Declaran culpable a cubano de Hialeah por una red que movió más de $20 millones traficando migrantes

Un jurado federal en el Distrito Medio de Florida declaró culpable a Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, cubano de 28 años residente en Hialeah, por su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes y al lavado de dinero. La red cobraba entre $1,500 y $40,000 por persona y, de acuerdo con los registros financieros presentados en el juicio, movió más de $20 millones a través de al menos 57 cuentas bancarias.

El veredicto supone un avance decisivo en un caso que comenzó a hacerse público en 2025, cuando las autoridades federales acusaron a 12 personas de integrar una operación que combinaba ofertas de viajes, solicitudes migratorias fraudulentas y traslados de cubanos por distintos países antes de su llegada a Estados Unidos. Cabrera-Rodríguez será sentenciado el 17 de diciembre de 2026 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Esa cifra es el límite posible señalado por la Fiscalía, no una condena ya impuesta.

La agencia de viajes que daba apariencia legal a la operación

Según el Departamento de Justicia, Cabrera-Rodríguez empleó su agencia de viajes como fachada para organizar parte de los movimientos de la red. Desde allí se tramitaban autorizaciones de viaje, se compraban boletos de avión y se coordinaban trayectos con otros integrantes de la organización en distintos países de América.

La apariencia de un servicio turístico o migratorio legítimo era central para captar clientes. La organización anunciaba en redes sociales supuestas opciones de visado y de entrada a Estados Unidos dirigidas a ciudadanos cubanos. De acuerdo con la acusación presentada originalmente, también utilizaba plataformas de mensajería, incluido un grupo de WhatsApp dedicado a promocionar trámites de ESTA y visas de turismo para presuntos ciudadanos españoles.

La Fiscalía sostiene que la red ayudaba a solicitantes cubanos a presentarse falsamente como ciudadanos europeos para intentar viajar bajo el programa de exención de visa. En ese proceso se presentaron cientos de solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje, conocido como ESTA, con direcciones inventadas y otros datos falsos. Según el comunicado emitido tras el juicio, Cabrera-Rodríguez completó y presentó al menos 600 solicitudes de ese tipo.

Los fiscales indicaron además que en los formularios se afirmaba falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, aunque se encontraban en la isla al momento de presentarse las solicitudes. El uso de esas declaraciones permitía a la red intentar sortear las restricciones del programa y dar a los viajes una apariencia de cumplimiento de las normas migratorias.

De Cuba a terceros países y luego a Estados Unidos

El esquema no se limitaba a llenar formularios. Las pruebas descritas por el Departamento de Justicia muestran una operación logística que incluía la compra de vuelos internacionales y nacionales para transportar migrantes desde sus países de origen, entre ellos Cuba, hacia terceros destinos y posteriormente hacia Estados Unidos o dentro de su territorio. Las autoridades afirman que la organización alentó a miles de cubanos a entrar al país por la frontera sur.

Los precios variaban considerablemente. Según la Fiscalía, los integrantes cobraban desde $1,500 hasta $40,000 por sus servicios y, en determinadas ocasiones, incluso contrataron aviones privados para trasladar grupos de personas. Los documentos del caso no indican que cada cliente haya pagado la tarifa máxima ni que todos hayan seguido el mismo recorrido.

El dinero destinado a los traslados también dejó un rastro internacional. Entre 2021 y 2024, Cabrera-Rodríguez y otros participantes enviaron más de $600,000 desde Estados Unidos para comprar vuelos asociados con la entrada irregular de migrantes, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

El rastro de más de $20 millones

La investigación financiera permitió reconstruir otra parte del funcionamiento de la red. Los registros examinados por la Fiscalía muestran que más de $20 millones circularon por al menos 57 cuentas bancarias controladas por Cabrera-Rodríguez y sus cómplices durante la conspiración. Las autoridades también determinaron que enviaban fondos de forma habitual a empresas fuera de Estados Unidos.

La cifra de $20 millones representa el volumen de dinero que pasó por esas cuentas, según los registros citados por el gobierno. No debe interpretarse como el beneficio personal de Cabrera-Rodríguez ni como una cantidad que haya quedado íntegramente en manos de la organización.

Cuando se anunció la acusación ampliada en septiembre de 2025, el Departamento de Justicia había informado de más de $18 millones recibidos por la red, calculados a partir del análisis de 27 cuentas conocidas hasta entonces. El comunicado publicado tras el veredicto ofrece una cifra mayor y menciona al menos 57 cuentas, lo que muestra el alcance más amplio de la evidencia financiera expuesta en el caso.

Supuestos servicios migratorios y solicitudes de asilo

La investigación también describió una empresa que prometía a sus clientes preparar solicitudes de asilo, permisos de trabajo y trámites de residencia. Según la acusación de 2025, bajo esa oferta se elaboraban declaraciones de asilo estandarizadas sin el conocimiento o consentimiento de algunos clientes. Las autoridades sostuvieron asimismo que algunos solicitantes eran privados del acceso a sus propias cuentas en línea de USCIS.

Esas alegaciones forman parte del contexto de la causa contra la organización. En el caso específico de Cabrera-Rodríguez, el jurado lo declaró culpable de conspiración para el tráfico de migrantes con fines de lucro, conspiración para lavado internacional de dinero y conspiración para ocultar dinero mediante lavado. El comunicado del veredicto no lo presenta como condenado por un cargo separado de fraude de asilo.

Qué ocurrió con los otros acusados

La acusación ampliada incluyó a 12 personas. De acuerdo con la actualización del Departamento de Justicia, Liannys Yaiselys Vega-Pérez, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martínez González, Walbis Pozo-Dutel, Luis Emmanuel Escalona-Marrero y Gisleivy Peralta Consuegra se declararon culpables y esperan sentencia.

Otro implicado, Erik Ventura-Castro, también residente en Hialeah, se declaró culpable en mayo y fue condenado el 29 de julio a 30 meses de prisión. Su sentencia corresponde a su propia participación y no anticipa necesariamente la pena que recibirá Cabrera-Rodríguez.

La decisión que falta

Tras el veredicto del jurado, el siguiente paso es la audiencia del 17 de diciembre, cuando un juez federal determinará la pena de Cabrera-Rodríguez. Para hacerlo deberá considerar las pautas federales de sentencia y los factores legales del caso. Hasta esa fecha, la condena de hasta 20 años sigue siendo una posibilidad máxima, no el resultado definitivo del proceso.