Corte federal ordena embargar parte del salario del comisionado de Miami, Joe Carollo, como resultado de la demanda civil establecida en su contra

Este martes una corte federal emitió una orden a la ciudad de Miami para embargar parte del salario del comisionado Joe Carollo. Esta decisión es consecuencia de una demanda civil establecida en su contra por los empresarios de La Pequeña Habana, Bill Fuller y Martín Pinilla, quienes lo acusaron de abuso de autoridad. 

Según los demandantes, fueron acosados e intimidados por el funcionario, quien desplegó toda una campaña con el fin de que    


cerraran sus negocios, utilizando la aplicación de códigos, entre otros recursos. El origen de esta implacable persecución fue el apoyo brindado por ambos a su oponente político en las elecciones.

El pasado mes de junio un jurado federal determinó que Carollo debía pagar la suma de $63 millones a los empresarios como indemnización por los daños y perjuicios causados. Dicha suma se distribuía en el pago de $8.6 millones por daños compensatorios y $25.7 millones por daños punitivos a Bill Fuller y $7.3 millones por daños compensatorios y $21.9 por daños punitivos a Martín Pinilla.

En tal sentido, el abogado de los demandantes, Jeff Gutchess expresó: «Creemos que la ciudad de Miami y sus aseguradoras pagarán la porción de daños compensatorios y los honorarios de los abogados, creemos que están legalmente obligados a pagarlos, pero la política pública de Florida les prohíbe cubrir la porción de daños punitivos», agregando: «Estamos tratando de cobrar todo el dinero que podamos de Joe Carollo individualmente para compensar los daños punitivos que otorgó el jurado, que superaron los 47 millones de dólares».

Fuller, por su parte, señaló: «Nuestra determinación es más fuerte que nunca y vamos a cobrar cada dólar que podamos de Joe Carollo». 

El comisionado, cuyo salario anual es de $58000 llegando a los $100000 con los beneficios que recibe, afirmó que impugnará la orden del jurado, acción que sus abogados deberán realizar en el plazo de 20 días.


Igualmente destacó que la ley prohíbe la retención de ingresos en relación a aquellas personas que constituyen el sustento principal de su familia, alegando: «Cuando eres cabeza de familia, cuando ganas más dinero que tu cónyuge, tu salario no puede ser embargado y ese es mi caso. 

Asimismo, puntualizó: «Puedo mostrarles de la historia cuantas veces se celebró mi muerte y quienes la estaban celebrando ya no están con nosotros. Yo todavía estoy aquí. último hombre de pie».

En cuanto al juez comentó: «Iré a donde él quiere enviarme. A la calle».  


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