
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes 10 de noviembre una citación investigativa a los Socialistas Democráticos de América (DSA) para determinar si la organización recibió contribuciones o apoyo de fuentes extranjeras vinculadas con Cuba y China y si sus campañas de recaudación cumplieron las leyes estatales.
La investigación pone bajo escrutinio los viajes de dirigentes de DSA a la isla, sus encuentros con funcionarios del régimen de La Habana y las solicitudes de donaciones para financiar esas actividades.
Según explicó Uthmeier en su mensaje, la revisión también comprende actividades relacionadas con capítulos de la organización en Florida. El anuncio abre una investigación: no establece que DSA haya recibido financiamiento ilegal ni demuestra una infracción.
Los viajes a Cuba y las reuniones con funcionarios del régimen
Uthmeier señaló que su oficina examina delegaciones en las que participaron dirigentes nacionales y miembros del Comité Político Nacional de DSA, quienes se reunieron con representantes del Gobierno cubano.
La propia organización documentó una visita de 40 dirigentes y miembros a Cuba en octubre de 2025. En su reseña, el Comité Internacional de DSA confirmó un encuentro con el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, además de visitas a instituciones educativas y sanitarias.
DSA presentó aquel recorrido como una iniciativa de solidaridad, indicó que entregó suministros médicos y escolares y agradeció a Amistur y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) por facilitar la delegación.
En ese mismo relato, la organización atribuyó los apagones y la escasez al embargo estadounidense y reafirmó su oposición a las sanciones contra La Habana. Esa es la interpretación política expresada por DSA en su publicación. La reseña confirma los contactos y la colaboración para organizar el viaje, pero no acredita por sí sola la recepción de aportes prohibidos.
Las solicitudes de dinero también están bajo revisión
Otra parte de la investigación se centra en campañas que, según el fiscal general, solicitaron decenas de miles de dólares para cubrir los gastos de los viajes, incluida una delegación a China.
La Fiscalía busca determinar tanto el origen de los recursos como la transparencia de las solicitudes dirigidas a donantes de Florida. El anuncio no identificó a los capítulos estatales involucrados ni detalló una transferencia concreta procedente de los gobiernos mencionados.
En el mensaje aportado, Uthmeier sostuvo que quienes contribuyen a organizaciones que operan en el estado tienen derecho a conocer de dónde procede el dinero y cómo se utiliza. También afirmó que la documentación requerida permitirá evaluar el cumplimiento de la ley.
Qué establece la legislación de Florida
El fiscal general explicó que la citación se emitió al amparo de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida y de las normas estatales sobre solicitud de fondos.
La sección 496.415(20) de los estatutos de Florida prohíbe, dentro de las actividades de recaudación reguladas por ese capítulo, solicitar o aceptar contribuciones o cualquier cosa de valor de una fuente extranjera considerada de preocupación. La misma sección prohíbe proporcionar información engañosa y utilizar las contribuciones de una manera sustancialmente incompatible con lo anunciado al solicitarlas.
La definición de esas fuentes abarca, entre otras categorías, gobiernos y funcionarios de países incluidos en la clasificación legal, así como determinadas organizaciones, empresas y agentes relacionados con ellos. La aplicación de estas disposiciones al caso dependerá de los hechos que establezca la investigación.
Qué se sabe y qué falta por esclarecer
El punto pendiente es determinar si los contactos internacionales de DSA incluyeron contribuciones o beneficios sujetos a las prohibiciones de Florida, y si la organización informó correctamente a sus donantes sobre la recaudación y el destino de los fondos.
Hasta la publicación del despacho de EFE consultado, DSA no se había pronunciado sobre la citación. El anuncio de Uthmeier tampoco presentó una conclusión sobre la existencia de financiamiento ilegal procedente de Cuba o China.
La documentación solicitada deberá permitir esclarecer si las relaciones con funcionarios del régimen cubano y las campañas para costear viajes se ajustaron a las obligaciones legales que invoca la Fiscalía.





