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En su más reciente informe que salió a la luz el 1 de septiembre, Cuban Prisoners Defenders (CPD) contabilizó a 125 condenados políticos por oposición al régimen, además de otras 10.000 condenas contra civiles sin filiación a organizaciones opositoras por cargos denominados en el Código Penal como «pre-delictivos», informa Diario de Cuba.


La organización publicó unas clasificaciones en la que divide a los cubanos Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos de otras categorías.

71 presos han sido calificados por CPD como presos de conciencia, bajo «acusaciones probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento».

El pasado 27 de agosto, cinco de ellos fueron nombrados Prisioneros de Conciencia por Amnistía Internacional.

El informe cita el caso del abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces, a quien el Tribunal Provincial de Guantánamo le ratificó una sentencia de privación de libertad de un año con trabajo correccional con internamiento.


CPD ha pedido que se lleven a cabo gestiones diplomáticas desde el extranjero para que Jesús Quiñones, considerado defensor de la prensa libre y de los derechos humanos, no tenga que ingresar a la cárcel.

También aparece el caso de María Caridad (Karina) Gálvez, quien salió de la lista de condenados de conciencia, obligada a exiliarse en Uruguay, de acuerdo al organismo ha sido «otra Expatriación Forzosa con éxito para el régimen, cuyo objetivo es disminuir la lista de condenados y convictos».

Cuban Prisoners Defenders señaló además que no ha habido liberaciones ni indultos prematuros para 30 presos políticos adicionales, entre los que están las condenas más altas y los presos con mayores períodos de cumplimiento en las cárceles del régimen cubano.

Diez mil personas se encuentra Convictas o Condenadas de Conciencia por las Medidas de Seguridad Pre-Delictivas, con penas de uno hasta cuatro años, en Cuba, de acuerdo al informe.

CPD explica que la cifra es resultado de la interpolación de dos métodos, «por un lado, han sido censadas dos prisiones y establecido el porcentaje de estas condenas, y por otro lado se ha confirmado la información con una fuente interna del máximo nivel del régimen».

El articulado del Código Penal cubano «infame y violatorio» permite medidas de hasta cuatro años de cárcel, recoge el documento publicado esta semana.

Acerca del «uso masivo de las condenas pre-delictivas para controlar a la población desafecta y crítica, el régimen sigue estando muy activo en las amenazas contra pacíficos activistas de derechos humanos con la imposición de que ‘se vayan de por vida’ de la Isla. Organizaciones como UNPACU y Damas de Blanco están reportando que sistemáticamente sus activistas son detenidos bajo amenaza y se les conmina a salir de la Isla expatriados de por vida», revela el informe del grupo independiente.