Carlos Giménez y 15 congresistas respaldan la Ley DIGNIDAD de María Elvira Salazar. Así podría beneficiar a ciertos cubanos con I-220A

Congresista republicana María Elvira Salazar. Imagen creada con IA. Foto: Chat GPT

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar anunció el 16 de noviembre que 16 legisladores se sumaron como copatrocinadores del proyecto de Ley DIGNIDAD (H.R. 4393). El republicano Carlos Giménez, también del sur de Florida, se incorporó formalmente el 9 de noviembre. Los otros 15 nuevos apoyos proceden del Partido Demócrata. Con esas adhesiones, la iniciativa reúne a 56 legisladores, incluida Salazar.

Un día después del anuncio, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito resolvió que la liberación bajo palabra que recibió una familia cubana mediante formularios I-220A era insuficiente para cumplir el requisito de parole de la Ley de Ajuste Cubano. La decisión, vinculante en Florida, Georgia y Alabama, pone el foco en la disposición del proyecto que modificaría el tratamiento de determinadas órdenes de liberación.


La fecha que determinaría qué liberaciones quedarían cubiertas

La sección 1503(e) del proyecto establece que, al aplicar la Ley de Ajuste Cubano, se consideraría que recibió parole quien hubiera sido liberado en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante una orden de libertad bajo palabra el 31 de enero de 2023 o antes. La fecha que toma en cuenta el texto es la de la liberación, y la autoridad que identifica expresamente es ICE.

Si el Congreso aprobara esa disposición en sus términos actuales, las personas cubiertas podrían acreditar el requisito de parole al solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. La aprobación de cada solicitud seguiría sujeta a los demás requisitos, entre ellos al menos un año de presencia física en Estados Unidos y la admisibilidad para la residencia permanente.

Qué resolvió el Undécimo Circuito sobre el I-220A

El fallo del 17 de noviembre examinó el caso de la familia Aguiar-Fernández, cuyos integrantes recibieron órdenes I-220A que citaban la sección 1226 del título 8 del Código de Estados Unidos como fundamento de su liberación. El tribunal concluyó que, al no haber sido inspeccionados y admitidos en el país, necesitaban acreditar el parole previsto en la sección 1182(d)(5)(A) para ser elegibles bajo la Ley de Ajuste Cubano. La liberación documentada en sus formularios I-220A resultó insuficiente.

La cláusula de la Ley DIGNIDAD atendería ese obstáculo por vía legislativa para las liberaciones que cumplan las condiciones del proyecto. Mientras la iniciativa siga pendiente, esa disposición carece de efecto jurídico.

El Programa Dignidad tendría otros requisitos

El proyecto también propone un programa de siete años para determinados inmigrantes que puedan demostrar presencia física continua en Estados Unidos desde el 31 de diciembre de 2020. Para ingresar, tendrían que aportar datos biométricos, pasar controles de antecedentes y efectuar un pago inicial de al menos 1.000 dólares.


Quienes fueran admitidos podrían recibir protección temporal frente a la deportación y autorización para trabajar y viajar, conforme a las condiciones del programa.

El texto prevé pagos de restitución hasta completar 7.000 dólares, con excepciones, y un gravamen del 1 % sobre los ingresos laborales sujetos a esa disposición. Quienes completen el programa podrían acceder a un estatus temporal renovable. La posibilidad de que ciertos cubanos con I-220A soliciten la residencia figura en la sección 1503(e) y se tramitaría bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Qué falta para que la propuesta se convierta en ley

Salazar presentó el H.R. 4393 en julio de 2025 junto a la demócrata Verónica Escobar. El proyecto fue remitido a siete comités de la Cámara. En septiembre de 2026, Escobar presentó una resolución para llevarlo a consideración del pleno, que fue remitida al Comité de Reglas.

La oficina de Salazar informó que el respaldo al proyecto creció de 35 legisladores a comienzos de 2026 a 56 en noviembre y que la iniciativa cuenta con el aval del grupo bipartidista Problem Solvers Caucus.

El H.R. 4393 sigue pendiente en la Cámara de Representantes. Para convertirse en ley por la vía ordinaria, ambas cámaras tendrían que aprobar el mismo texto y el presidente tendría que firmarlo. Hasta entonces, la cláusula sobre las liberaciones bajo palabra sigue siendo una propuesta.

Preguntas frecuentes sobre la Ley DIGNIDAD y el I-220A

¿Cuántos legisladores respaldan la Ley DIGNIDAD y cuándo se sumó Carlos Giménez?

El proyecto cuenta con el respaldo de 56 legisladores, incluida su autora, María Elvira Salazar. De los 16 nuevos copatrocinadores anunciados el 16 de noviembre, 15 son demócratas y uno es republicano, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez, quien se incorporó el 9 de noviembre.

¿Qué cubanos con I-220A podrían beneficiarse si se aprueba el proyecto?

La sección 1503(e) permitiría considerar como parole, a efectos de la Ley de Ajuste Cubano, la liberación de quienes salieron de detención mediante una orden de libertad bajo palabra de ICE el 31 de enero de 2023 o antes. Para obtener la residencia, los solicitantes tendrían que cumplir los demás requisitos de la Ley de Ajuste Cubano, incluido al menos un año de presencia física en Estados Unidos.

¿Qué decidió el Undécimo Circuito sobre el I-220A?

El 17 de noviembre, el tribunal determinó que la liberación bajo palabra conforme a la sección 1226, documentada en los formularios I-220A de la familia Aguiar-Fernández, era insuficiente para cumplir el requisito de parole de la Ley de Ajuste Cubano. El fallo establece un precedente vinculante en Florida, Georgia y Alabama.

¿Qué ofrecería el Programa Dignidad y quién podría solicitarlo?

Ofrecería siete años de protección temporal frente a la deportación, además de autorización para trabajar y viajar bajo las condiciones del programa. Entre los requisitos figuran demostrar presencia física continua en Estados Unidos desde el 31 de diciembre de 2020, superar controles de antecedentes y realizar un pago inicial de al menos 1.000 dólares. Quienes completen el programa podrían acceder a un estatus temporal renovable.

¿Ya se puede solicitar la residencia con un I-220A al amparo de esta propuesta?

La disposición sigue pendiente y carece de efectos jurídicos. Los 56 respaldos representan apoyo al proyecto en la Cámara de Representantes. Para que la iniciativa entre en vigor por la vía ordinaria, la Cámara y el Senado tendrían que aprobar el mismo texto y el presidente tendría que firmarlo.


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