La empresa canadiense Sherritt International suspendió parte de sus operaciones conjuntas en Cuba luego del endurecimiento de las sanciones estadounidenses impulsadas por la administración de Donald Trump el primero de mayo, una decisión que estremeció a sectores estratégicos de la economía cubana y elevó las preocupaciones sobre el futuro energético y financiero de la isla.
La compañía, considerada durante décadas uno de los inversionistas extranjeros más importantes en Cuba, confirmó que inició el retiro progresivo de personal expatriado y la reorganización de varias de sus operaciones tras considerar que el nuevo escenario político y financiero hacía extremadamente complejo continuar trabajando bajo las condiciones actuales.
El anuncio se produjo en un momento particularmente delicado para Cuba, marcada por apagones masivos, escasez de combustible, caída del turismo, falta de liquidez y crecientes dificultades para acceder a financiamiento internacional.
La decisión de Sherritt fue vista por analistas como uno de los impactos económicos más significativos derivados de la nueva ofensiva de Washington contra el gobierno cubano, especialmente porque la empresa mantenía una presencia clave en áreas estratégicas como minería, generación eléctrica y producción de níquel y cobalto.
Las nuevas sanciones de Washington golpearon el corazón financiero de las operaciones en Cuba
El detonante de la crisis fue la ampliación de las sanciones estadounidenses respaldas por la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales y dirigidas contra entidades y sectores considerados fundamentales para el sostenimiento económico del gobierno cubano.
La nueva orden ejecutiva impulsada por la Casa Blanca reforzó restricciones sobre actividades vinculadas con minería, energía, defensa, seguridad y finanzas, aumentando considerablemente el riesgo para empresas extranjeras con operaciones en la isla.
Aunque Sherritt no apareció formalmente en una lista de sancionados, la compañía reconoció que el endurecimiento del marco regulatorio creó obstáculos operativos y financieros que alteraron de manera material su capacidad de funcionamiento.
Uno de los principales temores estuvo relacionado con las llamadas sanciones secundarias, un mecanismo que permite a Estados Unidos penalizar o restringir a entidades financieras, bancos y proveedores que mantengan vínculos con compañías asociadas al gobierno cubano.
Sherritt ya acumulaba años de deterioro financiero y operativo
La decisión estuvo precedida por señales claras de deterioro operativo. Días antes la compañía dijo que estaba evaluando «con sus asesores y partes interesadas para evaluar las posibles implicaciones de la Orden Ejecutiva y está considerando los pasos a seguir en relación con los intereses de la Corporación en Cuba».
La crisis reveló además el delicado momento que atravesaba la empresa canadiense. Sherritt pasó de tener una valoración bursátil cercana a 4.800 millones de dólares en 2008 a apenas unos 186 millones en 2026, reflejando una caída dramática vinculada a años de dificultades financieras y operativas.
Entre los factores que golpearon a la empresa figuraron la crisis estructural de la economía cubana, la volatilidad del mercado internacional del níquel, restricciones comerciales derivadas del embargo estadounidense y problemas recurrentes de liquidez.
La compañía también arrastró históricas reclamaciones legales relacionadas con propiedades nacionalizadas tras la Revolución Cubana, especialmente sobre activos asociados a la mina de Moa. Ese conflicto permaneció durante años como uno de los temas más sensibles dentro de las disputas políticas y legales entre Cuba y Estados Unidos.
A ello se sumó que, meses antes del endurecimiento de sanciones, Sherritt ya había reducido parte de sus operaciones debido a la escasez de combustible y a las interrupciones energéticas dentro de la isla.
La empresa logró sostener temporalmente algunas actividades de refinación en Alberta, Canadá, utilizando inventarios acumulados de materia prima, aunque reconoció que esa solución tenía un alcance limitado.
Renuncias en la directiva reflejaron la magnitud de la crisis
En paralelo al anuncio, varios directivos de alto perfil abandonaron la junta de la compañía. Entre ellos figuraron el presidente Brian Imrie, además de Richard Moat y Brett Richards, movimientos que incrementaron las dudas sobre el futuro corporativo de Sherritt y la magnitud de las tensiones internas provocadas por el nuevo escenario geopolítico.
Analistas interpretaron las renuncias como una señal de la fuerte presión financiera, regulatoria y legal que comenzó a enfrentar la empresa tras el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba. La incertidumbre también afectó la percepción de inversionistas y mercados sobre la viabilidad futura de operaciones extranjeras en la isla.
La suspensión encendió alarmas sobre el sistema eléctrico cubano
Uno de los puntos más sensibles del anuncio estuvo relacionado con Energas, la empresa energética que opera 506 megavatios de capacidad eléctrica y en la que Sherritt poseía aproximadamente una tercera parte de participación
Energas era considerada la principal productora independiente de electricidad en Cuba y aportaba cerca del 10 % de la capacidad total de generación eléctrica del país. La relevancia de esta operación resultaba enorme en medio de la profunda crisis energética que golpeaba a la isla desde hacía meses.
Durante gran parte de 2025 y comienzos de 2026, Cuba experimentó extensos apagones diarios que en numerosas provincias superaron las 15 y hasta 20 horas consecutivas debido al colapso parcial de varias termoeléctricas, la falta de combustible y la imposibilidad de modernizar infraestructuras deterioradas.
La salida parcial o reducción operativa de un actor como Sherritt incrementó los temores de un agravamiento del déficit energético nacional. Analistas consideraron que cualquier afectación adicional sobre Energas podría traducirse en mayores interrupciones eléctricas, caída de la producción industrial y más presión sobre una economía ya debilitada.
Además, el gobierno cubano había dependido históricamente de asociaciones extranjeras como la de Sherritt para sostener proyectos energéticos que el Estado no podía financiar completamente por sí solo.
La minería de níquel y cobalto enfrentó un nuevo escenario de incertidumbre
La suspensión también afectó a la empresa mixta Moa, dedicada a la extracción y refinación de níquel y cobalto, dos minerales considerados estratégicos en la economía global moderna.
El níquel y el cobalto son materias primas esenciales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, componentes tecnológicos y sistemas de almacenamiento energético, industrias cuya demanda creció aceleradamente en los últimos años debido a la transición hacia energías limpias.
Cuba posee una de las mayores reservas de níquel del mundo, por lo que la operación de Moa representaba una fuente clave de divisas para el gobierno.
Sin embargo, la producción minera venía enfrentando problemas desde hacía meses debido a las limitaciones energéticas, escasez de combustible, deterioro logístico y falta de inversiones para mantenimiento y modernización tecnológica.
La presión derivada de las nuevas sanciones estadounidenses aumentó todavía más las dudas sobre la viabilidad futura de esas operaciones y sobre la capacidad de exportación del sector.
Expertos señalaron que cualquier reducción sostenida de producción podría afectar no solo los ingresos de Cuba, sino también cadenas internacionales de suministro vinculadas a minerales estratégicos.
La situación de Sherritt reflejó el creciente aislamiento económico de Cuba
La reducción de operaciones por parte de una compañía históricamente vinculada al desarrollo energético y minero cubano fue interpretada como otra señal del creciente aislamiento económico que enfrentaba La Habana.
Especialistas advirtieron que el temor a sanciones secundarias podría provocar que otras empresas extranjeras reconsideraran su presencia en Cuba, especialmente en sectores estratégicos donde las transacciones financieras internacionales son esenciales.
La situación ocurrió además en un contexto extremadamente complejo para el país, marcado por inflación, escasez de alimentos y medicamentos, caída de ingresos turísticos y un deterioro acelerado de la infraestructura nacional.
El caso de Sherritt evidenció cómo las nuevas medidas de Washington comenzaron a impactar no solo al gobierno cubano, sino también a empresas extranjeras que mantenían asociaciones económicas con la isla.
Para muchos observadores, el episodio representó una señal de advertencia sobre el nivel de vulnerabilidad económica que enfrentaba Cuba en medio del endurecimiento de las tensiones con Estados Unidos y de la peor crisis interna que vivía el país en décadas.
