Agromercado en Cuba

La nueva medida de imponer precios máximos a los productos que venden en los cuentapropistas, vuelve a plagar de obstáculos el camino del incipiente sector privado en la Isla, no obstante el régimen ha advertido tendrá mano dura con quienes violen las regulaciones, informa Diario de Cuba.


«Vamos a ser rigurosos con aquellos que intenten, mediante artificios, evadir y violar las nuevas medidas aprobadas para evitar el incremento de los precios (…) No podemos admitir que medidas como estas que aprueba el país para impulsar la economía y generar mayor capacidad de compra en la población, se echen a perder por unos cuantos inescrupulosos que provocan que los cubanos pierdan confianza en el control estatal», expresó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, ante la prensa oficialista.

«Ningún actor económico puede aumentar los precios», recalcó la titular.

Bolaño negó que el objetivo de las regulaciones sea «frenar el desarrollo de las formas no estatales», y calificó estos criterios como «malintencionados».

La funcionaria explicó que el Gobierno quiere evitar el incremento de las tarifas que no se correspondan con un aumento de los costos, y regular las excesivas, con la intención de proteger «la capacidad de compra de la población».


Sin embargo, muchos analistas opinan que la medida sigue afectando al sector más vulnerable, los cuentapropistas, mientras en las tiendas del Estado los productos se siguen vendiendo a precios exorbitantes, sin que ninguna autoridad pueda llamar la atención al respecto.

Para el experto en economía Oscar Fernández, si se quiere proteger al pueblo trabajador, el Gobierno debe actuar sobre los precios que sí están en sus manos, por ejemplo controlar el precio de las mercancías que comercializa en los mercados recaudadores de divisas.

La ministra de Finanzas y Precios hizo un llamado a la población a sumarse «al control de los precios, denunciando oportunamente el lugar y el momento en el que detectó el abuso en la conformación de los precios».

Asimismo anunció se aplicarán las medidas correspondientes con el debido rigor, a quien viole los precios que el Gobierno cubano fijó, ya que se considerará una infracción grave, que puede conducir a «la cancelación del contrato de arrendamiento hasta medidas disciplinarias severas y el retiro de la licencia».

Para atosigar al sector privado, el régimen ha creado un grupo de trabajo a nivel provincial y municipal, con este objetivo se investiga la denuncia y se adoptan medidas en un plazo que no excede la semana.

La Universidad de Ciencias Informáticas trabaja en conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), para crear una aplicación donde se puedan hacer efectivas las denuncias de manera inmediata.

Desde el 5 de julio hasta la fecha el MFP ha recibido más de 400 denuncias y comentarios.