Recaudador de impuesto de Miami-Dade lanza advertencia contra compañías locales que negocian con el régimen cubano: “Sabemos quiénes son y dónde están”

El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, emitió este lunes una firme advertencia a las empresas locales: quienes se beneficien ilegalmente mediante vínculos comerciales con el gobierno cubano enfrentarán “todas las consecuencias”. Su mensaje se ha convertido en un punto álgido dentro del debate sobre los límites del comercio con Cuba y las sanciones internacionales.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de Facebook, Fernández lanzó una advertencia contundente alegando que no permitirá que comercios o compañías busquen lucrar participando de manera ilegal en negocios con lo que calificó como la “dictadura comunista asesina” de Cuba.

Fundamento legal y medidas concretas

Base institucional
Fernández se ampara en el Estatuto 205.0532 de Florida, que faculta a las autoridades locales para revocar o negar la venia comercial a empresas relacionadas con Cuba. Además, cita medidas específicas del Código del Condado de Miami‑Dade, como la Ordenanza Administrativa No. 3‑13 y la sección 4.02 de la Carta Metropolitana, que refuerzan estas facultades administrativas.

“La ley de la Florida y el Código del Condado de Miami‑Dade son claros: quienes colaboren con este régimen enfrentarán todas las consecuencias”, agregó, recordando que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) puede confirmar la falta o revocación de licencias federales—lo que activaría automáticamente las sanciones locales.

Acción inminente
El recaudador adelantó que, en las próximas semanas, su oficina comenzará a enviar cartas de advertencia a negocios sospechosos y coordinará con autoridades locales, municipales y estatales para intensificar la aplicación de la ley. Empresas que desoigan estas advertencias podrían enfrentar cierres forzosos.

El recaudador de impuestos subrayó que su oficina ya tiene identificados a los empresarios que sostienen vínculos con La Habana. “Sabemos quiénes son y dónde están”, afirmó con contundencia, al tiempo que prometió desplegar todas las herramientas legales disponibles para frenar estas prácticas. Fernández insistió en que su compromiso es con la protección de la comunidad de Miami-Dade y con el cumplimiento estricto de la ley, sin espacio para excepciones ni complacencias.

Fernández precisó que la aplicación de estas sanciones dependerá de la confirmación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), encargada de verificar si una empresa carece de licencia federal o si esta le ha sido retirada. Una vez constatada la irregularidad, su oficina tomará cartas en el asunto.

Declaración pública y tono del mensaje

En sus redes sociales, Fernández fue categórico: “No toleraré a los negocios que intenten beneficiarse participando ilegalmente en el comercio con la dictadura comunista asesina de Cuba. El condado nunca será un refugio para los cómplices de la tiranía.”

Perfil del funcionario y su compromiso comunitario

Dariel Fernández es el primer recaudador de impuestos electo en el condado (asumió el cargo en enero de 2025 tras su victoria en noviembre de 2024). Nacido en Güines, Cuba, llegó a EE.UU. en 2002 y desarrolló una carrera como empresario, líder comunitario y político local; fue parte de la Cámara Hispana de Comercio, el movimiento Somos Más, y formó parte de la Cryptocurrency Task Force del condado.

Desde su campaña, Fernández impulsó la modernización gubernamental, la transparencia y mecanismos de eficiencia en servicios públicos; una de sus iniciativas destacadas fue instalar kioscos en supermercados Publix para facilitar la renovación de licencias de vehículos a los ciudadanos.

Este anuncio, por tanto, se enmarca tanto en su tradición política como en su identidad personal: “Se trata de defender la libertad, proteger a nuestros residentes y asegurar que nadie se enriquezca traicionando los valores que representamos.”

Relevancia en el contexto local y regional

La declaración de Fernández sucede en un marco de creciente presión del exilio cubano en el sur de Florida, que rechaza cualquier tipo de negocio que favorezca, directa o indirectamente, al régimen cubano. Este episodio refleja una línea dura adoptada por sectores que entienden que dichos lazos comerciales, incluso si son parciales o limitados, podrían reforzar a la dictadura.

Miami-Dade, bajo la dirección de Dariel Fernández, no solo está reforzando el cumplimiento de sanciones federales, sino que también está enviando un mensaje claro: en esta jurisdicción, la libertad y la legalidad son prioritarias. La combinación de presión legal, respaldo comunitario y liderazgo ejecutor convierte este hecho en una referencia clave para entender cómo operan la política local y las sanciones internacionales en Florida.

En el sur de Florida desde hace años se han intensificado las denuncias contra empresas radicadas en Miami que, según legisladores y autoridades locales, mantienen relaciones económicas ilegales o encubiertas con el régimen cubano. Para el exilio, estos nexos no solo desafían la legislación estadounidense, sino que constituyen un acto de traición moral hacia una comunidad que ha huido de la represión de La Habana.

En una ocasión la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar exigió al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado una investigación exhaustiva sobre compañías de transporte, agencias de viajes y firmas logísticas que podrían estar operando como puentes comerciales encubiertos hacia Cuba. Entre los nombres mencionados aparece Lux Sky Cargo, Inc., autorizada por las autoridades cubanas para manejar ventas de alimentos, repuestos, combustible e incluso autos desde Miami.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez en otro momento lanzó una alerta directa a agencias de viajes con presuntos vínculos con entidades militares o del Partido Comunista Cubano, recordando que “enfrentarán todo el peso de la ley de Estados Unidos”. Además, instó a los ciudadanos a denunciar a estas empresas a través del portal RepresoresCubanos.com.

Señalamientos a empresa locales

Aunque muchas de estas compañías se presentan como intermediarias legales de servicios o envíos, investigaciones periodísticas han revelado que algunas operan al filo de las sanciones, desviando recursos que terminan en manos de la élite castrista. Entre las señaladas en informes previos figuran VaCuba y Cubamax, incluidas en listas negras por sus nexos con entidades controladas por el ejército cubano.

El dilema moral y político

El debate no se limita al plano legal. Para muchos exiliados, permitir que compañías de Miami negocien con la dictadura es una burla a la memoria de los que huyeron de Cuba o pagaron con cárcel y exilio su oposición al régimen. La contradicción resulta evidente: mientras el discurso público en Miami enarbola la libertad, ciertos sectores empresariales parecen dispuestos a mirar hacia otro lado si de ganancias se trata.