Luego de la propuesta del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) de «penalizar a los clientes» de la prostitución, ha surgido un aumento de operativos policiales en diversos «puntos calientes» de La Habana.
Zonas de los municipios Cerro, Centro Habana, Boyeros y Arroyo Naranjo han sido «marcadas» por las autoridades policiales, aunque los operativos «no se enfocan en la clientela, sino en nosotras nada más», aclaró Yulexis, quien ofrece sus servicios sexuales en las proximidades de La Palma.
«‘Penalizar’ a la clientela tampoco nos beneficiaría, y no hay que ser sabia para darse cuenta de eso. La razón de prostituirnos es económica, así que esa medida no solucionará nuestro problema y mucho menos creo que sirva para erradicar la prostitución», añadió.
La idea de «penalizar a los clientes» fue retomada en el Simposio Internacional Violencia de Género, Prostitución, Turismo Sexual y Trata de Personas, celebrado en La Habana en enero pasado.
Mariela Castro Espín, directora del CENESEX, ya la había esbozado en una entrevista en 2012 en la que elogió la «experiencia sueca» al respecto y dijo que «que ha demostrado efectividad en la disminución de la explotación sexual».
«¿Ahora también quieren decidir con quién tengo relaciones sexuales y en qué gasto mi dinero? Si quieren ‘combatir’ la prostitución tienen que empezar por mejorar la situación económica de 11 millones de cubanos», dijo Gerardo, un cliente habitual de la avenida Santa Catalina, en el Cerro.
Aunque el Código Penal cubano no incluye la «prostitución» como figura delictiva, castiga con confiscación de bienes y hasta 20 años de cárcel el proxenetismo, la pornografía, la trata de personas y la corrupción de menores. Estos delitos se consideran más graves si son cometidos por agentes policiales, trabajadores del turismo, la salud, entre otros.
«Entre robar, vender drogas o pedir limosna, preferí ‘luchar’ de esta manera el dinero y la comida de mis hijos», señaló Lena, quien ejerce la prostitución en las cercanías de la calle Reina, en Centro Habana.
«Sobrevivir de manera ‘decente’ en este país es sinónimo de robarle al Estado, que es algo muy común para todos los cubanos. Robar no es más digno que prostituirse y lo que pasa es que Mariela Castro nunca tuvo que elegir entre estas dos opciones».
Ninguna de las mujeres entrevistadas conocía la calificación de «trabajadora sexual» o la existencia de la organizaciones como la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), que denuncia las violaciones de los derechos de las prostitutas.
También Olga Lidia Pajares, funcionaria de una sede municipal de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC, controlada por el Gobierno), desconocía la existencia de RedTraSex.
Pajares celebró la iniciativa de Castro Espín porque cree que significará «orden y prácticas morales acorde a nuestra sociedad socialista».
Consideró la funcionaria que una alternativa a la situación de estas mujeres es precisamente la FMC, «que funge como organización que desarrolla políticas y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos».
La RedTraSex presentó el pasado 18 de marzo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe en el cual instó a que los estados adopten leyes que reconozcan la actividad de las trabajadoras sexuales como lícita y generen políticas públicas para mejorar las condiciones de trabajo de estas mujeres.
La RedTraSex alertó en su informe que muchas veces la aplicación de las leyes se traduce en operativos que terminan «perjudicando a las trabajadoras sexuales», y que lo indigno es la forma en que son tratadas por fuerzas policiales y estructuras de justicia.
Una realidad que también sufren las mujeres cubanas que sobreviven prostituyéndose.
«Aunque no existe el delito de prostitución, se nos detiene por ‘conducta predelictiva’, y ello nos puede llevar a la cárcel», mencionó Letis, de Monte y Cienfuegos.
(Con información de Diario de Cuba)
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