El fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos la reactivación inmediata de la controvertida ley estatal S.B. 4‑C, que convierte en delito menor la presencia de inmigrantes indocumentados en el estado.
La normativa, suspendida temporalmente por un tribunal federal, permitiría a las autoridades arrestar a cualquier persona que se encuentre en Florida sin estatus migratorio regular. De ser restituida, la ley afectaría de forma directa a miles de inmigrantes, incluidos numerosos cubanos que residen en el estado bajo distintas circunstancias legales.
“La aplicación inmediata de esta ley es esencial para preservar la seguridad de nuestros ciudadanos y hacer cumplir nuestras leyes estatales”, declaró Uthmeier, quien ha tenido enfrentamientos recientes con jueces federales por intentar implementar medidas similares a pesar de órdenes judiciales en contra. De hecho, ya fue declarado en desacato por ignorar una suspensión previa.
La petición del fiscal general genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y representantes de comunidades inmigrantes, quienes advierten sobre un posible incremento en las detenciones arbitrarias y un clima de miedo entre residentes sin papeles. Hace poco el letrado desató el debate al proponer un centro migratorio conocido como Alcatraz Alligator en una zona de los Everglades con fuerte presencia de caimanes y otros animales salvajes y con una capacidad para alojar a mil indocumentados.
En medio de un contexto político tenso y con un historial de medidas estatales contra la inmigración irregular, Florida se posiciona nuevamente en el centro del debate nacional sobre el papel de los estados en la política migratoria de Estados Unidos.
La Corte Suprema deberá ahora decidir si da luz verde a la reactivación de la ley, lo que podría sentar un precedente clave para futuras iniciativas estatales sobre inmigración. Kathleen Williams, jueza federal es quien mantiene suspendida esta iniciativa de Uthmeier quien enfatiza que debe ponerse en vigor como mismo sucedió con una norma parecida en Texas.
Este mes el fiscal de Florida fue declarado en desacato por orden de la jueza Williams ya que no estaba apegándose a las indicaciones restrictivas sobre la controversial ley. Los motivos que llevaron a la jueza a tomar esta decisión estuvieron basados en las declaraciones del fiscal el 23 de abril de indicar a las fuerzas del orden que no existía ley alguna que prohibiera poner en práctica la norma.
Si la Corte Suprema de Estados Unidos decide dar luz verde a la reactivación de la ley S.B. 4‑C, la policía estarían respaldados por estas para arrestar a los inmigrantes indocumentados dentro del estado lo cual podría traer graves consecuencias en especial para la comunidad cubana puesto que estos nacionales buscan en este estado por tradición un refugio después de huir de la dictadura de La Habana.
Esto convertiría a Florida en el primer estado del país en criminalizar explícitamente la simple presencia de personas indocumentadas dentro de sus fronteras. Esto representa un cambio legal significativo, ya que históricamente el estatus migratorio ha sido considerado una cuestión civil, no penal, y está regulado exclusivamente a nivel federal.
La decisión sentaría un precedente nacional que podría alentar a otros estados a impulsar legislaciones similares, especialmente en territorios donde hay mayoría conservadora. Analistas advierten que esto podría abrir la puerta a un mosaico de leyes estatales que contradicen la política migratoria federal, generando confusión, conflictos de jurisdicción y caos legal.
