El régimen de La Habana utiliza la Ley de peligrosidad social y trabajo obligatorio en la Isla como medida represiva contra los jóvenes y activistas de derechos humanos en el país.
Rafael Matos, defensor de los DDHH habló con CubaNet de su experiencia, cuando sufrió prisión por esta causa.
«Nos juzgaron con esa causa de ser sancionados, por el delito de peligrosidad, por nosotros ser activistas y defensores de los derechos humanos», expuso.
Según Matos, a su compañero de lucha lo sancionaron a tres años, y a él a dos años y seis meses.
Miles de jóvenes que no han cometido ningún delito han ingresado a las cárceles cubanas, a través de esta medida.
El joven guantanamero Keiler Pon Pérez, indica que el régimen dice integrar a la sociedad a los jóvenes cuando salen de prisión, pero en realidad «son mirados» como presidiarios «o indeseables».
El Gobierno cubano quiere incluir el trabajo obligatorio en la nueva Constitución, al respecto Matos expresó: «ningún ser humano está llamado en el mundo a trabajar porque un gobierno quiera obligarlo»
«No debe ser obligatorio porque aquí en Cuba no hay trabajo», detalló Pon Pérez.
«Eso es para ellos seguir captando esclavos en Cuba, como tienen en todos los campamentos y correccionales en toda la Isla», añadió Matos.
El guantanamero también señaló que el país envejece, y cuestionó que personas mayores tengan que trabajar sin beneficios para luego, de acuerdo a los bajos salarios, y a la precaria cifra que le pagan a los jubilados en Cuba.
