María Victoria Gil Fernández, hermana del exministro cubano de Economía Alejandro Gil Fernández, confirmó que sus cuentas bancarias en España fueron objeto de investigación por presunto blanqueo de capitales, en medio del proceso judicial que enfrenta su hermano en la isla.
Según relató en una entrevista publicada por CiberCuba, el episodio tuvo lugar cuando acudió al Banco Sabadell, en la Plaza de España de Madrid, para realizar gestiones rutinarias de la cuenta de la comunidad de propietarios del edificio que preside. Durante el trámite, un empleado del banco le informó que aparecía bajo observación por sospecha de lavado de dinero.
“Me dijeron literalmente: ‘Usted está sujeta a investigación de blanqueo de capitales, hasta que se verifique en Madrid todas sus cuentas”, relató la cubana, quien reside en España desde hace varios años.
Tras unos días de incertidumbre, la entidad revisó los movimientos, levantó las restricciones y ofreció disculpas, explicando que el procedimiento se enmarcaba en las normas europeas de prevención de lavado de activos, especialmente rigurosas cuando existen vínculos familiares con personas investigadas o sancionadas por corrupción.
El peso del apellido Gil
El caso se produce en un momento en que el nombre de Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía de Cuba y figura central de la política económica del régimen, se encuentra en el centro de un juicio de alto perfil.
El exfuncionario fue arrestado en 2024, acusado de una serie de delitos graves que incluyen espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, falsificación de documentos y lavado de activos. La Fiscalía cubana solicita cadena perpetua, según reportes extraoficiales, en un proceso marcado por el hermetismo y la falta de acceso público.
María Victoria Gil negó cualquier vínculo con los presuntos delitos y subrayó que no posee fortunas ocultas ni empresas relacionadas con el gobierno cubano. “No soy testaferro de nadie. Mi patrimonio puede ser auditado cuando quieran. Vivo de mi trabajo y mis cuentas están claras”, afirmó.
Una investigación cerrada, pero un daño permanente
Aunque el Banco Sabadell cerró la investigación sin hallar irregularidades, el impacto personal fue profundo. La cubana describió el episodio como una experiencia “humillante” que la afectó emocionalmente y que incluso la llevó a cortar comunicación temporal con familiares en Cuba, debido a la tensión generada por el proceso judicial y la atención mediática en torno a su apellido. “Fue una situación muy dolorosa. Me sentí tratada como una criminal por algo que no hice”, comentó.
María Victoria Gil aseguró además que la persecución política y mediática contra su familia ha aumentado desde la detención del exministro, y teme que en Cuba se busque construir un caso ejemplarizante más que un proceso transparente.
Preocupación por la situación de su hermano
En sus declaraciones, la hermana del exministro expresó temor por las condiciones de detención y la salud física de Alejandro Gil, a quien no ha podido contactar directamente desde hace meses. “Me preocupa que el juicio se realice a puertas cerradas, sin observadores independientes, y que su defensa no tenga garantías reales”, advirtió.
Denunció además la falta de información oficial y pidió que se respete el debido proceso. “Todos tenemos derecho a una defensa justa, sin manipulación política”, sostuvo.
El trasfondo: la caída del arquitecto económico del régimen
Alejandro Gil Fernández, considerado durante años el “rostro técnico” del gobierno cubano, fue uno de los principales impulsores de la Tarea Ordenamiento, la polémica reforma económica de 2021 que unificó las monedas cubanas y provocó una fuerte devaluación del peso.
Su repentina caída, a inicios de 2024, marcó una fractura dentro del aparato económico del país, y abrió especulaciones sobre disputas internas en el gobierno. La detención fue acompañada por una campaña oficial que lo presentó como responsable de múltiples irregularidades financieras, sin que se publicaran pruebas concretas.
El marco legal: cómo funcionan las alertas por blanqueo en España
En España, las entidades financieras están obligadas a cumplir con la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que establece controles automáticos sobre clientes con posibles vínculos políticos (denominados Personas Políticamente Expuestas o PEP).
Estas alertas no implican culpabilidad, pero sí la verificación exhaustiva de movimientos bancarios. En el caso de María Victoria Gil, su parentesco con un alto exfuncionario cubano investigado por corrupción habría activado uno de estos filtros automáticos.
Ecos de un caso con repercusión internacional
El episodio de la hermana del exministro se suma a un contexto de creciente atención internacional sobre las finanzas de altos cargos cubanos, especialmente aquellos con conexiones en Europa o América Latina. La investigación española, aunque archivada, muestra cómo los efectos del proceso judicial de Alejandro Gil trascienden las fronteras cubanas y afectan incluso a su entorno familiar directo.
