La administración de Donald Trump recibió un nuevo revés judicial después de que una corte federal de apelaciones determinara que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) violó la ley al entregar información tributaria confidencial a las autoridades migratorias.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia dejó vigente la decisión de una corte inferior que bloqueó nuevos intercambios de datos bajo el controvertido acuerdo establecido entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La corte concluyó que el IRS permitió transferencias basadas en solicitudes incompletas y sin verificar adecuadamente que la información estuviera relacionada con investigaciones criminales concretas, como exige la legislación federal. The Wall Street Journal informó que la decisión fue adoptada de manera unánime por un panel de tres jueces.
ICE solicitó información de 1.28 millones de personas
La controversia comenzó después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enviara al IRS una lista con aproximadamente 1.28 millones de personas que presuntamente tenían órdenes finales de deportación.
El objetivo era comparar esos nombres con los registros tributarios para obtener información actualizada, especialmente las últimas direcciones conocidas de los contribuyentes.
El IRS consiguió identificar aproximadamente 47,000 coincidencias y entregó parte de esos datos al DHS. Una investigación judicial posterior reveló que decenas de miles de solicitudes no reunían los requisitos establecidos por la ley.
En febrero, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly concluyó que el IRS había violado las normas de confidencialidad tributaria aproximadamente 42,695 veces al entregar direcciones sin comprobar que ICE hubiera proporcionado previamente información válida y suficiente para identificar a cada persona. Associated Press documentó entonces la magnitud de las revelaciones indebidas.
Las solicitudes estaban incompletas
La Sección 6103 del Código de Rentas Internas protege la información incluida en las declaraciones de impuestos. Aunque contempla excepciones, estas son limitadas y deben cumplir condiciones específicas.
Una agencia federal puede solicitar determinados datos para una investigación criminal no tributaria, pero debe identificar correctamente a la persona, explicar la relación de la información con el caso y obtener las autorizaciones correspondientes.
Según el tribunal, muchas solicitudes enviadas por ICE contenían direcciones incompletas, parciales, antiguas o simplemente marcadas como desconocidas. A pesar de esas deficiencias, el IRS buscó y entregó direcciones más recientes de miles de contribuyentes.
La jueza Cornelia Pillard advirtió que el IRS ya había sido informado en dos ocasiones sobre las deficiencias legales de las entregas realizadas durante 2025. También señaló que las revelaciones deliberadas de información protegida pueden provocar consecuencias civiles y penales para el Gobierno y sus funcionarios.
Un programa concebido para reforzar las deportaciones
El acuerdo fue firmado en abril de 2025 por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Inicialmente, funcionarios del IRS expresaron dudas sobre la legalidad del programa porque los procedimientos de deportación son generalmente asuntos civiles. La legislación tributaria no permite revelar datos confidenciales simplemente para facilitar una operación civil de control migratorio.
Posteriormente, ICE intentó vincular sus solicitudes con posibles investigaciones por incumplimiento de órdenes de salida, conducta que en determinadas circunstancias puede tener consecuencias penales.
Sin embargo, la corte concluyó que mencionar una posible investigación criminal no eliminaba la obligación de presentar solicitudes completas, individualizadas y ajustadas estrictamente a la ley.
El Gobierno no puede utilizar masivamente las declaraciones
El fallo representa un límite importante a los intentos del Gobierno de convertir la base de datos tributaria en una herramienta general para localizar inmigrantes.
La decisión no significa que el IRS tenga prohibido compartir cualquier información con las autoridades. Los datos todavía podrían entregarse mediante una orden judicial, una solicitud legal válida o alguna de las excepciones expresamente contempladas por el Código de Rentas Internas.
Lo que el tribunal rechazó fue el uso indiscriminado y masivo de información tributaria para ejecutar deportaciones civiles sin demostrar que cada solicitud correspondía verdaderamente a una investigación criminal autorizada.
Mientras continúe vigente la orden judicial, el IRS no podrá reactivar el intercambio bajo el mismo procedimiento considerado ilegal.
Qué significa para quienes presentan impuestos con ITIN
El fallo también resulta relevante para millones de inmigrantes que declaran sus ingresos utilizando un Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN.
Tener un ITIN no otorga estatus migratorio, autorización de empleo, residencia permanente ni protección frente a una deportación. Sin embargo, presentar una declaración con ese número tampoco convierte automáticamente al contribuyente en objetivo de ICE.
El ITIN es un instrumento creado para cumplir obligaciones tributarias cuando una persona no posee o no reúne los requisitos para obtener un número de Seguro Social.
La decisión reafirma que la información entregada al IRS continúa sometida a normas estrictas de confidencialidad. No obstante, tampoco establece una protección absoluta: los datos pueden divulgarse cuando exista una excepción legal correctamente aplicada.
Por eso, el fallo no debe interpretarse como una garantía de que ninguna agencia podrá acceder jamás a los registros. Su efecto inmediato es impedir que esos datos sean utilizados de forma masiva, deficiente o desvinculada de una investigación criminal legítima.
Qué puede suceder ahora
La administración Trump todavía podría solicitar que el caso sea revisado por todos los jueces del Circuito del Distrito de Columbia o intentar llevar la disputa ante la Corte Suprema.
También podría diseñar un nuevo mecanismo de intercambio con requisitos más estrictos. Cualquier procedimiento futuro tendría que identificar individualmente a las personas, demostrar una conexión real con investigaciones criminales y respetar las protecciones de confidencialidad tributaria.
Por el momento, permanece bloqueado el esquema que permitió entregar decenas de miles de direcciones a ICE.
