Portadores de green card temen ser deportados tras nueva ofensiva migratoria de la administración Trump

La administración del presidente Donald Trump profundizó en 2026 una de las transformaciones más agresivas del sistema migratorio estadounidense al extender las investigaciones federales hacia residentes permanentes legales portadores de “green card”. La medida muestra cómo el gobierno federal amplió significativamente el alcance de sus políticas de control migratorio y comenzó a reevaluar expedientes de personas que durante años habían vivido legalmente en Estados Unidos.

La medida expone el endurecimiento migratorio que dejó de centrarse exclusivamente en inmigrantes indocumentados y pasó a incluir residentes legales, refugiados y beneficiarios de programas humanitarios aprobados durante la administración de Joe Biden. La estrategia provocó preocupación entre abogados especializados, organizaciones civiles y comunidades inmigrantes, que comenzaron a percibir un escenario mucho más incierto incluso para quienes ya poseían estatus legal permanente.

La ofensiva se produjo además en un contexto de creciente presión política sobre las agencias migratorias federales, fortalecimiento de ICE, expansión de operativos internos y nuevas órdenes ejecutivas impulsadas por Trump para endurecer tanto la inmigración ilegal como los mecanismos de supervisión sobre inmigrantes legalmente establecidos en el país.

USCIS creó una estructura especializada para revisar residentes permanentes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) organizó una nueva unidad interna dedicada específicamente a revisar expedientes migratorios de residentes legales permanentes.

La estructura fue identificada internamente como un “aparato de remoción de residentes permanentes legales” (“LPR removal apparatus”), una división cuya misión consiste en detectar posibles fraudes migratorios, omisiones en formularios, antecedentes criminales, inconsistencias administrativas o cualquier elemento susceptible de utilizarse como base para iniciar procesos de deportación.

El programa no solo se enfoca en personas con “green card”, sino también en casos vinculados a refugiados, asilados políticos y beneficiarios de determinados programas humanitarios otorgados en años recientes.

Documentos internos citados por el diario The New York Times revelan que hasta mayo de 2026 cerca de 2,900 expedientes se revisaron o permanecen bajo investigación federal. Al menos 50 residentes permanentes enfrentan procedimientos de deportación tras las evaluaciones realizadas por las autoridades migratorias.

Aunque el diario aclaró que más del 80 % de los casos revisados no terminaron en acciones adicionales, expertos señalaron que el simple hecho de reabrir expedientes antiguos generó preocupación entre millones de inmigrantes legales en Estados Unidos.

La revisión de casos también reflejó un cambio operativo importante dentro del USCIS, una agencia históricamente enfocada en procesar beneficios migratorios y no necesariamente en promover deportaciones de residentes legales.

El gobierno defendió la medida alegando razones de seguridad nacional

Funcionarios de la administración Trump defendieron públicamente la política asegurando que las revisiones respondían a razones de seguridad nacional y protección del sistema migratorio estadounidense.

Las autoridades argumentan que el objetivo es detectar individuos que hubieran obtenido beneficios migratorios mediante fraude, falsificación documental o información engañosa presentada durante procesos de residencia, asilo o naturalización.

Según el gobierno federal, las investigaciones buscan además identificar personas vinculadas con delitos graves, redes criminales o posibles amenazas para la seguridad del país.

La Casa Blanca sostuvo que las revisiones no están dirigidas contra todos los inmigrantes legales, sino contra casos específicos considerados problemáticos. Sin embargo, abogados de inmigración señalaron que el alcance del programa y la falta de claridad sobre los criterios utilizados provocaron temor generalizado dentro de las comunidades inmigrantes.

El endurecimiento de controles migratorios coincide además con una política mucho más agresiva de deportaciones impulsada por Trump durante su segundo mandato, que incluyó presiones sobre jueces migratorios, ampliación de centros de detención y aumento de operativos internos de ICE.

Residentes legales comenzaron a sentir temor e incertidumbre

El reportaje destaca que miles de inmigrantes comenzaron a sentirse vulnerables pese a contar con residencia permanente legal en Estados Unidos. Para muchos extranjeros establecidos durante décadas en el país, la “green card” representa una garantía relativamente sólida frente a deportaciones. Sin embargo, las nuevas revisiones federales alteraron esa percepción y generaron incertidumbre incluso entre personas sin antecedentes criminales graves.

El temor aumentó particularmente entre inmigrantes latinoamericanos, incluidos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y centroamericanos, comunidades que en los últimos años han dependido de distintos mecanismos migratorios para regularizar su situación en Estados Unidos.

Abogados especializados advirtieron que errores administrativos antiguos, omisiones involuntarias en formularios o inconsistencias menores podrían convertirse en argumentos para reabrir investigaciones migratorias.

La incertidumbre también se extendió hacia inmigrantes que han obtenido residencia mediante peticiones familiares, programas humanitarios o solicitudes de asilo aprobadas en administraciones anteriores.

Diversos expertos consideraron que el nuevo escenario migratorio rompió con la idea de estabilidad que tradicionalmente acompañaba a la residencia permanente en Estados Unidos.

Organizaciones civiles denunciaron posibles afectaciones al debido proceso

Grupos defensores de derechos civiles y organizaciones proinmigrantes cuestionaron el alcance de las medidas y denunciaron posibles afectaciones al debido proceso.

Varias organizaciones señalaron que el gobierno federal estaba ampliando peligrosamente el concepto de “riesgo migratorio”, incluyendo ahora a residentes permanentes legales dentro de esquemas de vigilancia más agresivos.

Expertos legales también alertaron sobre la rapidez con la que algunos casos comenzaron a avanzar dentro de tribunales migratorios, en un contexto donde la administración Trump incrementó la presión para acelerar deportaciones.

Los críticos sostuvieron que la reapertura de expedientes antiguos podía provocar errores judiciales, interpretaciones arbitrarias o castigos desproporcionados por situaciones administrativas ocurridas muchos años atrás.

Además, advirtieron que muchos inmigrantes podían enfrentar procesos complejos sin contar con representación legal adecuada, especialmente debido al elevado costo de abogados migratorios y al colapso del sistema judicial de inmigración.

El reportaje subrayó que el temor no solo afectó a quienes estaban bajo investigación directa, sino también a miles de familias inmigrantes preocupadas por posibles cambios futuros en las políticas federales.

La ofensiva migratoria de Trump se expandió más allá de los indocumentados

La investigación dejó claro que la política migratoria de Trump evolucionó hacia un modelo mucho más amplio que el aplicado durante su primer mandato presidencial.

Además de fortalecer operaciones de ICE y acelerar deportaciones de inmigrantes indocumentados, la administración republicana impulsó revisiones sobre programas humanitarios, permisos temporales, solicitudes de asilo y beneficios migratorios otorgados anteriormente.

La ofensiva coincidió con restricciones sobre programas de parole humanitario, mayores controles sobre solicitantes de asilo y nuevas medidas dirigidas a limitar vías de inmigración legal hacia Estados Unidos.

Analistas consultados por el diario consideraron que la estrategia buscó enviar un mensaje político contundente: ningún estatus migratorio quedaría completamente fuera del alcance de futuras investigaciones federales.

El endurecimiento migratorio también ocurrió en medio de un discurso político enfocado en reforzar la soberanía fronteriza, combatir el fraude migratorio y reducir el número de inmigrantes autorizados a permanecer en el país.

El debate migratorio volvió al centro de la política estadounidense

Las revelaciones del reportaje reactivaron el debate nacional sobre inmigración, uno de los temas más sensibles y polarizantes de la política estadounidense en 2026.

Sectores conservadores respaldaron las medidas argumentando que el gobierno tenía la obligación de revisar beneficios migratorios obtenidos de forma irregular y garantizar que personas con antecedentes graves no permanecieran en el país.

Por otro lado, grupos proinmigrantes denunciaron que las nuevas políticas fomentaron miedo, inseguridad jurídica e incertidumbre entre millones de inmigrantes legales.

Analistas políticos señalaron que la inmigración volvió a convertirse en uno de los ejes centrales del discurso de Trump y de la estrategia republicana rumbo a futuras disputas electorales.

Mientras tanto, para millones de residentes permanentes en Estados Unidos, especialmente aquellos con procesos migratorios complejos o antecedentes administrativos antiguos, el nuevo panorama dejó claro que el sistema migratorio estadounidense entró en una etapa de vigilancia mucho más estricta.