La administración de Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial en su intento por restablecer el congelamiento de miles de solicitudes migratorias. Un juez federal de Rhode Island rechazó la petición de emergencia presentada por el Gobierno para suspender una sentencia que obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a continuar procesando expedientes de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes, naturalizaciones y otros beneficios.
El juez principal del Tribunal Federal de Distrito de Rhode Island, John J. McConnell Jr., decidió mantener vigente su fallo del 5 de junio, mediante el cual anuló cuatro políticas migratorias adoptadas por USCIS que habían dejado paralizados los casos de personas originarias de 39 países.
La decisión significa que, mientras la administración continúa su apelación, la agencia migratoria no podrá reactivar de manera general las políticas anuladas ni volver a detener solicitudes únicamente por la nacionalidad o el país de nacimiento del interesado.
El litigio todavía no ha terminado. Sin embargo, el rechazo de la suspensión solicitada por el Gobierno garantiza, al menos temporalmente, que los expedientes afectados deberán seguir avanzando dentro del sistema migratorio estadounidense.
El fallo mantiene en marcha miles de procedimientos migratorios
La controversia no se limita exclusivamente a las solicitudes de asilo. Las directrices anuladas habían alcanzado una amplia variedad de beneficios administrados por USCIS. Entre los trámites afectados se encontraban las autorizaciones de empleo, solicitudes de residencia permanente o green card, procesos de ciudadanía, renovaciones relacionadas con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia —conocida como DACA—, documentos de viaje y otras peticiones migratorias.
Las políticas colocaron en espera los casos de personas procedentes de países incluidos en las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump. También ordenaron revisar determinados beneficios que ya habían sido concedidos durante el Gobierno de Joe Biden.
En la práctica, muchos solicitantes continuaban presentándose a entrevistas, entregando documentos, pagando tarifas y cumpliendo los requisitos establecidos, pero USCIS no emitía una decisión definitiva sobre sus expedientes.
McConnell concluyó que esta situación creó un limbo legal indefinido para inmigrantes que habían seguido correctamente los procedimientos establecidos por el Congreso y por las propias regulaciones de la agencia.
Trump buscaba suspender la orden durante la apelación
Después de la sentencia del 5 de junio, la administración presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. Paralelamente, pidió al juez que suspendiera los efectos de su decisión mientras la instancia superior examinaba el caso. De haber prosperado esa petición, USCIS habría podido restablecer temporalmente las restricciones migratorias durante el proceso de apelación.
El Gobierno sostuvo que continuar resolviendo los expedientes podía interferir con sus esfuerzos por reforzar los controles de seguridad y verificar adecuadamente la identidad y los antecedentes de los solicitantes.
La administración también argumentó que las políticas eran necesarias para detectar amenazas vinculadas con terrorismo, fraude migratorio, seguridad pública o deficiencias en los sistemas de documentación de ciertos países. McConnell consideró que esas afirmaciones no eran suficientes para justificar una paralización colectiva de los procedimientos migratorios.
El juez señaló que las preocupaciones de seguridad podían atenderse mediante revisiones individuales, entrevistas, verificaciones de antecedentes y otros mecanismos que ya forman parte del proceso migratorio, sin necesidad de congelar indefinidamente todos los casos de determinadas nacionalidades.
Juez cuestionó la supuesta emergencia presentada por USCIS
Uno de los puntos más importantes de la nueva decisión fue la falta de inmediatez con la que actuó el Gobierno. McConnell observó que USCIS esperó hasta el 19 de junio para solicitar la suspensión de emergencia, aproximadamente dos semanas después de que el tribunal emitiera su sentencia.
Para el juez, esa demora resultaba difícil de conciliar con el argumento de que el fallo generaba un riesgo inmediato para la seguridad nacional. Si las consecuencias eran tan graves como aseguraba la administración, cuestionó el magistrado, no estaba claro por qué el Gobierno había esperado varios días antes de pedir una intervención urgente.
«Ha pasado un mes desde que el tribunal dictaminó. Si la seguridad nacional estaba tan en juego, ¿por qué no me pediste que detuviera la implementación inmediatamente?», cuestionó el magistrado a Tyler Becker, abogado de la división civil del Departamento de Justicia de EE. UU.
El tribunal consideró que esa tardanza debilitaba la afirmación de que era indispensable detener inmediatamente el procesamiento de los expedientes. McConnell tampoco quedó convencido de que el Gobierno tuviera altas probabilidades de ganar la apelación, uno de los elementos que los tribunales suelen evaluar antes de conceder una suspensión.
Las restricciones alcanzaron a ciudadanos de 39 países
Las políticas cuestionadas afectaron a personas de países de África, Asia, Medio Oriente, América Latina y el Caribe. Entre las nacionalidades mencionadas en documentos relacionados con el litigio aparecían ciudadanos de Afganistán, Irán, Somalia, Venezuela y otras naciones sometidas a prohibiciones o limitaciones de viaje.
Las restricciones también estuvieron vinculadas con países cuyos gobiernos, según la administración Trump, no compartían suficiente información con las autoridades estadounidenses o mantenían sistemas de identificación considerados poco confiables. Sin embargo, el tribunal encontró inconsistencias en la selección de las nacionalidades afectadas.
Una declaración presentada por USCIS mencionó diez países con presuntas deficiencias para confirmar la identidad de sus ciudadanos. No obstante, Etiopía, Liberia y Pakistán figuraban en esa evaluación pese a no encontrarse entre las naciones incluidas en la prohibición de viajes utilizada para justificar el congelamiento.
Para McConnell, esta falta de correspondencia debilitaba la explicación gubernamental y mostraba que las restricciones no estaban construidas sobre criterios uniformes y claramente definidos.
El tribunal calificó las políticas de arbitrarias
En su extensa sentencia original, de 135 páginas, McConnell determinó que USCIS había actuado fuera de la autoridad que le conceden las leyes federales. El juez concluyó que la agencia no podía crear una suspensión indefinida de beneficios migratorios sin una autorización expresa del Congreso ni una explicación suficientemente razonada.
También consideró que las medidas eran arbitrarias y caprichosas, una expresión jurídica utilizada cuando una agencia adopta una decisión sin justificar adecuadamente sus criterios, ignorando elementos relevantes o actuando de forma inconsistente.
El tribunal sostuvo que la administración había utilizado argumentos de seguridad nacional como una justificación demasiado amplia para medidas que, en la práctica, discriminaban a los solicitantes por su origen nacional. McConnell afirmó que personas que habían respetado los procedimientos legales quedaron atrapadas durante meses esperando decisiones que USCIS se negaba a emitir.
«El Congreso decidió que eso era inapropiado — que tomar decisiones migratorias basadas en el origen nacional va en contra de los valores estadounidenses. Es como un principio fundamental», alega McConnell.
Un tiroteo en Washington precedió al endurecimiento migratorio
Las medidas fueron adoptadas después de un ataque contra integrantes de la Guardia Nacional en Washington, D.C., atribuido a un ciudadano afgano. Uno de los militares murió y otro resultó gravemente herido. El acusado se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra.
Tras el incidente, la administración Trump anunció una ampliación de los controles migratorios y justificó el congelamiento de solicitudes como parte de una revisión de los sistemas de seguridad y verificación de antecedentes. USCIS llegó a detener decisiones sobre solicitudes de asilo y posteriormente extendió las restricciones a otros beneficios para nacionales de países considerados de alto riesgo.
Las organizaciones demandantes argumentaron que el Gobierno había tomado un caso criminal individual para justificar consecuencias colectivas contra miles de personas sin conexión con el ataque. El juez coincidió en que un episodio aislado no autorizaba a la agencia a paralizar indiscriminadamente expedientes migratorios presentados de manera legal.
Cuatro políticas de USCIS quedaron anuladas
La sentencia de junio dejó sin efecto cuatro directrices administrativas. Una de ellas había detenido la adjudicación de solicitudes de beneficios para personas procedentes de países sujetos a prohibiciones de viaje.
Otra ordenaba revisar beneficios ya concedidos a determinados inmigrantes que habían ingresado en Estados Unidos durante la administración Biden. Una tercera política había congelado decisiones sobre solicitudes de asilo, independientemente de que los interesados hubieran completado entrevistas y verificaciones de seguridad. La cuarta medida imponía revisiones adicionales o suspensiones sobre otros trámites migratorios relacionados con las nacionalidades incluidas en las restricciones.
El tribunal no prohibió a USCIS examinar rigurosamente cada solicitud. La agencia conserva la autoridad para realizar entrevistas, investigar antecedentes, solicitar documentación complementaria y negar casos que no cumplan los requisitos legales. Lo que el juez rechazó fue el uso de suspensiones generales e indefinidas que impedían emitir decisiones únicamente por el origen nacional de los solicitantes.
Organizaciones y sindicatos impulsaron la demanda
El caso lo presentó en marzo una coalición de organizaciones de defensa de inmigrantes, entidades comunitarias y sindicatos. Entre los demandantes se encontraba Dorcas International Institute of Rhode Island, una organización que ofrece asistencia a refugiados e inmigrantes. El caso fue identificado como Dorcas International Institute of Rhode Island y otros contra USCIS y otras agencias federales.
Los demandantes alegaron que las políticas infringían la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las garantías constitucionales del debido proceso.
«Nos alivia que esta decisión garantice que la resolución del tribunal siga vigente mientras este caso avanza en apelación. El tribunal ya ha reconocido que estas políticas son ilegales y no pueden seguir manteniendo a familias, trabajadores, solicitantes de asilo y comunidades en un limbo legal simplemente por el lugar donde nacieron», dijeron en un comunicado.
Según la demanda, USCIS no había seguido los mecanismos requeridos para adoptar cambios de esa magnitud y tampoco había explicado de manera convincente por qué era necesario suspender todas las solicitudes de determinados grupos nacionales.
Las organizaciones señalaron que el Gobierno posee herramientas para revisar individualmente cada expediente y que no puede reemplazar ese análisis con una presunción general basada en la nacionalidad.
Solicitantes perdieron empleos y quedaron sin documentos
El congelamiento produjo consecuencias inmediatas para personas que dependían de USCIS para conservar su autorización de empleo o regularizar su situación migratoria. Algunos inmigrantes perdieron trabajos porque sus permisos vencieron mientras las solicitudes de renovación permanecían paralizadas.
Otros no pudieron comenzar nuevos empleos, renovar licencias profesionales o demostrar que tenían autorización legal para trabajar en Estados Unidos. También hubo solicitantes que quedaron impedidos de viajar por no recibir documentos migratorios pendientes. En otros casos, las familias no pudieron planificar mudanzas, estudios, reunificaciones o decisiones económicas debido a la incertidumbre sobre su estatus.
Quienes esperaban convertirse en ciudadanos estadounidenses vieron canceladas o aplazadas sus ceremonias de naturalización, incluso después de completar entrevistas y aprobar los exámenes correspondientes.
El tribunal consideró que esos daños no eran meramente administrativos. La pérdida de ingresos, oportunidades laborales, estabilidad familiar y protección legal podía producir efectos difíciles de reparar incluso si los solicitantes ganaban posteriormente el caso.
Los primeros expedientes comenzaron a avanzar
Las organizaciones demandantes informaron que la sentencia ya produjo cambios concretos. Dos inmigrantes haitianos recibieron nuevas fechas para participar en ceremonias de juramento y completar sus procesos de ciudadanía. Sus ceremonias habían sido canceladas en diciembre de 2025 como consecuencia de las restricciones.
También se aprobó una renovación de DACA para una persona de Nigeria cuyo expediente había quedado detenido. En otro caso, USCIS emitió documentación de viaje para un ciudadano afgano que había esperado durante meses una decisión.
Estos ejemplos fueron presentados ante el tribunal para demostrar que la reanudación del procesamiento no generó automáticamente los peligros pronosticados por el Gobierno y que los mecanismos habituales permitían revisar los casos.
Las aprobaciones no significan que todas las solicitudes afectadas serán aceptadas. Cada expediente continuará sujeto a sus requisitos, entrevistas y controles de seguridad. La diferencia es que USCIS tendrá que tomar una decisión, en lugar de mantener los casos congelados indefinidamente.
Qué significa la decisión para los inmigrantes afectados
La negativa del juez a conceder la suspensión no otorga automáticamente asilo, residencia o ciudadanía a ninguna persona. Tampoco elimina los requisitos migratorios ni impide que USCIS rechace solicitudes que presenten problemas de elegibilidad, fraude o seguridad.
El efecto principal de la decisión es obligar a la agencia a reanudar el análisis de los expedientes y aplicar los procedimientos normales. Los inmigrantes afectados pueden recibir solicitudes de evidencia adicional, nuevas citas, entrevistas, aprobaciones o negativas. USCIS conserva la capacidad de evaluar cada caso individualmente.
Sin embargo, la agencia no puede mantener una solicitud paralizada de manera indefinida únicamente porque el interesado nació en uno de los países incluidos en las restricciones. Para quienes esperan permisos de trabajo, el fallo puede ser especialmente relevante, ya que la reactivación de los trámites podría permitirles recuperar o conservar sus empleos. En los casos de ciudadanía, algunos solicitantes podrían recibir nuevas fechas de juramento si ya habían completado las etapas anteriores.
La apelación podría cambiar nuevamente el escenario
Aunque la orden sigue vigente, la batalla judicial continuará en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. La administración Trump puede pedir directamente a ese tribunal que suspenda la sentencia mientras se examina el recurso.
Si el Primer Circuito concede esa petición, algunas o todas las políticas podrían reactivarse temporalmente. Si la rechaza, USCIS tendría que continuar procesando los casos durante la apelación.
El Gobierno también podría solicitar posteriormente la intervención de la Corte Suprema, especialmente si considera que la disputa plantea cuestiones relacionadas con la autoridad presidencial en materia migratoria y de seguridad nacional. El proceso podría extenderse durante meses. Mientras tanto, el cumplimiento de la sentencia será un elemento central del litigio.
La administración ya enfrentó cuestionamientos judiciales por la rapidez con la que comenzó a obedecer el fallo. Después de la decisión inicial, el juez exigió explicaciones y sostuvo que no existía justificación para que la agencia siguiera sin procesar determinadas solicitudes.
Un caso sobre los límites del poder presidencial
Más allá de sus efectos inmediatos, el litigio plantea una disputa sobre hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo al modificar el funcionamiento del sistema migratorio.
El presidente posee amplias facultades para restringir la entrada de extranjeros y adoptar medidas relacionadas con la seguridad nacional. Sin embargo, los demandantes sostienen que esas facultades no permiten ignorar los procedimientos establecidos por el Congreso para personas que ya se encuentran en Estados Unidos o que han presentado solicitudes válidas.
El tribunal distinguió entre restringir la entrada de determinados ciudadanos extranjeros y paralizar beneficios migratorios previstos en las leyes federales. Según el razonamiento de McConnell, una prohibición de viajes no concede automáticamente a USCIS el poder de dejar sin respuesta solicitudes de asilo, trabajo, residencia o ciudadanía.
La administración considera que las medidas formaban parte de una estrategia legítima para proteger al país. Las organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que fueron una forma de castigo colectivo basada en la nacionalidad. Esa diferencia será uno de los temas centrales de la apelación.
USCIS debe seguir procesando los casos
Por ahora, la decisión mantiene anuladas las cuatro políticas impugnadas y obliga a USCIS a seguir trabajando sobre las solicitudes afectadas. Los solicitantes no tienen garantizada una respuesta favorable, pero recuperan el derecho a que sus casos sean examinados y resueltos dentro de los procedimientos establecidos.
El fallo también envía un mensaje sobre la obligación de las agencias federales de explicar sus decisiones, respetar las leyes aprobadas por el Congreso y evitar restricciones generales que no tengan una duración, criterios o mecanismos de revisión claramente definidos.
Para miles de inmigrantes que habían quedado atrapados en un limbo administrativo, el rechazo del pedido de emergencia representa una oportunidad para que sus trámites vuelvan a avanzar.
La incertidumbre, no obstante, permanece. El resultado de la apelación determinará si la orden del juez se mantiene definitivamente o si la administración Trump recupera parte de su capacidad para imponer controles colectivos sobre solicitantes procedentes de países considerados de riesgo.
