Audiencia en Miami podría abrir una vía para cubanos con I-220A bajo la Ley de Ajuste Cubano

Una jueza federal escuchará los argumentos de una demanda presentada por 992 migrantes que busca reconocer como parole la forma en que fueron liberados al ingresar a Estados Unidos.

Una audiencia prevista para este jueves 10 de septiembre en una corte federal de Miami podría marcar un momento importante en la batalla legal de miles de cubanos que recibieron un formulario I-220A y permanecen sin una vía directa para solicitar la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.

El caso, identificado como Bello-Rubio v. Noem, fue presentado en nombre de 992 migrantes cubanos. Sus abogados buscan que determinadas liberaciones realizadas por las autoridades migratorias sean reconocidas jurídicamente como parole, uno de los requisitos que permitiría solicitar el ajuste de estatus bajo la legislación especial para los cubanos.

La audiencia se celebrará ante la jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, después de haber sido aplazada en dos ocasiones. Inicialmente estaba programada para el 26 de agosto, posteriormente fue trasladada al 2 de septiembre y finalmente quedó fijada para este jueves.

¿Qué busca la demanda de los cubanos con I-220A?

El I-220A, conocido como “Orden de Libertad bajo Palabra”, fue entregado a numerosos migrantes después de ser procesados por las autoridades al ingresar a Estados Unidos.

El principal obstáculo es que el gobierno federal no considera ese documento como una concesión de parole. Como consecuencia, muchos cubanos que han permanecido durante más de un año en el país no pueden completar el proceso de residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano por esa vía.

Los demandantes argumentan que las circunstancias en las que fueron procesados y liberados deberían ser reconocidas legalmente como un parole, aunque el documento recibido llevara otra clasificación.

Una decisión favorable no entregaría automáticamente la residencia a los beneficiarios. Sin embargo, podría permitirles presentar sus solicitudes y tratar de demostrar individualmente que cumplen los demás requisitos establecidos por la ley.

El gobierno pide desestimar el caso

El Departamento de Seguridad Nacional mantiene que el I-220A no equivale a un parole migratorio y ha solicitado que la demanda sea desestimada.

Entre sus argumentos, el gobierno cuestiona que el tribunal tenga jurisdicción para conceder los remedios solicitados por los demandantes. Por esa razón, la audiencia de este jueves representa una etapa preliminar del litigio y no una decisión definitiva sobre la residencia de los cubanos afectados.

La jueza podría escuchar los argumentos de ambas partes antes de decidir si el proceso puede continuar, si debe modificarse o si corresponde desestimarlo.

Tampoco se garantiza que exista una resolución inmediata al finalizar la audiencia. La magistrada podría tomar el asunto bajo consideración y emitir su decisión posteriormente.

Buscan convertir el litigio en una acción colectiva nacional

El abogado principal de los demandantes, Mark Prada, también busca que el caso sea certificado como una acción colectiva de alcance nacional.

De aprobarse esa petición, una eventual decisión favorable podría extender sus efectos más allá de los 992 demandantes originales y beneficiar a otros cubanos liberados bajo circunstancias similares.

Los impulsores del litigio calculan que entre 500,000 y 600,000 cubanos podrían encontrarse en una situación migratoria relacionada con el I-220A. No obstante, el posible alcance dependerá de cómo sea definido el grupo y de las características específicas del procesamiento de cada migrante.

No todos los portadores de un I-220A necesariamente quedarían incluidos o reunirían los requisitos para solicitar la residencia.

La audiencia no significa residencia automática

Especialistas y representantes de los demandantes han advertido que incluso una victoria judicial inicial no resolvería inmediatamente la situación de los cubanos afectados.

Si el tribunal reconoce una vía para considerar determinadas liberaciones como parole, cada persona todavía tendría que solicitar la residencia y superar los controles correspondientes, incluidos los requisitos de elegibilidad y admisibilidad.

Además, cualquier decisión podría ser apelada por la parte que resulte desfavorecida, prolongando la batalla judicial.

Por eso, los migrantes con I-220A deben evitar presentar solicitudes o tomar decisiones basadas únicamente en expectativas sobre la audiencia. El resultado del proceso y su alcance legal deberán conocerse mediante las órdenes oficiales del tribunal.

Para miles de familias cubanas, sin embargo, el caso representa una posibilidad de salir del limbo migratorio en el que han permanecido durante años. La audiencia de este jueves podría determinar si esa puerta permanece abierta o si el litigio enfrenta un nuevo obstáculo.