Senador estadounidense Patrick Leahy en La Habana reunido con Raúl Castro (Imagen tomada de AP)

A propósito de la reacción del senador demócrata por el estado de Vermont  Patrick Leahy, a las nuevas medidas tomadas por el presidente Donald Trump y su gabinete que restringen, entre otras cuestiones, las visitas de los estadounidenses a Cuba enmarcadas en el programa «people to people», casi 300 miembros de la sociedad civil cubana, entre ellos líderes opositores y activistas de derechos humanos, enviaron una carta abierta al político para que interceda en su diálogo con La Habana y el régimen deje de regular a los isleños frenando su libre movimiento, informa Diario de Cuba.


Leahy comentó el pasado 6 de junio su intención de presentar una ley en el Congreso de los EEUU que «garantice y proteja el derecho» de sus ciudadanos «a viajar libremente a cualquier lugar, sin que el Gobierno pueda impedirlo».

Hasta este viernes un total de 287 cubanos, de todas las profesiones, ideologías, y residentes en el extranjero o en la Isla, aplaudieron la iniciativa del senador demócrata, sin embargo aclararon algunos puntos.

Los cubanos le recordaron a Leahy que «los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en cualquier parte del mundo, deben de estar fuera del alcance de los gobiernos. No deben ser objeto de la interpretación política de quienes son elegidos justamente para protegerlos».

«En su presentación Ud. contrastaba en este asunto la posición de su Gobierno, democráticamente electo, con la del Gobierno cubano, no electo por el pueblo, argumentando que un gobierno represivo era capaz, no obstante, de permitir la libre entrada y salida de Cuba a nuestros connacionales», expusieron.


De igual modo en su misiva explicaron al senador estadounidense que la reforma migratoria de 2013 en Cuba, además de incompleta está rota.

«Solo un año después de su implementación, comenzó a ser violentada por el Gobierno cubano cuando algunos de nuestros compatriotas, desde médicos a ingenieros a amas de casa, ciudadanos todos en plenitud de sus derechos, veían como en el aeropuerto se les comunicaba la prohibición, sin mandato legal, de viajar fuera del país», sostuvieron.

En el documento los antillanos enfatizan que a lo largo de cinco años, organizaciones de la sociedad civil han sido rigurosas documentando los hechos, y «ya son más de 300 los compatriotas a quienes de forma arbitraria se les impide salir al exterior. Y no solo al exterior. También se les impide viajar y residir libremente dentro del país», puntualizan.

La carta rememora que «mientras en Estados Unidos los funcionarios, policías incluidos, pueden ser llevados a juicio y sancionados cuando violan los derechos de sus ciudadanos, en Cuba gozan de total impunidad no solo para violarlos sino para violentar, golpear, secuestrar y humillar a simples ciudadanos que solo quieren llegar al aeropuerto o a cualquier terminal de transporte dentro de Cuba para ejercer de forma pacífica un derecho consagrado constitucionalmente, como expresión de la voluntad entera de una nación».

La sociedad civil independiente de Cuba pidió al Gobierno y al Congreso estadounidense «mirar también al pueblo de Cuba, que evidentemente no es lo mismo que el Gobierno de Cuba».

Explicaron que «los cambios actuales en la política migratoria hacia nuestro país no favorecen ni al pueblo, incluido a miles de familias a ambos lados del Estrecho de la Florida, ni a ciudadanos cubanos proactivos en la lucha por la democracia».

Finalmente propusieron al demócrata trasladar a Cuba la necesidad del «respeto de la ley y la Constitución» que el régimen aprobó en febrero y puso en vigor el 10 de abril pasado. Además de que en una de sus visitas a la Isla comunista busque propiciar un intercambio con los regulados en el país caribeño, quienes sufren de una nueva forma de discriminación civil.