.
Aunque la administración ha presentado el programa como parte de su ofensiva contra extranjeros con antecedentes graves, la investigación encontró que la mayoría de los 35 países involucrados no acepta personas condenadas por delitos violentos. Además, entre los deportados hay solicitantes de asilo y personas que habían obtenido protección judicial contra el retorno a sus países de origen.
Qué puede hacer una persona amenazada con ser enviada a un tercer país
Los abogados recomiendan pedir de inmediato y por escrito el nombre del país de destino, informar cualquier temor de persecución o tortura y contactar a un representante legal antes de firmar documentos. También resulta importante conservar copias de decisiones judiciales, solicitudes de asilo, órdenes de protección y pruebas sobre los riesgos que existirían en el país propuesto.
El fallo del Primer Circuito refuerza el argumento de que el Gobierno debe ofrecer una oportunidad significativa para presentar objeciones. Sin embargo, la situación sigue cambiando por las apelaciones en curso y las circunstancias particulares de cada expediente. Una orden final de deportación no significa necesariamente que cualquier destino sea legal, pero tampoco detiene por sí sola un traslado a un tercer país.
Un programa en expansión bajo creciente escrutinio
La investigación muestra que las deportaciones a terceros países dejaron de ser una medida excepcional y se convirtieron en una pieza estable de la política migratoria estadounidense. El número de convenios, el dinero comprometido y el aumento de los vuelos reflejan una estrategia global que combina presión diplomática, asistencia económica y cooperación migratoria.
El próximo capítulo se decidirá tanto en los tribunales como en la arena diplomática. Mientras el Gobierno prepara nuevas apelaciones y mantiene los acuerdos, organizaciones de derechos humanos intentan identificar a los deportados, conocer su paradero y documentar si los países receptores respetan las garantías prometidas.
