“Ha sido un balde de agua fría”: cubano con I‑220A reacciona al fallo sobre la Ley de Ajuste Cubano

Fallo sobre los I-220A. Imagen creada con IA. Foto: Chat GPT

“Ha sido un balde de agua fría”. Así describió un migrante de Cuba con formulario I‑220A su reacción al fallo federal del 17 de noviembre de 2026. En su testimonio, cuestionó por qué el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) entregó órdenes de liberación bajo palabra a personas que, según relata, acababan de cruzar la frontera.

“¿Cómo es que yo estoy legalmente libre en los Estados Unidos?”, preguntó. Su preocupación va más allá de la residencia permanente. Quiere entender qué autoridad usó el Gobierno para dejarlo en libertad y qué consecuencias tiene esa decisión para su proceso migratorio.


Qué decidió el Undécimo Circuito sobre el I‑220A

El caso comenzó en junio de 2021, cuando Yoan Aguiar Fernández, su esposa y su hija cruzaron la frontera cerca de San Luis, Arizona, y se entregaron a la Patrulla Fronteriza. Tras una breve detención, los tres recibieron formularios I‑220A que citaban la sección 1226 de la ley federal como fundamento de su liberación. Un juez de inmigración determinó que la familia no reunía los requisitos para el Ajuste Cubano, y la Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó esa decisión.

La familia sostuvo que su salida de custodia debía contar como parole humanitario. Argumentó que el DHS solo podía haberla liberado mediante ese permiso si su detención se regía por la sección 1225. El tribunal rechazó esa interpretación. Según los jueces, la existencia del parole se determina a partir de lo que la agencia hizo y de la evidencia que consta en el expediente. En este caso, los formularios documentaban una liberación bajo la sección 1226 y el DHS había denegado expresamente una solicitud de parole humanitario.

La decisión convierte en precedente del Undécimo Circuito una distinción que la Junta de Apelaciones de Inmigración ya había hecho en 2023. El circuito federal abarca Florida, Georgia y Alabama.

Qué tienen que ver las 100 millas y los 14 días

En su testimonio, el migrante plantea que el I‑220A solo podía entregarse a personas detenidas a más de 100 millas de la frontera y después de 14 días en Estados Unidos. Esas dos cifras provienen de disposiciones sobre expulsión expedita. En 2004, el DHS amplió ese procedimiento a determinadas personas interceptadas dentro de 100 millas aéreas de la frontera y dentro de los 14 días posteriores a su entrada. Esos criterios, por sí solos, no permiten determinar si correspondía emitir un I‑220A en un caso concreto.

Aquí está la diferencia que explica la inquietud del migrante. En el caso de la familia Aguiar Fernández, el I‑220A dejó constancia de la autoridad que el DHS invocó para ponerla en libertad. El tribunal determinó qué tipo de liberación recibió la familia para resolver su solicitud de ajuste. Su razonamiento no establece que la sección 1226 fuera la autoridad correcta en todas las liberaciones de personas detenidas poco después de cruzar la frontera.


Qué significa el fallo para quienes esperan la residencia

La Ley de Ajuste Cubano exige, entre otros requisitos, al menos un año de presencia física en Estados Unidos y que la persona haya sido inspeccionada y admitida o haya recibido el parole previsto en la sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Para quienes cuentan únicamente con un I‑220A, el paso del tiempo puede satisfacer el requisito de presencia física, pero el formulario sigue siendo insuficiente para acreditar el requisito de admisión o parole.

En el testimonio, el migrante vinculó esa incertidumbre con las razones que llevaron a muchos cubanos a salir de la isla. Dijo que huyeron de una dictadura y que llegaron a Estados Unidos con la intención de trabajar y vivir con dignidad y libertad. Ahora espera que los tribunales aclaren qué fundamento tuvieron esas liberaciones y cómo se resolverán los casos de quienes llevan años con el documento. Por lo pronto, resumió así el efecto de la decisión sobre su situación: “Este fallo me deja más preguntas que respuestas”.

Preguntas frecuentes sobre el fallo de la I-220A y la Ley de Ajuste Cubano

¿Qué decidió el Undécimo Circuito sobre el I‑220A?

El tribunal concluyó que la liberación bajo palabra documentada con un I‑220A no equivale al parole exigido por la Ley de Ajuste Cubano cuando la persona no fue admitida en Estados Unidos. Con ese criterio, rechazó el recurso de la familia de Yoan Aguiar Fernández.

¿Qué diferencia hay entre el I‑220A y el parole?

El I‑220A documenta la salida de custodia migratoria bajo ciertas condiciones. El parole previsto en la sección 212(d)(5)(A) es un permiso temporal que el DHS puede conceder y que sí puede satisfacer uno de los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano.

¿Por qué el fallo dejó dudas sobre la liberación en la frontera?

El migrante del artículo se pregunta qué autoridad usó el DHS para liberar con un I‑220A a personas detenidas poco después de cruzar la frontera. En el caso de la familia Aguiar Fernández, el tribunal determinó qué tipo de liberación constaba en el expediente. La sentencia no resolvió si el DHS invocó la autoridad correcta en cada uno de los demás casos.

¿Qué significan las 100 millas y los 14 días mencionados en el testimonio?

Son criterios que el DHS utilizó en 2004 para ampliar la expulsión expedita a determinadas personas interceptadas dentro de 100 millas aéreas de la frontera y dentro de los 14 días posteriores a su entrada. Por sí solas, esas cifras no determinan si correspondía emitir un I‑220A.

¿Basta con tener un I‑220A y llevar un año en Estados Unidos para obtener la residencia?

La Ley de Ajuste Cubano exige cumplir ambos requisitos por separado. Un año en Estados Unidos puede satisfacer el requisito de presencia física, pero el I‑220A por sí solo es insuficiente para acreditar una admisión o el parole que exige la ley.


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