Las autoridades de Cuba y México pusieron en vigor un tratado de extradición que fue firmado en el año 2013 y que tiene como objetivo «combatir la delincuencia y la impunidad de quienes la practican».
Ambos países se comprometieron a extraditar a aquellas personas respecto de las cuales se haya iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia o condena.
Las autoridades de México han hecho énfasis en que la extradición solo se aplicara a conductas delictivas dolosas o culposas que se encuentren previstas en la legislación nacional de ambos países y constituyan un delito sancionado con pena privativa de libertad, cuyo término mínimo no sea menor de un año.
También se atenderá a la solicitud de extradición cuando se trate de un delito que se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones de carácter fiscal.
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