Un ciudadano cubano residente en Tampa se declaró culpable de múltiples cargos federales relacionados con una extensa operación de tráfico de inmigrantes, fraude migratorio y lavado de dinero que utilizaba, entre otros métodos, solicitudes fraudulentas del programa ESTA para facilitar la entrada de cubanos a Estados Unidos.
Yuniel Lima-Santos, de 31 años, admitió su responsabilidad en una conspiración que, según documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), promovía sus servicios a través de diferentes plataformas de redes sociales y alentaba a miles de ciudadanos cubanos a intentar ingresar al país.
Lima-Santos enfrenta ahora una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de su sentencia será fijada posteriormente.
La trama ofrecía ESTA fraudulentos a ciudadanos cubanos
Uno de los elementos centrales del esquema era la utilización fraudulenta del Electronic System for Travel Authorization (ESTA), mecanismo que permite a ciudadanos de determinados países viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa.
Los ciudadanos cubanos no pueden simplemente solicitar ESTA por su nacionalidad cubana. De acuerdo con los fiscales, la organización ayudaba a clientes cubanos a realizar afirmaciones falsas relacionadas con ciudadanía europea para intentar utilizar el programa.
Las autoridades aseguran que fueron presentadas cientos de solicitudes fraudulentas de ESTA ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizando direcciones falsas y documentos fabricados.
Entre las declaraciones falsas realizadas en las solicitudes figuraba que los viajeros no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que, según el gobierno federal, algunos se encontraban realmente en la isla cuando las solicitudes fueron presentadas.
Los fiscales sostienen que los involucrados conocían las restricciones existentes y aun así continuaban presentando la información fraudulenta.
Cobraban entre $1,500 y $40,000
La operación podía cobrar a los inmigrantes entre $1,500 y $40,000 por sus servicios, dependiendo de las circunstancias del viaje.
La magnitud de las operaciones llegó al punto de que algunos integrantes de la conspiración presuntamente alquilaban aviones privados para transportar grupos de inmigrantes, según el Departamento de Justicia.
Lima-Santos habría participado específicamente en la logística necesaria para trasladar personas desde sus países de origen —incluida Cuba— hacia Estados Unidos.
Entre sus actividades estaba la compra de vuelos nacionales e internacionales destinados a mover a los inmigrantes hacia territorio estadounidense y posteriormente dentro del país.
Más de $600,000 enviados al extranjero
Los documentos judiciales también revelan importantes movimientos de dinero.
Entre 2021 y 2024, Lima-Santos transmitió internacionalmente más de $600,000 desde Estados Unidos para adquirir vuelos utilizados por inmigrantes que buscaban entrar ilegalmente al país, según las autoridades federales.
El cubano también presentó documentos corporativos en Florida para crear una empresa que, según los fiscales, funcionaba como una compañía fachada.
La entidad no tenía empleados, nómina ni ingresos declarados, pero habría sido utilizada para mover dinero procedente del tráfico de inmigrantes y ocultar el verdadero origen de los fondos.
Mujeres cubanas y deudas por el viaje
Uno de los aspectos más graves revelados por el Departamento de Justicia involucra a mujeres cubanas.
Lima-Santos y el coacusado Frandy Aragon Diaz introdujeron ilegalmente a cinco personas en Estados Unidos, según la declaración de culpabilidad.
Lima-Santos también admitió haber ayudado a Aragon Diaz a traer ilegalmente a mujeres cubanas a Estados Unidos, tras lo cual trabajarían en clubes de striptease para pagar las deudas contraídas por el traslado.
Este elemento forma parte de la descripción presentada por las autoridades sobre las operaciones de la organización.
Nueve cargos y hasta 20 años de cárcel
Lima-Santos se declaró culpable de:
- Un cargo de conspiración para cometer tráfico de inmigrantes con fines de lucro.
- Cinco cargos de tráfico de inmigrantes con fines de lucro.
- Un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos.
- Un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
- Un cargo relacionado con conspiración para ocultar instrumentos de lavado de dinero.
La pena definitiva será determinada por un juez federal después de considerar las pautas federales de sentencia y otros factores establecidos por la ley.
Doce personas fueron acusadas
El caso forma parte de una investigación federal considerablemente más amplia.
Un total de 12 personas fueron acusadas en una imputación formal ampliada por sus presuntas funciones dentro de la conspiración.
Además de Lima-Santos, Liannys Yaiselys Vega-Perez, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martinez Gonzalez, Walbis Pozo-Dutel y Luis Emmanuel Escalona-Marrero ya se declararon culpables y esperan sentencia.
Otro acusado, Erik Ventura-Castro, se declaró culpable el pasado 7 de mayo y fue condenado el 29 de julio a 30 meses de prisión.
Por su parte, Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez y Gisleivy Peralta Consuegra permanecen a la espera de un juicio programado para comenzar el 21 de septiembre.
USCIS, HSI y la Patrulla Fronteriza participaron en la investigación
La investigación estadounidense fue encabezada por HSI Tampa, la Patrulla Fronteriza del Sector Miami y la unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, con apoyo de otras unidades federales.
Las autoridades de las Islas Caimán también prestaron asistencia.
El procesamiento contó además con el apoyo de Joint Task Force Alpha (JTFA), iniciativa federal enfocada en combatir organizaciones de tráfico y trata de personas y otras redes criminales transnacionales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las operaciones de JTFA han producido hasta ahora más de 477 arrestos nacionales e internacionales, más de 431 condenas en Estados Unidos y más de 370 sentencias significativas de prisión.
El caso representa además una nueva advertencia sobre las consecuencias de utilizar documentos, declaraciones o mecanismos migratorios fraudulentos para intentar obtener la entrada o un estatus legal en Estados Unidos, especialmente cuando estas operaciones forman parte de organizaciones dedicadas al tráfico de personas.
