Meliá pidió al juzgado de primera instancia 24 de Palma, que desestime la demanda de diez millones de euros interpuesta contra la hotelera por una familia cubanoamericana, informa el Diario de Mallorca.


La cadena turística española levantó dos hoteles en Cuba, donde fue confiscada la hacienda de la familia Sánchez Hill, cuando Fidel Castro se hizo del poder en 1959, de ahí el reclamo de los cubanoamericanos en los juzgados de Palma.

Sin embargo, Meliá ha calificado el litigio de la familia del exilio cubano como un «sinsentido» o «un grotesco fraude».

La hacienda Santa Lucía de 485.6 kilómetros cuadrados en Holguín, fue expropiada a la familia de Lucas Sánchez Hill, en 1960, hoy sus descendientes reclaman la explotación de Meliá sobre los terrenos del ingenio azucarero.

La cadena hotelera erigió los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, dos complejos de cinco estrellas, sobre la franja costera, y nunca compensó económicamente a los verdaderos dueños de esa locación en la Isla.


La compañía española pidió al juzgado archivar la reclamación, sin entrar en el fondo del asunto, según El Confidencial, el pleito se ha iniciado y presentado en Palma, ya que es la sede de la compañía hotelera.

Meliá ha dicho en reiteradas ocasiones que su papel es de mero gestor, y que no cuenta con bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de reclamación, y ha declarado ha tenido un escrupuloso respeto a la normativa internacional.

Mientras los litigantes replican que en este caso el Gobierno de la Isla no actúa como un estado, sino como una persona jurídica a través de la Gaviota S.A., la empresa de los militares cubanos que es propietaria de los establecimientos.

Los Sánchez Hill niegan que tengan intención de iniciar un pleito en Estados Unidos e insisten en que su demanda está basada en la ley española, que prohíbe el enriquecimiento, a través de bienes ilícitos.

Meliá por su parte, expresó su sospecha de que la familia cubana esté utilizando la demanda interpuesta en Palma como antesala de una futura reclamación contra ellos, relacionada con la Ley Helms-Burton.