El gobernador de Florida, Ron DeSantis, puso sobre la mesa una propuesta que podría redefinir el funcionamiento del sistema de autopistas de peaje del estado: eximir del pago a los residentes floridanos y cobrar esos peajes exclusivamente a conductores de otros estados.
Aunque la iniciativa aún no se ha formalizado como proyecto de ley, el planteamiento ha generado un amplio debate público debido a su impacto potencial en la movilidad, las finanzas estatales y el bolsillo de millones de personas que utilizan a diario las carreteras de cuota en Florida.
Una idea que reabre el debate sobre quién paga la infraestructura
Durante una intervención pública ante el gabinete, DeSantis reconoció que los peajes han sido parte del paisaje vial de Florida “desde siempre”, pero cuestionó si el modelo actual sigue siendo justo para los residentes que dependen de estas autopistas para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.
“Mira, se podría cobrar a los visitantes, y probablemente podrían apoyarlo todo y dar un respiro a nuestros residentes de Florida. Creo que eso sería una muy buena idea”, explicó el republicano.
La propuesta parte de una premisa clara: Florida recibe millones de visitantes cada año, muchos de los cuales utilizan intensivamente las autopistas de peaje, especialmente en zonas turísticas como Orlando, Tampa, Miami y el sur del estado. Según el gobernador, trasladar ese costo a los no residentes permitiría aliviar la carga económica de quienes viven permanentemente en Florida.
Un sistema extenso, rentable… y endeudado
Florida cuenta con más de 700 millas de carreteras de peaje, administradas por diversas autoridades estatales y regionales. En el centro del estado, particularmente en el condado de Orange, el sistema supera las 150 millas, convirtiéndose en uno de los más amplios del país.
El informe más reciente del Sistema de Peaje de Florida revela que, durante el año fiscal 2024, la red de autopistas de peaje recaudó cerca de 1.300 millones de dólares, una cifra muy superior a los 275 millones que fueron necesarios para cubrir los gastos de mantenimiento y operación del sistema.
A nivel financiero, el sistema de peajes es considerado altamente rentable, con ingresos anuales significativos y costos de mantenimiento relativamente controlados. Sin embargo, esa rentabilidad convive con una realidad menos visible: una deuda en bonos superior a los 3.200 millones de dólares, emitidos para financiar la construcción y expansión de la infraestructura vial.
Este endeudamiento es uno de los principales obstáculos para una reforma profunda, ya que los ingresos por peajes están comprometidos contractualmente con los pagos a los tenedores de bonos.
¿Cómo se podría aplicar la exención a residentes?
Uno de los puntos que aún genera más interrogantes es cómo se identificaría a los residentes elegibles para no pagar peajes. Aunque el gobernador no ofreció detalles técnicos, expertos señalan que cualquier implementación requeriría sistemas de verificación vinculados a matrículas de vehículos, licencias de conducir o dispositivos electrónicos como SunPass.
Además, la medida tendría que coordinarse entre múltiples agencias de transporte, lo que añade complejidad administrativa y costos operativos adicionales.
Antecedentes de alivio parcial en peajes
La administración DeSantis ya ha aplicado medidas de alivio temporal en el pasado. Entre ellas destacan programas de reembolso para conductores frecuentes, suspensiones de peajes durante evacuaciones por huracanes y alivios específicos en situaciones de emergencia.
En 2023, el estado puso en marcha un programa de alivio de peajes que permitió a los conductores recibir un reembolso del 50 % siempre que superaran los 35 cruces mensuales, una medida diseñada para reducir el impacto del costo del transporte en los usuarios frecuentes.
La iniciativa alcanzó a más de 1,2 millones de floridanos y generó un ahorro global cercano a los 500 millones de dólares, lo que se tradujo en un beneficio promedio de unos 400 dólares por conductor.
No obstante, estas iniciativas han sido limitadas en alcance y duración. La propuesta actual representa un cambio estructural, al cuestionar directamente el modelo de financiamiento vigente.
Impacto económico y dudas de sostenibilidad
Analistas en transporte y finanzas públicas advierten que eliminar el pago para residentes podría generar un déficit de ingresos, especialmente si el volumen de conductores externos no compensa la pérdida de recaudación local. También existen dudas sobre el posible impacto en el turismo, ya que un aumento de costos para visitantes podría influir en decisiones de viaje, especialmente en temporadas altas.
Desde el ámbito político, sectores críticos señalan que la propuesta carece de un estudio económico detallado y que cualquier cambio requerirá negociaciones complejas con el Legislativo estatal, autoridades de transporte y entidades financieras.
El director estatal de financiamiento de bonos, Ben Watkins, admitió que su oficina “analizaría esa posibilidad” y destacó que la fortaleza financiera del estado atraviesa uno de sus mejores momentos. No obstante, especialistas advierten que persisten debilidades estructurales, entre ellas el elevado costo de los seguros y las dificultades para acceder a la vivienda.
Desde las filas demócratas, la representante estatal Fentrice Driskell sostuvo que la población demanda acciones concretas de alivio económico, y no únicamente iniciativas atractivas en lo discursivo. “Escuchamos a nuestros vecinos y lo que les importa es la asequibilidad. Están cansados de los titulares, de las guerras culturales, de sentir que su gobierno no se preocupa por ellos o no los escucha”, advirtió Fentrice.
Un mensaje político en un contexto de alto costo de vida
La propuesta llega en un momento en que muchos residentes de Florida enfrentan presiones económicas crecientes, como el encarecimiento de la vivienda, los seguros y los servicios básicos. En ese contexto, la eliminación de peajes para residentes se presenta como una medida de alivio directo, fácil de entender y con alto impacto simbólico.
Aunque no existe aún un calendario ni un texto legal concreto, el planteamiento ha logrado instalar el tema en la agenda pública y anticipa un debate intenso en el próximo ciclo legislativo.
La iniciativa de Ron DeSantis en materia de peajes encaja dentro de su estrategia más amplia de aliviar la presión fiscal sobre los residentes. De hecho, durante la más reciente sesión legislativa, los republicanos dieron luz verde a un paquete de recortes tributarios que contempló, entre otras medidas, exenciones para la caza y la pesca, exenciones sobre las rentas para el comienzo de las clases, entre otras.
“Realmente no nos quedan impuestos a nivel estatal que recortar. Es decir, no tenemos impuesto sobre la renta; todas las exenciones del impuesto sobre las ventas son permanentes”, afirmó DeSantis.
Un debate abierto con final incierto
Por ahora, la iniciativa de DeSantis funciona como una declaración de intención más que como una política definida. Su viabilidad dependerá de estudios financieros, acuerdos legales y del respaldo que logre dentro del Congreso estatal.
Mientras tanto, la discusión sobre quién debe pagar el costo de las autopistas en uno de los estados más visitados del país apenas comienza, y podría marcar un nuevo capítulo en la política de transporte de Florida.
