Puerta del Sol de Madrid. Foto: Cuba en Miami

Un total de 164.687 cubanos viven legalmente en España, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de ese país (INE), más de 110 mil isleños han emigrado a España desde 2002, lo que da cuenta del boom migratorio de los últimos años, informa un reporte del periodista Michel Suárez para Martí Noticias.


De los más de 164.000 cubanos que residen actualmente en esa nación europea, 97.512 tienen la nacionalidad española, y el 54% corresponde al sexo femenino.

En el año 2002, en España solo residían 52.701 cubanos, de acuerdo al INE, esto demuestra que la llegada de una mayor cifra de naturales de la Isla a ese país se ha visto marcada principalmente, por personas beneficiarias de la Ley de Memoria Histórica, que han podido asentarse allí a través de visas de estudios o de turismo.

Estela Pérez, directora del grupo legal Aristeo, dijo que «los cubanos actualmente emigran con visados de estudios. Hay muchos profesionales que vienen a España a hacer doctorados y másteres, pero es cierto que muchísimos vienen como turistas, y en esos 15 o 20 días ven ciertas posibilidades de solicitar la residencia legal».

Años atrás miles de cubanos vivían en España temporalmente, con la esperanza de radicarse en Estados Unidos, en un corto plazo.

Pero desde enero de 2017, con el fin de la política «pies secos/pies mojados», que daba múltiples ventajas migratorias a los cubanos, muchos decidieron quedarse definitivamente a vivir en España, y dejaron a un lado sus esperanzas de cumplir el sueño americano.


Según la experta, «hay casos que no pueden ir a Estados Unidos. Sin embargo, España los acoge como nacionales, o los descendientes pueden regularizarse aquí».

«Incluso, en los últimos años se ha visto a muchísimos cubano-españoles que han emigrado a Estados Unidos y luego han regresado a España», agregó.

Otro gran éxodo de cubanos podría llegar en los años venideros, si se aprueba la llamada Ley de Nietos, que ampliaría el reconocimiento de la nacionalidad española a miles de personas, junto a la resolución de unos 60.000 casos pendientes de la Ley de Memoria Histórica.