Demanda contra USCIS busca frenar investigaciones a ciudadanos naturalizados: qué implica para los cubanos en Florida

Una demanda presentada el miércoles 28 de octubre ante un tribunal federal de California cuestiona una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que, según los demandantes, somete a ciudadanos naturalizados a investigaciones discriminatorias sobre su derecho al voto.

La acción judicial llega a menos de una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Las organizaciones sostienen que las verificaciones pueden generar temor entre votantes habilitados y provocar que ciudadanos estadounidenses sean identificados erróneamente como extranjeros sin derecho a participar en los comicios. Estas acusaciones deberán ser evaluadas por el tribunal.

Qué busca detener la demanda

El proceso, identificado con el número 3:26-cv-12617, impugna la denominada Unlawful Voter Initiative, puesta en marcha en agosto de 2026. Según la denuncia, USCIS reasignó agentes para revisar información electoral de personas identificadas mediante bases de datos federales.

OCA-Asian Pacific American Advocates, sus capítulos de San Mateo y Sacramento y Common Cause impulsan la acción con representación de organizaciones de la ACLU y Asian Americans Advancing Justice.

Los demandantes solicitan frenar el programa y evitar que el Gobierno presione a funcionarios electorales estatales para retener o descartar votos válidos basándose en listas que consideran poco fiables. También piden que se declare que la iniciativa vulnera disposiciones federales sobre igualdad electoral, privacidad y procedimientos administrativos. La presentación de la demanda no supone que esas solicitudes hayan sido concedidas.

Datos desactualizados y revisiones de pocos minutos

Uno de los puntos centrales del litigio es la calidad de la información utilizada para seleccionar a las personas investigadas. Según el escrito, los agentes recibieron listados con datos personales, como fechas de nacimiento, números de Seguro Social y números de extranjero, conocidos como A-Numbers. Las organizaciones alegan que esos registros pueden conservar información migratoria antigua y no reflejar que una persona adquirió posteriormente la ciudadanía.

La denuncia también cuestiona instrucciones para consultar portales electorales estatales utilizando la información de los propios votantes. De acuerdo con el texto presentado, los agentes debían revisar cinco personas por hora, un ritmo equivalente a unos doce minutos por expediente.

Los demandantes sostienen que esa metodología aumenta el riesgo de confundir una coincidencia incompleta o un registro desactualizado con un posible delito electoral.

El programa está dirigido, según las organizaciones, contra estadounidenses naturalizados. Sin embargo, los errores denunciados impiden asumir que todas las personas incluidas en las bases de datos pertenecen necesariamente a ese grupo. La propia identificación de los investigados forma parte del problema que plantea la demanda.

Por qué el caso importa en Florida

Según los documentos descritos en la acción judicial, Florida figura entre los estados cuyos registros fueron priorizados, junto con Nueva Jersey, Michigan, Minnesota, Ohio, Arizona y Georgia.

El asunto tiene relevancia para los cubanos que adquirieron la ciudadanía estadounidense y participan en las elecciones. No obstante, la demanda no permite concluir que todos los cubanos naturalizados estén siendo investigados ni que exista una lista dirigida específicamente contra ellos.

La preocupación se concentra en que una persona habilitada para votar pueda aparecer como sospechosa por información migratoria antigua o por errores al cruzar bases de datos.

Tampoco deben confundirse ciudadanía y ascendencia: los votantes de origen cubano incluyen tanto a personas naturalizadas como a estadounidenses nacidos en el país. Por ello, una cifra general de electores de ascendencia cubana no equivale al número de posibles afectados por el programa.

Las consecuencias podrían extenderse a los viajes

Las organizaciones advierten que las investigaciones pueden desembocar en registros dentro de TECS, un sistema utilizado por las autoridades federales. En la demanda, miembros naturalizados de Common Cause expresan temor a que esos registros produzcan consecuencias adicionales, incluidas dificultades para viajar. Se trata de riesgos alegados en el proceso, cuya aplicación individual no puede darse por demostrada.

El reclamo plantea una cuestión de fondo: si el Gobierno puede someter a ciudadanos naturalizados a un escrutinio electoral diferente basándose en su historial migratorio.

Asian Americans Advancing Justice insiste en que la naturalización otorga ciudadanía estadounidense y que los errores administrativos no deben convertirse en una barrera para ejercer el voto. La organización llamó a los electores habilitados a participar y a no abandonar las urnas por miedo.