Maria Elvira Salazar solicita a Donald Trump emplear alternativas para no deportar a los beneficiarios del parole humanitario

La reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha marcado un punto crucial en el debate sobre el programa de parol humanitario, que afectaba a miles de migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Esta resolución judicial ha permitido a la administración Trump suspender el estatus legal otorgado por el parol humanitario a sus beneficiarios, revirtiendo así una política impulsada por la administración Biden.

En este contexto, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha emitido una reacción pública en la que expresa sus preocupaciones y propone alternativas para proteger a estas personas, que en muchos casos llegaron de manera legal y confiaron en las promesas del gobierno estadounidense.


En una carta que envió al presidente Donald Trump solicitó la aplicación de la facultad ejecutiva conocida como Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) que proporcionaría un respiro temporal contra la deportación en lo que se deciden sus casos de regularización, revisión de antecedentes y otros elementos en curso.

«Estos migrantes ingresaron legalmente a Estados Unidos, confiando en las promesas vacías de la administración Biden. No podemos ignorar el costo humano», escribió la republicana en su cuenta de X reflejando un respaldo a aquellos que entraron al país en busca de evitar la violencia y la represión en sus países de origen.

El DED se presenta como un recurso migratorio que, aunque no otorga un estatus legal perpetuo, brinda una protección temporal contra la deportación a individuos de naciones que el presidente ha designado. Asimismo, permite pedir autorizaciones laborales mientras dura su validez. Asimismo, argumentó que este beneficio contribuirá a una mejor verificación de cada caso en particular.

“Debemos proteger las promesas hechas a estas personas con compasión y responsabilidad. Cuba, Nicaragua y Venezuela viven bajo dictaduras comunistas; Haití está colapsado por la violencia de pandillas. Estos casos merecen un tratamiento especial», recalcó la representante del distrito 27 del estado de la Florida.


La Corte Suprema falló a favor de la administración Trump, otorgándole la potestad de suspender el estatus legal de los beneficiarios del parole humanitario que no posean bases legales adicionales para permanecer en el país. Esto implica que el gobierno podrá revocar el permiso de trabajo y ordenar la salida de aquellos que solo tenían el parole como documento válido para su estancia.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha especificado si mantendrá la fecha límite del 24 de abril para que los beneficiarios abandonen el país o si establecerá una nueva fecha. Esta incertidumbre genera preocupación entre las comunidades afectadas y sus representantes políticos.

La congresista enfatiza que, aunque respetan la decisión judicial, es fundamental considerar el impacto humanitario que esta tiene sobre miles de personas que buscan refugio y seguridad en Estados Unidos. La salida forzosa diferida permitiría mantener la orden de expulsión, pero postergaría su ejecución hasta que las condiciones en los países de origen mejoren.


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