Una acusación federal expone un presunto esquema de fraude que habría utilizado los nombres de más de 100 personas de origen cubano para tramitar cientos de solicitudes de ayuda económica creada durante la pandemia.
Los principales acusados son Adrián Rafael Pupo Pérez y Helen Yaima Leyva Santiesteban, quienes presuntamente intentaron obtener más de $4.5 millones mediante préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y otras ayudas federales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aproximadamente $2.4 millones llegaron a ser desembolsados antes de que las autoridades descubrieran el supuesto fraude.
Ambos acusados se encuentran fuera del país y permanecen prófugos, según informó el fiscal general interino Todd Blanche durante una conferencia de prensa encabezada por el vicepresidente J.D. Vance.
“Estamos trabajando arduamente para traerlos de vuelta”, aseguró Blanche al presentar el caso como parte de una amplia operación nacional contra el fraude en programas federales.
Cerca de 470 solicitudes bajo investigación
La acusación sostiene que Pupo Pérez y Leyva Santiesteban habrían coordinado la presentación de aproximadamente 470 solicitudes fraudulentas a partir de julio de 2020.
Esas solicitudes habrían sido registradas utilizando los nombres de más de 100 personas residentes en diferentes estados del país. Muchas de ellas habían trabajado en plantas procesadoras de carne ubicadas en Algona y Storm Lake, Iowa.
Según los fiscales, en los formularios se afirmaba que los solicitantes trabajaban por cuenta propia y que habían obtenido cerca de $100,000 en ingresos brutos durante 2019, el año anterior a la pandemia.
Sin embargo, las autoridades aseguran que esas personas realmente eran empleados de plantas empacadoras de carne y no trabajadores independientes con los ingresos declarados en las solicitudes.
La acusación no aclara si todas las personas cuyos nombres aparecieron en los documentos sabían que sus identidades estaban siendo utilizadas ni cuántas podrían ser consideradas víctimas o participantes dentro del caso.
Los acusados enfrentan 47 cargos federales
Un gran jurado federal en Cedar Rapids, Iowa, presentó el 9 de julio de 2026 un total de 47 cargos contra Pupo Pérez y Leyva Santiesteban.
Los delitos señalados incluyen presunto fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración. Una acusación formal no constituye una condena y ambos deberán ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
El gobierno federal sostiene que los acusados trabajaron con otras personas para preparar y presentar las solicitudes. El objetivo habría sido conseguir fondos destinados originalmente a proteger empleos y ayudar a pequeños negocios afectados por las restricciones económicas de la pandemia.
El caso forma parte de un operativo más amplio anunciado por el Departamento de Justicia contra decenas de personas acusadas de defraudar diferentes programas públicos.
Las autoridades indicaron que la operación nacional incluye cargos contra más de 80 personas y posibles pérdidas cercanas a los $245 millones.
Un programa creado para ayudar durante la pandemia
El programa PPP fue aprobado en 2020 para ofrecer préstamos a pequeñas empresas, trabajadores independientes y contratistas que enfrentaban dificultades económicas por la pandemia.
Los préstamos podían ser perdonados si el dinero se empleaba en gastos autorizados, como salarios, alquileres y otros costos operativos. La rapidez con la que se procesaron millones de solicitudes, sin embargo, abrió oportunidades para numerosos esquemas fraudulentos.
Desde entonces, las autoridades federales han investigado casos relacionados con identidades robadas, compañías inexistentes, ingresos falsificados y documentos comerciales manipulados.
En este caso, los fiscales deberán probar que los acusados participaron deliberadamente en la preparación de las solicitudes y conocían la falsedad de la información presentada.
La investigación continúa mientras las autoridades intentan localizar a Pupo Pérez y Leyva Santiesteban y determinar la participación de otros posibles implicados.
