Recientemente trascendió que la cubanoamericana Mirtza Ocaña, de 39 años, residente en Tampa, quien fue arrestada en febrero del presente año al arribar a Estados Unidos a bordo de un vuelo procedente de La Habana con más de 102 mil dólares en efectivo, tendrá que cumplir una condena de cinco meses en prisión tras ser hallada culpable de contrabandear dinero y de conspirar para ello.
En correspondencia con las declaraciones ofrecidas al portal Café Fuerte por un funcionario de la Fiscalía del Distrito Central de Florida, esta mujer también enfrenta una sanción de tres años de probatoria que será ejecutada una vez que culmine su estancia en la cárcel y una multa de 10 mil dólares.
La jueza Kathryn K. Mizelle dictó la sentencia en cuestión tomando en consideración que la acusada no presentaba antecedentes penales y que había admitido su culpabilidad en relación a los hechos delictivos que se le imputaron. Sin embargo, es válido recalcar que pudo haber sido condenada a una pena de hasta cinco años de cárcel por cada cargo.
Se espera que Ocaña ingrese a un centro penitenciario el próximo lunes a los efectos de comenzar a dar cumplimiento a su sanción.
El abogado de la antillana solicitó al tribunal que la misma fuese sancionada a prisión domiciliaria por un plazo inferior a ocho meses y a un período de probatoria adicional. Si bien su representada tendrá que permanecer en prisión por varios meses, el letrado describió la sentencia como una «victoria».
Al respecto manifestó: «Las directrices indicaban un mínimo de ocho meses de arresto y conseguimos cinco meses. Obviamente, ella no deseaba tener que ir a prisión, pero teniendo en cuenta lo que podríamos haber recibido, esto es un triunfo y estamos contentos. Por fin se cierra este capítulo para ella».
A lo largo del proceso penal, Mercado insistió en que su cliente solo incurrió en «un error que puede cometer cualquier persona». Asimismo, negó el hecho de que su defendida tuviese alguna relación con el exministro de Economía de Cuba Alejandro Gil, quien fue destituido de su cargo y acusado de corrupción.
La fiscalía, por su parte, señaló que la acusada viajó 45 veces a su tierra natal desde mayo de 2023 y que al menos en 16 de estas realizó actividades de contrabando de dinero que le reportaron ganancias comprendidas en el rango de 1,000 y 2500 dólares por cada viaje como retribución de sus conspiradores.
En tal sentido, el fiscal asistente Michael J. Buchanan, expresó: «En cada ocasión, Ocana [SIC] no declaró el efectivo como exige la ley. En lugar de ello, ocultó el dinero y esa conducta continuó hasta que los agentes federales la registraron. Y Ocana no estaba contrabandeando pequeñas cantidades de efectivo por encima del umbral de los 10,000 dólares permitidos. Cuando la descubrieron, tenía más de 100,000 dólares dispuestos de manera sofisticada en su equipaje para ocultárselos a las autoridades».
La cubana terminó bajo arresto el pasado 5 de febrero cuando arribó al Aeropuerto Internacional de Tampa a bordo de un vuelo proveniente de la isla y fue sometida a una inspección de rutina por parte de agentes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).
Dichos oficiales detectaron durante el proceso de revisión que Ocaña llevaba 102,709 dólares en efectivo. Específicamente hallaron alrededor de 30,000 dólares escondidos en tres paquetes envueltos y 70,0000 dólares ocultos en sus prendas de vestir. Durante el interrogatorio la mujer reconoció que le pagaban entre 1,000 y 2,500 dólares por cada viaje que efectuaba desde Cuba a cambio de que ingresara significativas sumas de dinero sin declarar.
En el esclarecimiento del caso participaron activamente el equipo de Investigaciones de Seguridad Nacional y el fiscal federal adjunto Michael J. Buchanan. Este último hizo énfasis en la gravedad de los cargos imputados a la cubana, consistentes en contrabando y conspiración con una persona no identificada a fin de llevar dinero de manera ilegal a Estados Unidos.
Es conveniente precisar que al amparo de las normas estadounidenses los viajeros pueden entrar al país hasta con 10,000 dólares en efectivo sin tener que declararlo a las autoridades. Sin embargo, si pretenden ingresar con un monto superior a este sí deben hacerlo, pues el objetivo de esta previsión legal es impedir que se lleven a cabo operaciones de lavado de dinero u otros actos delictivos como el financiamiento de actividades terroristas.