La organización cobraba hasta 40,000 dólares por facilitar la entrada a Estados Unidos y utilizaba empresas pantalla para ocultar ingresos, según las autoridades federales.
Cinco ciudadanos cubanos y un estadounidense recibieron condenas de entre dos y cuatro años de prisión en Tampa por su participación en una red internacional que combinaba tráfico de migrantes, fraude de asilo y lavado de dinero. La organización promocionaba sus servicios en redes sociales dirigidas a residentes de Cuba y estaba vinculada a más de 1,700 solicitudes de asilo fraudulentas, informó el Departamento de Justicia.
Las sentencias, anunciadas el 29 de octubre, forman parte de un proceso contra doce personas. Según las autoridades, la operación cobraba entre 1,500 y 40,000 dólares por sus servicios de traslado y, en ocasiones, contrataba vuelos privados para transportar grupos de migrantes.
El negocio continuaba después de la llegada a Estados Unidos: integrantes de la red preparaban y presentaban documentación fraudulenta para solicitar asilo y otros beneficios migratorios a cambio de dinero.
De los anuncios en redes sociales a las solicitudes fraudulentas
Según los documentos judiciales descritos por la Fiscalía, la organización facilitaba cruces ilegales por la frontera sur y utilizaba solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, conocido como ESTA, para gestionar entradas por puertos oficiales.
Una parte de los servicios se dirigía a cubanos con ciudadanía europea. Los organizadores presentaban solicitudes con direcciones falsas e información engañosa sobre la residencia y los viajes de los interesados, ocultando que vivían en Cuba.
La operación también incluía la compra de boletos, la coordinación de alojamientos y las instrucciones sobre qué responder ante funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza.
Una vez dentro de Estados Unidos, muchos de los migrantes recurrían al negocio de trámites migratorios vinculado a la misma organización, donde se elaboraban las solicitudes fraudulentas.
Una administradora del negocio recibió la mayor condena
Liannys Yaiselys Vega-Perez, de 27 años, fue sentenciada a cuatro años de prisión, la pena más alta entre las seis anunciadas.
La Fiscalía la identificó como la principal administradora del negocio de beneficios migratorios y señaló que presentó personalmente cientos de solicitudes de asilo fraudulentas. También participaba en la logística de los traslados mediante la compra de vuelos internacionales y domésticos.
Vega-Perez se había declarado culpable de conspiración para facilitar la entrada ilegal de migrantes con fines de lucro, cometer fraude de asilo y realizar dos modalidades de lavado de dinero.
Las otras condenas fueron:
| Sentenciado | Pena de prisión |
|---|---|
| Layra Libertad Treto Santos, de 30 años | 30 meses |
| Miguel Martinez Vasconcelos, de 31 años | 2 años |
| Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 32 años | 2 años |
| Walbis Pozo-Dutel, de 32 años | 2 años |
| Emanuel Martinez Gonzalez, de 29 años | 2 años |
Los seis se habían declarado culpables, aunque los cargos admitidos variaban según su participación en la operación.
Treto Santos trabajó como empleada y administradora del negocio y presentó solicitudes de asilo fraudulentas. Según el comunicado, también utilizó los servicios de traslado de la red para ella y familiares, y recomendó a otros cubanos que recurrieran a la organización.
Boletos de avión, pasaportes enviados desde México y coordinación de viajes
La investigación describió distintas funciones dentro del grupo.
Martinez Vasconcelos compraba pasajes y aportaba fondos para vuelos chárter. Las autoridades indicaron que transfirió personalmente al menos 150,000 dólares a compañías fuera de Estados Unidos para impulsar esas actividades.
Escalona-Marrero coordinaba con un colaborador en México el envío de pasaportes cubanos a territorio estadounidense. Según la Fiscalía, buscaban evitar que la Patrulla Fronteriza los confiscara durante el cruce, de manera que sus titulares pudieran utilizarlos posteriormente en sus trámites de asilo.
Pozo-Dutel proporcionaba información sobre hoteles y vuelos a lo largo de las rutas y orientaba a los viajeros sobre cómo responder a los agentes fronterizos.
Martinez Gonzalez, por su parte, ayudaba a organizar los desplazamientos de los migrantes tras su llegada a Estados Unidos y recibía pagos como parte de la operación.
Más de 22 millones de dólares lavados
La dimensión financiera del caso fue otro de los puntos centrales de la investigación. Según la Fiscalía, los implicados lavaron más de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025.
Para ocultar el origen de los ingresos, utilizaban empresas pantalla por las que movían el dinero antes de distribuirlo entre participantes de la red.
El volumen de viajes también quedó reflejado en los gastos: entre julio de 2022 y noviembre de 2024, la organización desembolsó más de 600,000 dólares en vuelos comerciales con una sola aerolínea.
Además de las penas de prisión, se ordenaron decomisos de 2.9 millones de dólares a Escalona-Marrero, 150,000 dólares a Martinez Vasconcelos y 95,000 dólares a Treto Santos.
Dos acusados permanecen prófugos
El proceso no termina con estas seis condenas. Según el comunicado, Yuniel Lima-Santos y Gisleivy Peralta Consuegra se declararon culpables y esperan sentencia. Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez fue declarado culpable tras un juicio en septiembre y también está pendiente de recibir su pena.
Otro implicado, Erik Ventura-Castro, fue sentenciado el 29 de julio a 30 meses de prisión. Marianny Lucia Lopez-Torres y Frandy Aragon-Diaz permanecen prófugos.
En la investigación participaron HSI Tampa, la Patrulla Fronteriza del sector Miami, la unidad de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS y la división de investigaciones criminales del IRS, con asistencia de otras agencias y autoridades de las Islas Caimán.
