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El gobierno de Estados Unidos elevó el tono de sus advertencias contra los inmigrantes y otros extranjeros que intenten registrarse o participar ilegalmente en una elección, en medio de una revisión federal de los padrones antes de los comicios legislativos de noviembre de 2026.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que las autoridades buscarán identificar, investigar y procesar penalmente a las personas que no sean ciudadanas estadounidenses y traten de votar, así como a quienes utilicen la identidad o el registro electoral de otra persona.
El mensaje está dirigido especialmente a inmigrantes indocumentados, residentes permanentes, beneficiarios de programas temporales, solicitantes de asilo y personas con procesos migratorios pendientes. Ninguno de esos estatus concede automáticamente el derecho a participar en elecciones federales.
La advertencia también pretende despejar una confusión frecuente entre algunos extranjeros: tener una licencia de conducción, una identificación Real ID, un permiso de trabajo, una tarjeta de residencia o un número de Seguro Social no convierte a una persona en ciudadana estadounidense ni la autoriza por sí solo a votar.
DHS anuncia mayor vigilancia sobre los registros electorales
La ofensiva forma parte de una estrategia federal para examinar los padrones electorales, comprobar la elegibilidad de los votantes y detectar posibles registros que correspondan a personas sin ciudadanía.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, advirtió que no habrá excepciones para quienes intenten violar las leyes electorales. Según su declaración, la vigilancia también alcanzará a las personas que voten en nombre de terceros o utilicen datos ajenos para emitir una boleta.
Las autoridades anticiparon que las verificaciones se desarrollarán antes, durante y después de las elecciones de mitad de mandato. El proceso incluirá el análisis del voto anticipado, las inscripciones recientes y los registros que permanezcan activos después de los comicios.
El gobierno presenta estas medidas como una forma de proteger la integridad electoral, evitar la participación de personas no elegibles y reforzar la confianza de los ciudadanos en los resultados.
Más de 256,000 registros quedan bajo revisión en cuatro estados
El secretario informó que identificó a 256,463 personas no ciudadanas que podrían aparecer inscritas en los padrones electorales de California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania. California concentra la cifra más elevada, con 190,832 registros señalados para revisión. Nueva Jersey aparece con 35,152; Nevada, con 15,903; y Pensilvania, con 14,576.
«Hemos identificado 250,000 no ciudadanos registrados para votar en solo cuatro estados. Tenemos 46 estados más», dijo en un video compartido por la cuenta en X del DHS.
“We've identified 250,000 noncitizens registered to vote in just four states… We also worked with proactive states to identify 28,000 noncitizens on their voter rolls, PLUS 400,000 individuals that are still registered to vote that are deceased.” @SecMullinDHSpic.twitter.com/DOaxInPMOb
Estas cifras no significan necesariamente que todas esas personas hayan votado o cometido un delito. La información divulgada se refiere a individuos potencialmente registrados, por lo que será necesario revisar cada expediente para determinar si existe una inscripción irregular, un error administrativo, un registro antiguo o información que no fue actualizada después de una naturalización.
El DHS envió comunicaciones a las autoridades electorales de los cuatro estados para solicitar una comprobación detallada de los datos. También pidió que sean retiradas de los padrones las personas que, después de la revisión, resulten no elegibles. Los estados tendrían un plazo limitado para responder y explicar qué medidas adoptarán ante las inconsistencias señaladas.
La cifra podría crecer cuando la revisión llegue a otros estados
Mullin indicó que los datos conocidos representan apenas una parte del proceso, debido a que la investigación inicial se concentró en cuatro estados donde detectaron 28 mil no ciudadanos. La revisión podría ampliarse a las otras 46 jurisdicciones del país, lo que elevaría considerablemente el número de registros sometidos a verificación.
El funcionario explicó que parte de la información se obtuvo mediante archivos públicos, ya que el gobierno federal no tuvo acceso directo a todas las bases de datos administradas por los estados.
El sistema electoral estadounidense está descentralizado. Cada estado establece y administra sus propios procedimientos de inscripción, mantenimiento de padrones, verificación de identidad y eliminación de registros. Esa autonomía ha provocado enfrentamientos recurrentes entre el gobierno federal y algunas autoridades estatales sobre el acceso a la información electoral.
En los estados que sí habrían cooperado con las autoridades, el DHS asegura haber identificado otros 28,000 posibles registros de personas no ciudadanas. El gobierno también informó que aproximadamente 400,000 personas fallecidas continuarían apareciendo en diferentes padrones, aunque permanecer registrado no significa necesariamente que se haya emitido un voto en nombre de esas personas.
Estar inscrito no demuestra que alguien haya votado
Uno de los aspectos centrales de la controversia es la diferencia entre aparecer en un padrón y haber participado efectivamente en una elección. Una persona puede permanecer registrada debido a un error, a una mudanza, a la falta de actualización de los archivos o a un procedimiento automático de inscripción. Esto no prueba por sí solo que haya solicitado una boleta o emitido un voto.
Las autoridades deberán determinar cuántos de los registros cuestionados corresponden a extranjeros, cuántos pertenecen a ciudadanos naturalizados y cuántos son producto de datos incompletos o desactualizados.
También tendrán que establecer si existió intención de engañar. En los procesos penales, la intención puede ser relevante para diferenciar entre una equivocación administrativa y una conducta deliberada destinada a participar ilegalmente en una elección.
Aun así, los inmigrantes deben actuar con cautela. Firmar una solicitud de registro o declarar falsamente que se posee la ciudadanía puede generar consecuencias aunque la persona finalmente no llegue a votar.
Real ID no es una prueba de ciudadanía estadounidense
El DHS hizo especial énfasis en las identificaciones compatibles con el sistema Real ID, debido a que algunos inmigrantes podrían interpretar erróneamente que esos documentos demuestran ciudadanía.
Real ID es un estándar federal de seguridad aplicado a licencias de conducción y tarjetas de identificación estatales. Su función principal es acreditar la identidad de una persona para determinados usos oficiales, como abordar vuelos comerciales dentro del país o ingresar a ciertas instalaciones federales.
Sin embargo, estas identificaciones también pueden ser emitidas a extranjeros que se encuentran legalmente en Estados Unidos bajo diferentes categorías migratorias. Por esa razón, poseer una Real ID no significa que la persona sea ciudadana ni que tenga derecho a votar. «Debe ser ciudadano estadounidense y debe ser elegible para votar», añadió Mullin.
Lo mismo ocurre con una licencia de conducción regular, un permiso de trabajo, un número de Seguro Social o una tarjeta de residencia permanente. Estos documentos pueden demostrar identidad, autorización laboral o estatus migratorio, pero no sustituyen la ciudadanía exigida para participar en elecciones federales.
Una green card tampoco autoriza a votar
Los residentes permanentes legales, conocidos comúnmente como titulares de una green card, pueden vivir y trabajar en Estados Unidos, viajar bajo determinadas condiciones y solicitar la naturalización cuando cumplan los requisitos. No obstante, continúan siendo extranjeros hasta que completan el proceso de ciudadanía y prestan el juramento de naturalización.
Un residente permanente que se registra o vota ilegalmente puede enfrentar consecuencias penales y migratorias. La conducta podría ser considerada durante una solicitud de ciudadanía y, dependiendo de las circunstancias, dar lugar a procedimientos de expulsión.
Los beneficiarios de TPS, parole humanitario, DACA, permisos de trabajo, visas temporales, asilo pendiente o protección contra la deportación tampoco pueden votar en elecciones federales mientras no se conviertan en ciudadanos. El tiempo de residencia en el país, el pago de impuestos o el hecho de tener hijos estadounidenses no modifican esa prohibición.
Recibir una tarjeta electoral por correo no concede el derecho a votar
Otro escenario de riesgo ocurre cuando un inmigrante recibe por correo una tarjeta de inscripción, una boleta o información electoral debido a un error administrativo. La recepción de esos documentos no constituye una autorización legal. La responsabilidad de verificar la elegibilidad continúa recayendo sobre la persona.
En algunos estados, el registro puede ofrecerse al tramitar una licencia de conducción o realizar gestiones ante una agencia pública. Cuando los sistemas no diferencian correctamente el estatus migratorio, un extranjero puede terminar inscrito por equivocación.
Ante esa situación, la persona no debe utilizar el registro ni emitir una boleta. Lo recomendable es comunicarse con la autoridad electoral correspondiente para corregir la información y conservar evidencia del trámite realizado.
Ignorar el error y participar en una elección puede transformar una irregularidad administrativa en un problema penal y migratorio de mayor gravedad.
Las sanciones podrían alcanzar cinco años de prisión
La advertencia oficial señala que el registro fraudulento y el voto ilegal pueden provocar condenas de hasta cinco años de prisión y multas que podrían llegar a los 250,000 dólares. «Aplicaremos la máxima presión en esto», advirtió el funcionario. La sanción concreta dependerá de los cargos presentados, de la conducta investigada y de las leyes federales o estatales aplicables.
Entre las acciones que pueden generar una investigación se encuentran declarar falsamente que se posee la ciudadanía, proporcionar información fraudulenta en un formulario, votar más de una vez, utilizar el nombre de otra persona o participar en una elección sin cumplir los requisitos legales. Las autoridades también pueden investigar a quienes ayuden conscientemente a otra persona a registrarse o votar de manera ilegal.
El proceso no termina necesariamente con la condena penal. Para un extranjero, el caso puede ser remitido a las agencias migratorias y utilizado como fundamento para negar beneficios o iniciar un procedimiento de deportación.
«Todo estadounidense, independientemente de su afiliación política, necesita saber que cuando participa en nuestra democracia votando, su voto será seguro y contado correctamente. Cualquier otra cosa es inaceptable», destacó Mullin.
Una falsa declaración de ciudadanía puede tener consecuencias permanentes
Una de las conductas más delicadas para cualquier inmigrante es declarar falsamente que es ciudadano estadounidense. Esa afirmación puede aparecer en formularios electorales, solicitudes de empleo, documentos públicos o trámites ante distintas instituciones.
En materia migratoria, una falsa declaración de ciudadanía puede convertirse en un obstáculo particularmente grave. Puede afectar solicitudes de residencia, naturalización, asilo, visas y otros beneficios. A diferencia de otras infracciones, existen situaciones en las que resulta muy difícil obtener un perdón migratorio después de haber afirmado falsamente que se posee la ciudadanía.
Por eso, los inmigrantes deben revisar cuidadosamente cualquier formulario antes de firmarlo, especialmente cuando incluya preguntas sobre ciudadanía, nacionalidad o elegibilidad electoral.
El gobierno revisará el voto anticipado y los datos posteriores a los comicios
La administración federal pretende realizar comprobaciones durante diferentes etapas del proceso electoral. Antes de las elecciones, las autoridades buscarán identificar registros cuestionables y solicitar que los estados corrijan sus padrones.
Durante el período de voto anticipado, podrían compararse nuevas inscripciones y datos electorales con registros migratorios disponibles. Después de los comicios, el gobierno planea revisar quiénes emitieron votos y determinar si alguna persona no elegible participó.
En los estados que no entreguen directamente sus bases de datos, las autoridades federales recurrirán a registros públicos, archivos judiciales, información migratoria y otras fuentes disponibles. Esta estrategia podría generar nuevas disputas legales sobre la privacidad de los votantes, la autoridad de los estados y los límites del gobierno federal para intervenir en la administración electoral.
SAVE procesó alrededor de 67 millones de registros
El Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, conocido como SAVE, procesó aproximadamente 67 millones de registros electorales entre marzo y mayo de 2026. El programa fue diseñado para que las agencias gubernamentales verificaran el estatus migratorio de las personas que solicitan determinados beneficios públicos.
Su utilización en el ámbito electoral ha aumentado como parte de los esfuerzos para comparar los padrones estatales con la información migratoria federal.
No obstante, el sistema no está libre de errores. Las bases de datos pueden tardar en reflejar cambios recientes, especialmente cuando un residente permanente se naturaliza y su nuevo estatus no aparece inmediatamente en todos los archivos. También pueden ocurrir coincidencias incorrectas entre personas con nombres similares o datos incompletos.
Tribunal interviene por posibles falsos positivos
Una corte federal bloqueó temporalmente el uso de la base de datos para determinadas depuraciones electorales después de que se denunciaran falsos positivos que habrían afectado a ciudadanos naturalizados, especialmente latinos.
El fallo puso de relieve uno de los principales riesgos de las revisiones masivas: eliminar a ciudadanos que sí cumplen los requisitos debido a información desactualizada o a errores en los sistemas.
Las organizaciones defensoras de los derechos civiles advierten que una depuración acelerada podría dejar fuera del padrón a votantes legítimos, particularmente a ciudadanos nacidos fuera del país.
Por ese motivo, los estados deben notificar a las personas afectadas y permitirles demostrar su ciudadanía antes de cancelar definitivamente su inscripción. La controversia enfrenta dos objetivos: impedir registros ilegales y garantizar que ningún ciudadano elegible pierda su derecho al voto por un error burocrático.
SAVE America Act sigue detenida en el Senado
La revisión federal coincide con el debate sobre la denominada SAVE America Act, una propuesta que exigiría presentar pruebas documentales de ciudadanía para registrarse en elecciones federales. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes en febrero de 2026, pero continúa estancada en el Senado.
Sus defensores consideran que la presentación de documentos reduciría el riesgo de que personas no ciudadanas ingresen en los padrones. Los críticos sostienen que la medida podría dificultar el registro de ciudadanos que no tienen a mano un pasaporte o un certificado de nacimiento, incluidos adultos mayores, personas de bajos ingresos y ciudadanos nacidos en zonas rurales.
La discusión probablemente continuará a medida que se acerquen las elecciones, especialmente en los estados considerados decisivos para el control del Congreso.
Casos de cubanos muestran el alcance de las consecuencias
La advertencia tiene una relevancia particular para la comunidad cubana, donde algunas personas pueden confundir la residencia permanente o una larga permanencia en Estados Unidos con el derecho al voto.
Una ciudadana cubana con una orden de deportación vigente desde 1999 terminó condenada en Arkansas a cinco años de prisión después de ser acusada de votar ilegalmente en las elecciones de noviembre de 2024.
En otro proceso, un cubano cuya residencia permanente había sido revocada se declaró culpable en Florida y recibió sentencia en febrero de 2026 por una conducta similar. Los casos muestran que las autoridades pueden investigar hechos ocurridos años antes y comparar los registros electorales con los expedientes migratorios.
También evidencian que votar ilegalmente puede convertirse en el elemento que active un proceso penal o acelere la deportación de una persona que ya enfrentaba problemas con su estatus.
“We've identified 250,000 noncitizens registered to vote in just four states… We also worked with proactive states to identify 28,000 noncitizens on their voter rolls, PLUS 400,000 individuals that are still registered to vote that are deceased.” @SecMullinDHSpic.twitter.com/DOaxInPMOb
Naturalizarse es el paso que concede el derecho al voto
Los residentes permanentes solo adquieren el derecho a votar después de completar el proceso de naturalización. La aprobación de la entrevista o del examen de ciudadanía no es suficiente. La persona debe participar en la ceremonia correspondiente y prestar formalmente el juramento de lealtad.
A partir de ese momento puede registrarse como ciudadana, siempre que cumpla las reglas de edad, residencia y elegibilidad establecidas en su estado. Los inmigrantes que se encuentren a pocos días de la ceremonia de naturalización tampoco deben registrarse anticipadamente afirmando que ya son ciudadanos. El estatus cambia únicamente cuando el proceso ha sido completado oficialmente.
Qué hacer si un inmigrante aparece registrado por error
Una persona que no sea ciudadana y descubra que aparece en un padrón electoral debe evitar emitir cualquier voto y solicitar la cancelación o corrección del registro. También es conveniente conservar copias de cartas, correos electrónicos, formularios y comprobantes que demuestren que intentó solucionar la situación.
Si ya firmó una solicitud o participó en una elección, debería buscar asesoría legal antes de presentar nuevas explicaciones ante las autoridades. Entregar información contradictoria o intentar ocultar lo sucedido puede agravar el problema.
Cada caso depende de factores como la forma en que ocurrió la inscripción, el idioma utilizado, la información proporcionada por los funcionarios y si existió una intención consciente de hacer una declaración falsa.
Una advertencia que eleva la presión antes de noviembre
La decisión del DHS anticipa un clima de mayor vigilancia electoral y migratoria durante los meses previos a las elecciones legislativas de 2026. El gobierno federal busca ampliar el acceso a los registros estatales, utilizar sus bases de datos migratorias y procesar a quienes considere responsables de inscripciones o votos ilegales.
Al mismo tiempo, los tribunales deberán examinar si los mecanismos de revisión protegen adecuadamente a los ciudadanos naturalizados y evitan cancelaciones basadas en información incorrecta.
Para los inmigrantes, el mensaje central es contundente: ningún documento migratorio sustituye la ciudadanía estadounidense y cualquier participación indebida en una elección puede afectar no solo su libertad, sino también su posibilidad de permanecer legalmente en el país.
