El Congreso de Estados Unidos, alertó que el cierre de la embajada en Cuba compromete la lucha por los derechos humanos y la capacidad del gobierno de propiciar un cambio en la isla.

La reducción de personal también dificulta a los diplomáticos “cubrir desarrollos económicos y políticos significativos en Cuba”, mantener una relación con activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil cubana, así como monitorear cómo el gobierno cubano trata a los emigrantes que regresara, según un memorando dado a conocer esta semana por el Servicio de Investigaciones del Congreso.

“funcionarios de la embajada calculan que demoraría entre dos y tres años reanudar las operaciones en La Habana”, indicó el memorando. “Como resultado, ningún cubano ha sido admitido en Estados Unidos en calidad de refugiado desde septiembre del 2017”.

No tener suficientes oficiales del servicio exterior que se ocupen de la situación de los derechos humanos en Cuba también “reduce potencialmente la capacidad del Departamento de Estado de comprender la situación en el terreno y reportar sobre desarrollos”. Antes de la reducción de personal había dos diplomáticos centrados en los derechos humanos.