
El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a ejecutar un programa de reembolsos sin precedentes dirigido a empresas que pagaron aranceles durante la administración de Donald Trump. La medida contempla devoluciones de hasta 166.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del impacto que estas tarifas tuvieron sobre el comercio y la estructura de costos de miles de compañías.
Durante años, estos aranceles alteraron el funcionamiento de las cadenas de suministro, encarecieron productos importados y obligaron a empresas de distintos sectores —desde manufactura hasta comercio minorista— a replantear sus estrategias. Con el inicio de este proceso, se abre una etapa de corrección económica que podría aliviar tensiones acumuladas en el tejido empresarial.
El fallo que redefinió los límites del poder ejecutivo
El detonante de este programa fue la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en febrero de 2026 concluyó que los aranceles se impusieron sin la debida autorización del Congreso. El tribunal determinó que el mandatario excedió sus competencias, estableciendo un precedente clave sobre los límites del poder presidencial en materia de política comercial.
Más allá del impacto económico, el fallo tiene una dimensión institucional significativa. Refuerza el papel del Congreso en decisiones que afectan directamente la economía nacional y redefine el equilibrio entre los poderes del Estado. Este precedente podría influir en futuras administraciones y en la forma en que se diseñan políticas comerciales en el país.
El Ejecutivo se había apoyado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), vigente desde 1977, bajo el argumento de que el desequilibrio comercial constituía una “emergencia nacional” que le permitía actuar al margen del proceso legislativo.
Sin embargo, la Corte determinó que, en tiempos de paz, el gobierno no cuenta con autoridad para aplicar esa legislación con fines arancelarios, dejando claro que esa competencia recae únicamente en el Congreso. La CBP ha señalado que las solicitudes serán tramitadas de manera escalonada, dando prioridad a los pagos más recientes y a aquellos que todavía no han sido saldados de forma definitiva.
Cómo funciona el sistema de reembolsos: alcance, fases y requisitos
Para ejecutar las devoluciones, el gobierno ha habilitado un sistema digital conocido como CAPE, mediante el cual las empresas deben presentar sus reclamaciones. El proceso exige documentación detallada que respalde los aranceles pagados, incluyendo registros de importación y comprobantes aduaneros, lo que convierte el trámite en un procedimiento técnico y riguroso.
En esta primera etapa, el programa busca cubrir a una parte significativa de los beneficiarios, priorizando casos con expedientes más completos o de mayor impacto económico. En total, el universo de empresas afectadas supera los 330.000 importadores, involucrando además 53 millones de operaciones comerciales. La magnitud del proceso obliga a una implementación gradual, sujeta a revisiones y validaciones que pueden extender los tiempos de respuesta.
Plazos, riesgos y complejidad administrativa
El sistema establece que los reembolsos podrían concretarse entre 60 y 90 días después de la aprobación de cada solicitud, aunque este plazo dependerá de la carga administrativa y de la precisión de la información presentada. Las autoridades han advertido que errores en la documentación o inconsistencias en los datos podrían provocar retrasos o rechazos.
Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, esto representa un desafío adicional. La necesidad de reunir información histórica, validar registros y cumplir con requisitos técnicos implica destinar recursos administrativos en un proceso que, aunque prometedor, no está exento de dificultades.
La primera etapa contempla un total de 56.497 empresas importadoras que se incorporaron al sistema y califican para percibir un desembolso inicial de 127.000 millones de dólares, monto que ya integra los intereses acumulados hasta la fecha.
“Cada expediente puede incluir miles de entradas, pero la precisión es fundamental, ya que las presentaciones pueden ser rechazadas si el formato o los datos son incorrectos”, dijo Nghi Huynh, socio de la firma Armanino.
Impacto económico: entre la recuperación y la incertidumbre
Durante el tiempo en que estos aranceles estuvieron vigentes, miles de empresas enfrentaron un aumento sostenido de costos. Algunas absorbieron el impacto para mantener precios competitivos, lo que redujo sus márgenes de ganancia, mientras que otras trasladaron esos costos a los consumidores, contribuyendo a incrementos en los precios finales.
El inicio de los reembolsos ofrece una oportunidad de recuperación financiera que podría traducirse en mayor liquidez, reinversión y estabilidad operativa. Sin embargo, el efecto real dependerá de la capacidad de las empresas para completar el proceso y del ritmo con que el gobierno logre procesar las solicitudes.
Por ejemplo, UPS y FedEx, que aplicaron los aranceles directamente a los destinatarios, se han comprometido a encargarse de procesar los reembolsos. “Estamos trabajando con nuestros clientes a medida que la CBP comienza a procesar reembolsos y planeamos empezar a presentar reclamaciones el 20 de abril”, dijo FedEx n un comunicado.
¿Quién se beneficia realmente? El debate legal y económico
Uno de los aspectos más controvertidos del programa es la distribución final de los fondos. Legalmente, los reembolsos serán entregados a los importadores que pagaron los aranceles, pero en muchos casos esos costos ya fueron trasladados a los consumidores.
Este escenario ha generado tensiones y ha dado lugar a demandas colectivas contra grandes empresas, en las que se busca que parte del dinero sea devuelta a los clientes afectados por los sobreprecios. El desenlace de estos litigios podría redefinir quién se beneficia realmente de este proceso y establecer precedentes en la relación entre empresas y consumidores.
El papel de la logística en la redistribución de fondos
En este contexto, compañías como FedEx y UPS han reconocido que en determinados casos actuaron como intermediarias en el cobro de aranceles. Estas empresas han indicado que podrían gestionar devoluciones cuando los cargos fueron aplicados directamente a los clientes en servicios de envío.
Su rol añade una capa adicional de complejidad al proceso, especialmente en sectores donde los costos se desglosaron claramente. La forma en que estas compañías manejen las devoluciones podría influir en la percepción pública del programa y en la presión sobre otras empresas para redistribuir los fondos.
Un escenario comercial en transición
Aunque los aranceles declarados ilegales se están eliminando, el entorno comercial estadounidense sigue en evolución. El gobierno mantiene vigente un impuesto temporal del 10% sobre ciertas importaciones, sustentado en una base legal distinta y con vigencia hasta julio de 2026.
Este nuevo gravamen refleja un intento de equilibrar la necesidad de control comercial con las restricciones legales establecidas por la Corte Suprema. En un contexto global marcado por tensiones económicas, la política comercial de Estados Unidos continúa ajustándose a nuevas realidades.
Implicaciones a largo plazo: más allá del reembolso
El sistema de reembolsos no solo representa una compensación económica, sino también un punto de inflexión en la forma en que se conciben las políticas comerciales en Estados Unidos. Refuerza los mecanismos de control institucional, limita la capacidad del Ejecutivo para actuar de manera unilateral y abre un debate sobre la protección de consumidores en escenarios de impacto económico generalizado.
A medida que avance el proceso, la atención estará centrada en su eficiencia, en la resolución de disputas legales y en el efecto real que tendrá sobre la economía. Más allá de las cifras, este programa redefine las reglas del juego en el comercio internacional y deja lecciones que podrían influir en decisiones futuras.




