El histórico líder del exilio cubano Ramón Saúl Sánchez cuestionó a la administración de Donald Trump después de que Washington autorizara el suministro de combustible a las operaciones de Sherritt International en Moa, Holguín. Para el presidente del Movimiento Democracia, la decisión alimenta el temor de que los intereses empresariales terminen desplazando las aspiraciones de libertad de los cubanos.
En una publicación en Facebook, Sánchez expresó su frustración por una medida que interpreta como una concesión económica sin garantías de cambios políticos en la isla. «Otro engaño a los incautos y otro juego con nuestro dolor», escribió el activista, según el texto difundido sobre sus declaraciones.
Su denuncia coloca nuevamente sobre la mesa una preocupación dentro del exilio: que un eventual entendimiento entre Washington y La Habana abra oportunidades de inversión mientras el régimen conserva el control del país.
Una autorización que reaviva la controversia
Sherritt confirmó que recibió una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, para comprar y entregar combustible, fuelóleo y azufre a Moa Nickel. Según la compañía, el permiso también contempla transporte, pagos, seguros y servicios relacionados. Sin embargo, reiniciar la actividad minera y de procesamiento requiere una segunda licencia de emergencia.
Esa distinción resulta esencial para entender el anuncio: la autorización permite preparar el abastecimiento, pero la empresa todavía tiene condiciones pendientes para recuperar sus operaciones.
Sánchez interpreta este movimiento desde una perspectiva política. En su mensaje, relacionó los acercamientos económicos con el interés por explotar los recursos minerales cubanos y sostuvo que las expectativas de una transformación en la isla podrían estar siendo utilizadas para facilitar negocios.
«Todo el teatro de acercarse a la dictadura de Cuba «para tomarla como a Venezuela» era para echarle las garras a la «tecnología», o sea a las minas para negocio como hicieron con el petróleo en Venezuela», añadió en el texto.
Se trata de una acusación del dirigente opositor. La información empresarial consultada confirma gestiones comerciales y regulatorias, pero no demuestra que Washington haya pactado preservar al régimen a cambio de acceso a las minas.
El vínculo empresarial que señala el activista
Una pieza central de las críticas es Gillon Capital, firma vinculada a la familia del empresario texano Ray Washburne. Durante el primer mandato de Trump, Washburne presidió la Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior, conocida por sus siglas en inglés OPIC, entre 2017 y 2019.
El acuerdo preliminar anunciado en mayo permitiría a Gillon adquirir una participación de hasta el 55% en Sherritt. La propuesta no equivale a una compra consumada: está sujeta a documentación definitiva y autorizaciones regulatorias.
Sherritt reconoció que preparó sus solicitudes ante la OFAC en estrecha coordinación con Gillon, en el contexto de una posible adquisición del control de la minera.
Para Sánchez, esa conexión refuerza sus sospechas sobre el peso de los intereses económicos en las decisiones de Washington. El vínculo empresarial y el pasado de Washburne en la administración Trump, por sí solos, no acreditan un trato irregular.
Las reclamaciones por propiedades confiscadas también entran en escena
El anuncio incorpora otro elemento sensible para el exilio. Sherritt informó de un acuerdo provisional con Moa Bay Mining, titular de una reclamación certificada relacionada con Moa Nickel. A cambio de pagos, esa entidad consintió los envíos temporales y se comprometió a no presentar reclamaciones bajo la ley Helms-Burton contra los participantes cubiertos por esos suministros.
Este arreglo añade una dimensión patrimonial a la controversia. Junto al debate sobre sanciones y relaciones con el régimen, aparecen los derechos de quienes reclaman bienes confiscados en Cuba y las condiciones para autorizar nuevas actividades comerciales.
Una advertencia que Sánchez ya había formulado
La reacción del presidente del Movimiento Democracia tiene antecedentes. En marzo, Sánchez había rechazado la posibilidad de presentar inversiones en níquel y cobalto como una vía suficiente para liberar a Cuba.
Su argumento mantiene el mismo eje: la llegada de capital extranjero no garantiza derechos políticos, elecciones libres ni el fin de la represión. Desde esa posición, considera que un acuerdo económico que permita la continuidad de la dictadura puede darle recursos y margen de supervivencia sin responder a las demandas de los ciudadanos.
El cuestionamiento apunta, por tanto, a las condiciones políticas de cualquier acercamiento: qué compromisos asumiría La Habana y qué beneficios concretos recibiría la población.
Los próximos pasos siguen pendientes
Sherritt prevé despachar el primer suministro durante el último trimestre de 2026 y reconoce incertidumbres financieras sobre su continuidad. Tanto la reactivación como la posible operación con Gillon permanecen condicionadas a nuevos pasos.
Mientras esas decisiones avanzan, Sánchez ha convertido la licencia en un motivo de presión pública sobre Washington. Su exigencia es que cualquier negociación vinculada a Cuba sea evaluada también por sus consecuencias para la libertad de los cubanos, una demanda que los anuncios empresariales conocidos hasta ahora no resuelven.
