“Es inhumano”: concejal de Doral exige cambios ante las detenciones de ICE en Miami-Dade

El concejal de Doral Rafael Pineyro anunció que está enviando cartas y un informe a varios congresistas y senadores de Florida para denunciar las consecuencias que, según afirmó, están provocando las detenciones de inmigrantes en la ciudad.

En un video difundido desde su oficina, Pineyro rechazó categóricamente los operativos que alcanzan a trabajadores, familias y personas que aseguran encontrarse cumpliendo un proceso migratorio. El funcionario calificó la situación de “inhumana” e “incorrecta” y prometió continuar pronunciándose públicamente.

“Están atacando a familias, personas trabajadoras, personas que están haciendo lo correcto y que están en un proceso migratorio”, declaró el concejal.

Pineyro figura oficialmente como integrante del Concejo de Doral y ocupa el escaño 1 para el periodo 2022-2028, según el portal de la ciudad. La administración municipal también confirma sus datos como funcionario electo.

Cartas dirigidas a congresistas y senadores de Florida

El funcionario explicó que la correspondencia fue enviada a los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, además de los senadores Rick Scott y Ashley Moody.

La transcripción automática del video altera algunos nombres, pero las referencias corresponden a esos cinco legisladores. Salazar representa el Distrito 27 de Florida, que abarca comunidades del sur de Florida, mientras Díaz-Balart representa el Distrito 26, que incluye áreas de Miami-Dade. María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart mantienen oficinas para atender asuntos de sus constituyentes.

Florida está representada actualmente en el Senado por Rick Scott y Ashley Moody, quien asumió el cargo en enero de 2025.

Pineyro señaló que las cartas no contienen únicamente una explicación general. Aseguró que también remitió un informe elaborado después de una reunión sostenida una semana antes con abogados de inmigración. No ofreció públicamente durante el video una copia completa del documento ni precisó cuántos casos fueron incluidos.

Rechaza los arrestos indiscriminados, pero marca una diferencia

El concejal aclaró que su reclamo no busca impedir la deportación de personas con antecedentes criminales o con órdenes definitivas de expulsión.

“Aquellos que tengan orden de deportación o hayan cometido algún delito criminal no merecen estar acá”, afirmó. Sin embargo, diferenció esos casos de los inmigrantes trabajadores que mantienen solicitudes o procesos pendientes ante las autoridades.

El planteamiento central de Pineyro es que la aplicación de las leyes migratorias debe distinguir entre personas consideradas una amenaza para la seguridad pública y familias que se presentan ante las autoridades, trabajan y esperan una decisión sobre sus expedientes.

Días antes, el concejal había denunciado públicamente detenciones en Doral de personas que, según su oficina, tenían licencias de conducir vigentes y decisiones de asilo pendientes. Ese antecedente muestra que las cartas forman parte de una presión política que Pineyro viene desarrollando y no de una declaración aislada.

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Pineyro advierte de consecuencias económicas y sociales

El funcionario sostuvo que el temor generado por las detenciones ya está alterando la vida diaria de Doral. Según su testimonio, la situación afecta la economía, la calidad de vida, los centros educativos y el funcionamiento general de la comunidad.

Estas afirmaciones expresan la evaluación del concejal; durante su mensaje no presentó cifras específicas sobre pérdida de empleos, ausentismo escolar, cierre de negocios o reducción del consumo.

No obstante, su advertencia apunta a un efecto que trasciende a las personas directamente detenidas. Cuando una familia teme que uno de sus integrantes pueda ser arrestado, también puede evitar lugares de trabajo, escuelas, comercios, citas médicas o trámites públicos. Pineyro busca que los representantes federales evalúen ese impacto comunitario antes de respaldar una aplicación migratoria sin suficientes distinciones.

La preocupación adquiere particular importancia en Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade con una elevada población inmigrante y numerosos residentes procedentes de Venezuela, Cuba, Colombia y otros países latinoamericanos.

Un llamado para que los residentes también escriban al Congreso

Además de informar sobre sus gestiones, Pineyro pidió a los residentes que contacten directamente a sus congresistas y senadores. “Apoyen, súmense a esta causa”, manifestó. El concejal considera que una movilización coordinada podría aumentar la presión para que Washington revise el alcance de los operativos y establezca mayores protecciones para quienes mantienen casos migratorios pendientes.

Las oficinas legislativas disponen de formularios para recibir opiniones y solicitudes de asistencia. El portal de Rick Scott permite presentar comentarios sobre asuntos públicos, mientras que la oficina de Ashley Moody ofrece canales de ayuda para residentes de Florida.

Contactar a un legislador, sin embargo, no sustituye la representación de un abogado ni detiene automáticamente una orden, un arresto o un procedimiento de deportación. Las personas preocupadas por su situación deben buscar una evaluación individual de su expediente y evitar confiar exclusivamente en recomendaciones difundidas en redes sociales.

La respuesta de Washington será el próximo paso

El envío de las cartas traslada ahora la presión a los representantes federales de Florida. Queda por conocerse si alguno solicitará información a ICE, promoverá una reunión con funcionarios locales o responderá públicamente al informe preparado con los abogados de inmigración.

Pineyro aseguró que continuará trabajando y hablando sobre el tema desde su cargo municipal. Su pronunciamiento abre un nuevo frente dentro del debate migratorio en el sur de Florida: funcionarios locales que apoyan la deportación de delincuentes, pero se distancian de operativos que consideran indiscriminados contra familias y trabajadores.