Un testimonio difundido por los influencers y activistas cubanos los Pichy Boys ha reavivado el debate sobre quién tiene responsabilidad por la incertidumbre que enfrentan miles de migrantes liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A.
El autor sostiene que las actuales deportaciones no pueden atribuirse únicamente al gobierno de Donald Trump. En su opinión, el problema comenzó cuando administraciones anteriores permitieron que numerosos cubanos permanecieran en el país con documentos que no les garantizaban una vía directa hacia la residencia permanente.
La intervención también responsabiliza a Barack Obama por eliminar la política conocida como “pies secos, pies mojados” y cuestiona al gobierno de Joe Biden por no encontrar una solución para quienes recibieron una I-220A durante la llegada masiva de cubanos por la frontera sur. Sin embargo, varias de las afirmaciones requieren importantes precisiones jurídicas y políticas.
Obama eliminó “pies secos, pies mojados”, pero no la Ley de Ajuste Cubano
La administración de Barack Obama puso fin a “pies secos, pies mojados” el 12 de enero de 2017, pocos días antes de abandonar la Casa Blanca. Esa política permitía que muchos cubanos que alcanzaban territorio estadounidense fueran considerados para recibir parole y permanecer en el país. Quienes eran interceptados en el mar, en cambio, generalmente eran devueltos a Cuba o enviados a un tercer país.
Al anunciar su eliminación, Obama dispuso que los cubanos que ingresaran irregularmente y no calificaran para protección humanitaria quedaran sujetos a deportación como los migrantes de otros países. La decisión estuvo vinculada al proceso de normalización diplomática con el régimen cubano, que aceptó recibir a determinados ciudadanos devueltos desde Estados Unidos.
Obama, sin embargo, no eliminó la Ley de Ajuste Cubano. Esa legislación fue aprobada por el Congreso en 1966 y continúa vigente. Un presidente puede modificar determinadas políticas de parole y establecer prioridades migratorias, pero no puede derogar por sí solo una ley federal.
La I-220A no es un parole ni una orden final de deportación
Uno de los aspectos más importantes del debate es la verdadera función de la I-220A. El formulario, denominado Order of Release on Recognizance, permite que una persona sea liberada de la custodia migratoria bajo determinadas condiciones mientras continúa su caso. Puede obligarla a presentarse ante las autoridades, acudir a sus audiencias y mantener actualizada su dirección.
La I-220A no concede residencia, asilo ni estatus migratorio legal. Tampoco constituye por sí misma una orden final de deportación. La persona puede estar sometida a un proceso de remoción, pero solamente un juez migratorio o la autoridad correspondiente puede emitir una orden definitiva.
Otra distinción decisiva es que la liberación bajo palabra no equivale automáticamente al parole concedido conforme a la sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La propia guía de USCIS distingue la liberación condicional de la custodia del parole que puede satisfacer el requisito para ajustar estatus.
Esta interpretación dejó a numerosos cubanos en una posición especialmente compleja: llevan más de un año físicamente en Estados Unidos, pero no necesariamente cumplen el requisito de haber sido “inspeccionados y admitidos o puestos en parole” exigido para obtener la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
La llegada ocurrió durante Biden, pero la I-220A no era un programa migratorio
El testimonio afirma que el gobierno anterior utilizó la I-220A como una supuesta “ventana” para permitir la entrada de cubanos. Técnicamente, esa descripción no es exacta.
La I-220A no fue un programa creado por Joe Biden ni una categoría diseñada exclusivamente para los cubanos. Es un instrumento de liberación empleado por las autoridades migratorias con personas que permanecen sujetas a procedimientos judiciales.
Durante el gobierno de Biden, un gran número de cubanos que cruzaron irregularmente la frontera fue procesado y posteriormente liberado con este documento. Muchos solicitaron asilo, recibieron permisos de trabajo por otras categorías o comenzaron a defender sus casos ante las cortes.
El formulario nunca prometió que recibirían automáticamente la residencia después de un año y un día. No obstante, las liberaciones masivas y la falta de una solución uniforme contribuyeron a crear expectativas y dejaron a numerosas familias en un prolongado limbo migratorio.
Trump también responde por las decisiones actuales
La afirmación de que Trump no tiene ninguna responsabilidad por lo que ocurre actualmente es una interpretación política, no un hecho jurídico absoluto.
Las decisiones de una administración anterior ayudan a explicar cómo miles de cubanos terminaron con I-220A. Pero el gobierno que está en funciones decide sus prioridades de detención, supervisión, procesamiento y deportación dentro de los límites establecidos por la ley y los tribunales.
Por tanto, pueden coexistir dos realidades: el problema procesal se desarrolló durante gobiernos anteriores, mientras las medidas aplicadas actualmente corresponden a las autoridades que hoy dirigen DHS, ICE y USCIS.
Trump ha mantenido durante años un discurso favorable a reforzar la frontera y deportar a quienes no tienen autorización para permanecer en el país. Cumplir esa promesa política no elimina las consecuencias humanas para cubanos que vendieron sus propiedades, escaparon de una dictadura y establecieron sus vidas en Estados Unidos creyendo que podrían regularizarse.
El régimen cubano sigue siendo el origen de la crisis
La discusión sobre las responsabilidades estadounidenses no debe borrar el origen de este éxodo. Miles de personas abandonaron Cuba debido a la represión política, la ausencia de libertades, el deterioro económico y la incapacidad del régimen para garantizar condiciones elementales de vida. Muchas realizaron recorridos peligrosos y llegaron a la frontera convencidas de que la Ley de Ajuste Cubano terminaría protegiéndolas.
La eliminación de “pies secos, pies mojados” cerró el mecanismo que durante años facilitó el acceso al parole, pero la Ley de Ajuste Cubano continuó creando la percepción de que todo cubano podía obtener residencia después de permanecer un año en Estados Unidos. En realidad, la ley exige otros requisitos y su aplicación es discrecional.
Qué pueden hacer los cubanos con I-220A
No existe una solución idéntica para todos. La estrategia depende de la forma de entrada, los documentos entregados por las autoridades, la existencia de una solicitud de asilo, los antecedentes migratorios y cualquier decisión emitida por una corte.
Los afectados deben verificar regularmente el estado de su expediente, asistir a todas las audiencias y citas con ICE, actualizar inmediatamente cualquier cambio de dirección y conservar copias de la I-220A, la notificación de comparecencia y las solicitudes presentadas.
También deben desconfiar de quienes aseguren que la residencia llega automáticamente después de un año y un día. Una I-220A, por sí sola, no garantiza ese beneficio. Antes de presentar una solicitud o aceptar una salida voluntaria, resulta fundamental obtener una evaluación individual de un abogado de inmigración o representante acreditado.
El reclamo de una solución legislativa o administrativa continúa, pero mientras no exista una medida general aplicable, cada caso seguirá dependiendo de sus propios antecedentes y del desarrollo de los procesos ante USCIS y las cortes migratorias.
